Ayer se dio a conocer que las autoridades federales reportarían las entradas y salidas del país de tres ex gobernadores de Tamaulipas: Manuel Cavazos, precandidato del PRI al Senado, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, sospechosos de tener nexos con el crimen organizado.
Más tarde se aclaró que no había prohibición para que salieran del país, sino que sólo se les estaba solicitando a las autoridades federales un reporte de sus entradas y salidas.
Por su parte, algunos medios reportaban que se había emitido una alerta migratoria, con la cual se exigía a los funcionarios aeroportuarios dar aviso a las autoridades sobre el tránsito de los tres políticos priistas y de 46 personas más, entre las que se incluyen a sus familiares, funcionarios de sus administraciones, empresarios presuntamente afines a sus intereses e incluso algunos comunicadores tamaulipecos.
El caso generó controversia y ante el hecho tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitieron un comunicado conjunto para hacer precisiones sobre el caso de los ex servidores públicos de Tamaulipas.
Aquí lo reproducimos íntegro:
En el curso de una averiguación previa, la PGR solicitó a la SCT información sobre registros de entrada y salida del país de distintos ciudadanos, pero no una alerta migratoria, orden o restricción de libertad de tránsito alguno.
La SCT, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, colabora constantemente con distintas autoridades involucradas en las actividades de aviación. En este sentido, dicha dirección, giró una instrucción como alerta migratoria a todas las comandancias de los aeropuertos en el país para que se informara sobre la solicitud de información de la PGR.
El Comandante del Aeropuerto de Tampico, adscrito a la Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea, emitió un oficio dirigido al delegado del Instituto Nacional de Migración, solicitando apoyo para no autorizar la salida del país de los ciudadanos incluidos en el oficio de referencia.
Dicho servidor público se extralimitó en sus funciones, por lo que la SCT ha procedido de manera inmediata a separarlo de su cargo y ha solicitado el inicio de una investigación ante el Órgano Interno de Control sobre todos los servidores públicos que participaron en la atención de la solicitud de PGR para deslindar las responsabilidades en el caso.
