La Jornada publica hoy que los recursos de los contribuyentes por 889 mil 403 millones de pesos fueron destinados por la administración federal en los últimos tres lustros para hacer frente al costo del rescate del sistema financiero tras el colapso provocado por la crisis de 1995. Aun con tal transferencia, que duplica los actuales presupuestos anuales de salud o seguridad social, la deuda generada por el saneamiento de la banca es actualmente mayor a la cantidad que ya ha sido pagada, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la cuenta pública 2010.
La decisión del gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, asumida por las dos siguientes administraciones panistas, de rescatar con recursos fiscales al sistema bancario después de la devaluación de peso en diciembre de 2004 tuvo un costo para los contribuyentes mexicanos que actualmente equivale a 13.1 por ciento del producto interno bruto (PIB), esto es, 1.7 billones (millones de millones) de pesos. Se trata de una cantidad que, en términos comparativos, equivale a lo que el Estado mexicano gastaría en seis décadas –con base en el presupuesto ejercido el año pasado– en todos los programas públicos de combate a la pobreza, se desprende del informe de la ASF, el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados y de los informes de la Secretaría de Hacienda sobre las finanzas públicas en 2011.
Para efectos del registro en las cuentas públicas, el costo del rescate bancario de 1995 se divide en dos partidas: una llamada Programas de apoyo a ahorradores de la banca
(PAAB) y la otra programa de apoyo a deudores de la banca
(PADB), que fueron los mecanismos a través de los cuales el gobierno transfirió recursos públicos, a través de la contratación de deuda, para capitalizar a la mayoría de los bancos que operaban en México en 1995 y cuyo capital fue afectado por la crisis financiera. La ASF describe que en ese entonces el gobierno federal puso en práctica ambos programas para controlar los efectos negativos de la crisis de 1995: no permitir la quiebra de las instituciones de banca múltiple y salvaguardar los depósitos en el sistema bancario, ante la posibilidad de una quiebra sistémica generalizada, con motivo de las graves implicaciones que para el sistema nacional de pagos representaba la crisis financiera
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