Las 50 víctimas del accidente de un tren en la capital argentina fueron reconocidos el jueves por familiares que deambularon angustiados durante horas por hospitales y morgues tras producirse en la víspera una de las peores tragedias ferroviarias en la historia de Argentina, que según el titular de la Auditoría General de la Nación era previsible dadas las graves deficiencias del servicio.
Tras conocer la noticia de que un tren había chocado el miércoles a la mañana contra un paragolpes de la estación Once de Buenos Aires, Ezequiel Mercado salió a la búsqueda de su esposa Sabrina Espíndola, de 29 años, una de los mil 200 pasajeros que viajaban en la Línea Sarmiento, explotada por una empresa privada desde 1995.
“Le dije: ‘llamame cuando llegués, como siempre’… Hoy nos enteramos de que está en la morgue“, relató Mercado a AP.
Espíndola, quien anhelaba recibirse de instrumentadora quirúrgica a fin de año, viajaba en el primer vagón, el más afectado por el fuerte impacto, cuyas causas todavía son materia de investigación.
Otras 703 personas sufrieron heridas de distinta consideración, de los cuales permanecen internados 46, entre ellos el conductor del tren, Marcos Córdoba, quien se encuentra en terapia intensiva de una clínica privada pero fuera de peligro.
Las hipótesis de las causas del accidente apuntan a una falla humana o en el sistema de frenos, lo cual estaría vinculado a la falta de mantenimiento por parte de la empresa concesionaria.
La tragedia de la estación de Once, la tercera más grave de la historia, “es una consecuencia directa del incumplimiento de normas básicas” que fueron denunciadas por la Auditoría General de la Nación en un informe elaborado en 2008, declaró el jueves su titular Leandro Despouy.
El documento, al que tuvo acceso AP, detalla entre otras deficiencias en las formaciones de la línea Sarmiento el faltante de manijas de freno de emergencia, freno de mano inoperante y cilindro de freno inoperativo. Fue presentado al Poder Ejecutivo y al Congreso, pero nada se hizo.
La concesión de la línea está a cargo de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA). Ejecutivos de la compañía están involucrados en una causa judicial que investiga por corrupción al ex Secretario de Transportes de la nación, Ricardo Jaime.
El auditor consideró que “hay elementos” para que el Estado le quite la concesión a la empresa ferroviaria.
Según el jefe de los médicos que asistieron a los pasajeros, Alberto Crescenti, había 120 personas agolpadas en seis metros del primer vagón y contó que fue necesario utilizar “vaselina” para separar los cuerpos de los hierros retorcidos.
Las autoridades confirmaron el jueves que la totalidad de las víctimas fueron reconocidas en las dos morgues judiciales de la ciudad. En un doloroso procedimiento, familiares primero informaban a un grupo de psicólogos los datos sobre marcas en el cuerpo o contextura física de sus seres queridos. Si estos coincidían con los cuerpos, entonces se los sometía a reconocimiento fotográfico.
“Ya nos enteramos de lo peor. El cuerpo de Sofi fue encontrado en la morgue. Estamos muy, muy tristes”, dijo Mirta Soria tras reconocer el cuerpo de su sobrina Sofía Peralta, de 19 años.
Entre los fallecidos —28 mujeres y 22 hombres— también hay una docena de extranjeros provenientes de Bolivia, Paraguay, Chile, Perú y China.
“Esta es una herencia de la desidia con la que se trató el tema ferroviario“, opinó Angel Contestí, del Movimiento Tren Para Todos. “Hace rato que hay elementos para quitarle la concesión, y no solamente a TBA. Hay varias empresas que no han cumplido ninguno de los pliegos de licitación”.
En su defensa, el responsable de mantenimiento de TBA, Roque Cirigliano, expresó a periodistas que “no parece lo más indicado hablar de problema técnico” como causa del accidente y afirmó que el servicio que brinda la compañía “es aceptable”.
El directivo tuvo que encerrarse en su oficina de la estación de Once con custodia policial luego de que un grupo de usuarios intentaron agredirlo mientras dialogaba con la prensa.
En medio de fuertes críticas por la falta de control gubernamental, el gobierno anunció el jueves que se presentará como querellante en la investigación del accidente, pero advirtió que no tomará ninguna medida hasta que la justicia no se pronuncie.
“De ninguna manera vamos a tomar desde el punto de vista administrativo acciones descontextualizadas del accionar de la justicia… una vez que estén determinados los motivos (del accidente), lo administrativo irá acompañado por lo judicial para aplicar las sanciones que pudieran corresponder”, aseguró el ministro de Planificación, Julio De Vido, en una declaración a la prensa.
Se trata de la tercer peor tragedia ferroviaria en la historia. En febrero de 1970 un tren embistió a otro en la localidad de Benavídez, en la provincia de Buenos Aires, dejando más de 200 muertos. En el mismo mes de 1978 un tren embistió a un camión en el paso a nivel y causó la muerte de 56 personas.
AP
AP y Notimex.
