Representantes de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos visitaron ayer la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, para recoger testimonios sobre el enfrentamiento registrado en la Autopista del Sol, el pasado lunes.
La visita obedece, de acuerdo con los representantes del organismo internacional, Omar Gómez y Jorge Nava, a la información dada a conocer sobre la muerte de dos estudiantes normalistas en un enfrentamiento con elementos policiales del estado y federales.
Los representantes del Alto Comisionado mencionaron que permanecerán en Ayotzinapa el tiempo necesario para recabar la información por posibles hechos de violaciones a los derechos humanos de los estudiantes, pero especialmente sobre lo ocurrido el 12 de diciembre.
Nava dijo que habrá un seguimiento como ha ocurrido en todos los asuntos sobre los cuales han tenido conocimiento y en el momento oportuno se entregará lo que se haya encontrado.
Afirmó que a través del área de Comunicación Social se emitirá la información de los resultados de la información que se recoja en Guerrero, especialmente en el caso de los estudiantes normalistas.
Insta CNDH a aplicar medidas cautelares en caso Guerrero
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió medidas cautelares por los actos atribuidos a funcionarios de Guerrero que transgredieron derechos a la vida, la integridad física y la seguridad de al menos seis víctimas, de las cuales dos perecieron.
El organismo refirió que la solicitud se realizó sin prejuzgar los hechos y con fundamento en los Artículos 116 y 117 de su Reglamento Interno, así como ante la gravedad de los sucesos del lunes 12 de diciembre.
Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera murieron durante la represión a alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa que bloqueaban la Caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol.
Las medidas cautelares fueron dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSPF), al gobierno del estado de Guerrero y a la presidencia municipal de Chilpancingo, señalados como presuntos responsables.
Esas medidas cautelares pretenden que se garantice el acceso a la justicia mediante una adecuada investigación, expuso la Comisión a través de un comunicado.
Contemplan atención victimológica con médicos, sicólogos y abogados, así como el resguardo y la preservación de pruebas, evidencias e indicios relacionados con el caso, necesarios para contribuir a su aclaración y deslindar responsabilidades.
También se solicitó a las autoridades correspondientes el acceso a las averiguaciones previas y a las constancias que las integran, como videos o grabaciones.
La CNDH consideró indispensable que se adopten las acciones que conforme a derecho procedan, para que de forma inmediata las instancias de gobierno utilicen todos los recursos y materiales requeridos para la conservación de evidencias y para un acceso efectivo a la justicia.
Por último, rechazó los actos de violencia y aseveró que mantendrá su acompañamiento a las víctimas de esos acontecimientos, por lo que sigue al tanto de la actuación de los servidores públicos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley.
Por otro lado, en un pronunciamiento público la organización Amnistía Internacional (AI) reiteró la exigencia de que se investigue la muerte de los manifestantes Echeverría y Herrera Pino.
El organismo internacional detalló que más allá de solventar debidamente la investigación sobre la muerte de los manifestantes es indispensable responder interrogantes como ¿quién estaba a cargo del operativo? y ¿cuáles los lineamientos para policías estatales y federales sobre el uso de la fuerza y en particular de las armas?
AI señala que es esencial que dichas violaciones a los derechos humanos no queden impunes y se realice una investigación seria e independiente, pues además de los muertos hay varios lesionados.
Con información de Ntx.
