La Procuraduría General de la República (PGR) informó hoy mediante un comunicado que sí dará a conocer el número de muertos en la guerra contra el narcotráfico durante el año 2011 y rechazó que la información se encuentre clasificada como la misma dependencia lo había decretado desde el pasado 6 de diciembre al atender a una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI).
En este boletín distribuido entre los medios de comunicación la mañana de este 5 de enero, la PGR dijo que la información será pública a partir de que los gobiernos estatales validen los datos oficiales una vez que se cuenten con las respectivas averiguaciones previas de cada caso.
“El compromiso del Gobierno Federal de mantener informada a la opinión pública sobre el trabajo corresponsable en esta lucha por nuestra seguridad se mantiene firme. Los datos estadísticos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial, correspondientes a 2011, se encuentran desclasificados y se harán del conocimiento de la ciudadanía conforme las autoridades estatales los validen y los hagan del conocimiento de esta Representación Social”, se argumentó en el boletín.
Sin embargo, la misma PGR no estableció un plazo –día y mes- para revelar esta cifra de muertos en la guerra contra el narcotráfico una vez que los gobiernos estatales –no precisó cuáles- verifiquen las cifras que se encuentran en su poder.
En un oficio obtenido por Animal Político –SJAI/DGAJ/11230/20011- firmado por el director general de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel González, se explicó a un ciudadano quien hizo una solicitud de acceso a la información que la base de datos sobre muertos no podía entregarse toda vez que estaba clasificada por razones de seguridad nacional.
De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Datos Personales un archivo oficial –sin importar su temática- no puede desclasificarse mediante un boletín de prensa. De hecho, la única instancia para levantar los candados es el propio IFAI. Ninguna otra autoridad lo puede hacer.
En su postura oficial, ante la información que ha difundido Animal Político en el sentido de que el Gobierno de Felipe Calderón ya no informaría más sobre el número de muertos en la guerra contra el narcotráfico en el año 2011, la PGR aseguró que sí ha dado información preliminar.
“En enero de 2011, se hizo pública una versión del registro y, con ello, se contribuyó a un análisis más completo por parte de estudiosos y líderes de opinión. Este registro, desde su origen, fue diseñado como un acervo con fines estadísticos, sabiendo que ello no proveería información ministerial o judicial de los casos pues ésta era, en la mayor proporción, información de las procuradurías estatales y recolectarla superaba los fines de estricta contabilización que motivaron este primer esfuerzo”, indicó el comunicado.
No obstante, en los sitios oficiales tanto de la propia PGR como del Sistema Nacional de Seguridad Pública la información no se encuentra desglosada mes por mes y, sobre todo, el último corte corresponde a diciembre del año 2010.
La PGR, en su comunicado, dijo que está esperando la información de los estados para que se pueda respaldar la información sobre el número de bajas con las respectivas averiguaciones previas.
“Con el objetivo de que los casos registrados en esta herramienta tengan asociadas su respectiva averiguación previa, la cual permitiría identificar plenamente a la víctima y otorgar a sus deudos acceso a la justicia, la Procuraduría General de la República, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, conformó la base de datos de Homicidios Dolosos por Presunta Rivalidad Delincuencial. Dicha base de datos se alimenta conforme las procuradurías y fiscalías generales de las entidades federativas del país hacen del conocimiento de la Procuraduría General de la República los casos que recaen en su competencia”, aseguró.
Difieren PGR y Presidencia en razones para ocultar cifra de muertos
En la decisión de no informar más sobre cuántos muertos se han registrado en la guerra contra el narcotráfico, el Gobierno de Felipe Calderón se ha metido en un embudo legal. La Procuraduría General de la República (PGR) y la propia Presidencia incurrieron en contradicciones al argumentar por qué razones ya no es posible tener acceso a esas bases de datos como venía sucediendo desde hace alrededor de un año y medio, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos por Animal Político.
Ayer 4 de enero del 2012, este portal reveló que el Gobierno Federal decidió ya no informar cuántos muertos se contabilizaron oficialmente en el año 2011. Esta cifra fue catalogada como reservada y, al mismo tiempo, confidencial según se desprende de fallos elaborados apenas en noviembre pasado por los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI).
En respuestas a dos solicitudes de acceso a la información tramitadas por ciudadanos –de los cuales se omitieron los nombres por protección de datos personales-, la PGR y la Presidencia pusieron bajo llave esta información con criterios diferentes, aun cuando se trata del mismo tema.
Por una parte, la PGR clasificó como confidencial por razones de seguridad nacional la base de datos correspondiente al año 2011. Con esta postura oficial no hubo necesidad de establecer plazo alguno para abrir ese archivo. Al ser un asunto “confidencial” el tema quedaría sepultado, a menos que un nuevo gobierno decidiera lo contrario.
En el oficio SJAI/DGAJ/11230/2011 firmado por Juan Manuel Álvarez González, director de asuntos jurídicos, quedó claro que ningún servidor público, sin importar su nivel jerárquico, podría entregar esa información a riesgo de ser sancionado incluso con una acusación penal.
De hecho, la PGR citó la Ley de Seguridad Nacional. En el artículo 53 se ha establecido que cualquier funcionario involucrado con acceso a la información del gabinete de seguridad tiene firmada una promesa de confidencialidad, la cual deberán cumplir aun cuando ya no estén en ese tipo de cargos.
“Los servidores públicos de la PGR, a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a las Drogas tienen la obligación de entregar por escrito una promesa de confidencialidad que deben respetar en todo momento, aún más, cualquier persona que por algún motivo participe o tenga conocimiento de productos, fuentes, métodos, medidas y operaciones de inteligencia, registros o información deben abstenerse de difundirlo por cualquier medio”, indica la ley.
La PGR decidió clasificar por seguridad nacional estos datos aun cuando desde agosto del 2010 se hicieron públicos por vez primera durante los “Diálogos por la Seguridad”. De cualquier forma, según la PGR, este ejercicio de rendición de cuentas ya no era posible.
No obstante, existen pruebas de que esta información clasificada por seguridad nacional sí ha sido manejada, oficial y públicamente, desde la misma Presidencia.
En la resolución 4481/11 –elaborada por la excomisionada María Marván Laborde-, y en la respuesta a la solicitud de acceso a la información 021000006391, la Presidencia puso en manos de un ciudadano datos sobre el número de muertos hasta marzo del 2011 en nueve estados y un municipio: Zapopan, en Jalisco.
La Presidencia argumentó que el resto de los datos correspondientes a ese año aún estaban en proceso de verificación, por lo que no fue posible entregarlos. Esta respuesta fue respalda por decisión unánime entre los comisionados del IFAI. De esta forma, la cifra oficial de muertos en la guerra contra el narcotráfico quedaba bajo reserva aunque sin un plazo fijo –día, año y mes- para que pudiera conocerse.
En las tablas entregadas por Presidencia apareció información sobre muertos en la guerra contra el narcotráfico en los estados de Guerrero, Morelos, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz hasta mayo del 2011.
En la parte final de esos cuadros o bases de datos se incluyeron leyendas en el sentido de que se trata de “datos preliminares” que pueden sufrir modificaciones una vez que finalizara el proceso de verificación.
En contraste, la PGR determinó que toda esa información es clasificada por seguridad nacional por lo que cualquier funcionario que la diera a conocer quedaría expuesto a sanciones. No hubo matices sobre si se trataba de datos preliminares o verificados. Las cifras no podrían abrirse.
Pero además del número de muertos en esos nueve estados, la Presidencia también envió al solicitante una tabla respecto al municipio de Zapopan, Jalisco, con 11 muertos.
Además de las cifras abiertas parcialmente por la Presidencia, el propio Alejandro Poiré, exvocero de la guerra contra el narcotráfico y ahora secretario de Gobernación, utilizó parte esa información en un ensayo publicado en la revista Nexos titulado “La Caída de los Capos no Multiplica la Violencia, el caso Nacho Coronel”.
En ese ensayo, publicado el 1 de mayo del 2011, se incluyeron cuatro estadísticas que sirvieron para apuntalar su tesis en el sentido de que no necesariamente la captura o muerte de un capo a manos del Ejército implicaría un aumento importante en los niveles de violencia. Siete meses después de este ensayo, la PGR determinó que toda esa información, incluida la municipal, no debería abrirse por seguridad nacional.
Otro ejemplo sucedió recientemente cuando en enero de este 2011, en la misma revista, Joaquín Villalobos un exmiembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y consultor para la resolución de conflictos internacionales, publicó un ensayo en el cual pretendió demostrar cómo la intervención de las Fuerzas Armadas en la captura de los capos provocó menos violencia y muertos.
Como ejemplo, usa los datos preliminares sobre el estado de Guerrero liberados por la propia Presidencia para justificar los resultados del operativo “Guerrero Seguro” realizado entre el 3 y el 9 de octubre del 2011.
En contraste, según la PGR, está información está clasificada por razones de seguridad nacional al menos desde noviembre del 2010.
