A seis meses de distancia de que se realicen los comicios presidenciales en México, existe el temor al interior del gobierno y entre especialistas de que la “mano negra” de la delincuencia organizada manipule la elección e imponga a candidatos títere o funcionarios a cargo del narco, publica hoy The Washington Post.
El rotativo estadounidense revela que fiscales mexicanos perciben que se ha hecho poco para mantener a los narcotraficantes y su dinero fuera de la elección que se celebrará el próximo 1 de julio, situación que podría traer nuevos líderes que minen la estrategia de seguridad contra el narcotráfico.
Juan Luis Vargas , titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en México (Fepade), señala que en 2012 el voto está en mayor riesgo por la influencia perniciosa del narcotráfico que en la última elección presidencial en 2006, porque “ellos (los narcotraficantes) quieren ciertas garantías de las autoridades: que sus monopolios serán protegidos y que a sus competidores no se les permitirá operar en un territorio determinado”.
En otro frente, los analistas políticos advierten que el crimen organizado podría dañar la contienda presidencial, incluso sin tener que interferir directamente en las campañas y que sus intentos de impulsar a los candidatos locales o suprimir votos a favor de quienes no son afines, podrían contaminar el proceso en todos los niveles.
Mientras crece la preocupación entre los expertos y los fiscales, en el Congreso mexicano se mantiene estancado un paquete de leyes que apuntan al castigo de los delitos relacionados con las elecciones, situación que deja muy poco tiempo para salvaguardar el proceso electoral en el que se elegirá al nuevo presidente, cinco gobernadores y a legisladores federales y estatales.
The Washington Post recuerda que México no ha actualizado sus leyes de delitos electorales desde 1996, a pesar de la presión se intensificó en su sistema político debido a la presencia y crecimiento de los cárteles de la droga.
De acuerdo con el diario, los observadores políticos dicen que el PRI es el mayor culpable de que se haya pospuesto la aprobación de un paquete de propuestas que endurecer las penas para los delitos relacionados con las elecciones, que amplía las facultades de investigación y el mandato de una mayor transparencia y supervisión para el financiamiento de las campaña, entre otros cambios.
Pese a que, de acuerdo con los observadores políticos, el PRI es quien ha pospuesto la aprobación de las leyes de delitos electorales, el periódico asegura que “muchos mexicanos parecen nostálgicos de la relativa tranquilidad de la vida bajo el PRI, cuya red de clientelismo y la corrupción mantuvo alguna vez bajo control a la delincuencia organizada”.
Algunos expertos ven las elecciones locales y no a las federales como especialmente vulnerables a la interferencia de los cárteles. El especialistas en seguridad Alejandro Hope dijo a The Washington Post que los “narcos mexicanos no tienen la capacidad de influir en las elecciones a escala nacional”.
