La Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que investigar el supuesto desvío de dinero, por poco más de 326 millones de pesos, en el que pudieran estar incurriendo las 15 dependencias -federales, estatales y municipales- que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acumularon un total de 98 denuncias de hechos durante la revisión de la cuenta pública 2010.
Presuntos pagos indebido de honorarios por trámites oficiales, justificación de gastos con supuestas facturas falsas, cuentas bancarias irregulares por parte de los beneficiarios de programas productivos, juicios que no se pelearon en tribunales y que generaron millonarias indemnizaciones, incumplimiento de contratos e incrementos hasta en un 100% en los costos de las obras o bienes adquiridos, fueron las anomalías más recurrentes que encontraron los auditores en las operaciones financieras de esas 15 dependencias, cuyos funcionarios son acusados de no supervisar el adecuado gasto de estos recursos.
De las 98 denuncias de hechos presentadas, 53 estuvieron dirigidas a la SAGARPA y 15 a la Secretaría de la Reforma Agraria. Aquí se detectó que funcionarios y beneficiarios (56 en total) pudieran estar involucrados con el desvío de 111.6 millones de pesos.
Como ha ocurrido en años anteriores, en esta ocasión, la PGR investigará las supuestas anomalías detectadas por la ASF. En un lapso de 12 años, sólo una de cada 10 denuncias ha llegado a manos de un juez. El resto siguen archivadas en PGR por falta de mayores pruebas.
Aquí un resumen de las 98 denuncias presentadas por la ASF.
Uso de “facturas falsas” en Financiera Rural
Los recursos con que Financiera Rural apoya a organizaciones sociales para impulsar el desarrollo económico de actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y las vinculadas al medio rural, arrojó tres denuncias de hechos por “contra quien resulte responsable”. En la revisión, los auditores detectaron omisiones en la entrega de recursos a tres organizaciones civiles que para comprobar gastos presentaron facturas falsas. El posible daño al erario es por 47.5 millones de pesos.
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En el SAT, pago de “honorarios” a agentes aduanales
El pago de “honorarios” a agentes aduanales encargados del cobro de impuestos al comercio exterior en aeropuertos y garitas, es la supuesta anomalía que detectó la ASF en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) .Los auditores concluyeron, al revisar los archivos fiscales de la institución, que siete agentes en Veracruz, Manzanillo y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estaban cobrando indebidamente por sus servicios. Además que los proveedores que dieron el dinero a los agentes, pagaron menos impuestos por los trámites realizados. El daño al erario público se calcula en 8.5 millones de pesos.
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En la SAGARPA, indicios de “desvío”
La SAGARPA fue la dependencia que más denuncias de hechos acumuló por parte de la ASF: 53 de las 98 formuladas. Los programas auditados fueron tres: fortalecimiento a la organización rural, apoyo a organizaciones sociales; fortalecimiento a la organización rural, sistema producto y el fideicomiso de riesgo compartido –en el que el gobierno asume el riesgo de no recuperar el dinero.
Los auditores descubrieron, en los tres casos, que 38 organizaciones sociales y seis productores beneficiados con recursos y prestamos de la institución, presentaron facturas falsas para comprobar sus gastos. Los funcionarios también jugaron un papel importante: Fueron omisos al supervisar y dar seguimiento para validar la información que les presentaban -desde la solicitud, ejecución y comprobación de los recursos-. El posible daño al erario asciende a 90 millones de pesos.
Las denuncias de hechos presentadas ante la PGR, fueron “contra quien resulte responsable” por actos u omisiones en la entrega del millonario recurso.
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En la SCT, “19 liquidaciones” cobradas por una persona
El Programa de Empleo Temporal implementado por la SCT fue otro de los denunciados ante la PGR. Los representantes de la ASF descubrieron que en el centro de la SCT Chiapas hubo 19 pagos por liquidaciones por 4.1 millones de pesos, cobrados por una sola persona que firmó los 19 expedientes.
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En la SRA, cuentas bancarias “irregulares”
Los préstamos que la realizó la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), como parte de los programas de Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR) y de la Mujer en el Sector Agrario, a organizaciones civiles, arrojaron 15 denuncias de hechos por parte de la ASF. Los auditores, en nueve expedientes, detectaron la existencia de facturas falsas para justificar gastos, en cuatro depósitos de dinero en cuentas bancarias irregulares y en dos descubrieron que los representantes de las organizaciones no recibieron el recurso. El posible daño al erario se calcula en 11.6 millones de pesos.
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En la CFE, millonarios juicios en tribunales locales
Los auditores de la ASF presentaron ocho denuncias de hechos por las indemnizaciones que pagó la Comisión Federal de Electricidad en 2010, a particulares que los demandaron por daños patrimoniales. Legalmente se llaman juicios de “servidumbre de paso y derechos de vía”, que es cuando se paga por la utilización de un bien privado, en este caso un terreno, para la instalación de líneas subterráneas o aéreas que permitan llevar electricidad.
En seis casos, reportados en Sinaloa, la ASF encontró que fueron jueces locales y no federales -como lo marca la ley por tratarse de una institución Federal-, los que ordenaron pagar las indemnizaciones a favor de los particulares que interpusieron las demandas. En otros dos juicios, ocurridos en Guerrero, los abogados de la CFE no atendieron a los emplazamientos que les hicieron los jueces locales. En los ochos asuntos sin embargo, los auditores establecieron que el apoderado legal de la paraestatal abandonó la defensa, generando un posible daño al erario por 14.2 millones de pesos.
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En Pemex, se incrementan costos de obra “sin justificación”
De los poco menos de 80 programas auditados en Petróleos Mexicanos (PEMEX) por la ASF, sólo el de Obra Pública en el área de refinación, fue sujeta a una investigación de hechos. Tras la revisión de una serie contratos, por 364 millones de pesos, los auditores detectaron que en el otorgado a la empresa USA Technologies de México, S.A. DE C.V para la reparación de una Línea de Transfer en la refinería Francisco I Madero de Ciudad Madero, Tamaulipas, se inflaron de manera exagerada los costos de materiales, mano de obra, equipo y maquinaria. El posible daño a las finanzas publica es por 17.5 millones de pesos.
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En CONACULTA, presunto desvío de recursos para la “Basílica”
La ASF pidió que se investigará penalmente el donativo por 3.8 millones de pesos que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), le entregó en 2010 a la organización Sumando Amor, A.C. Los recursos eran para realizar obras de reparación en la Basílica de Guadalupe.
Los auditores, en sus investigaciones, descubrieron que el dinero fue utilizado para otros fines y que la autoridad permitió que “la beneficiaria del donativo administrara los recursos por conducto del Rector de la Antigua Basílica de Guadalupe, quien a pesar de que aparentemente dejó de pertenecer a la Asociación… financieramente continúo en la operación de la misma”.
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En la CDI, “incumplimiento” y “sobreprecio”
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) sumó dos denuncias de hechos. Los auditores de la ASF, detectaron posibles faltas delictivas al encontrar que como parte del programa “Albergues Escolares Indígenas”, el organismo pagó un sobreprecio de 6.2 millones de pesos para la adquisición de un lote de vacunas contra la influenza estacional, además de la entrega de un contrato por 69.6 millones de pesos a proveedores de bienes y servicios de albergues, que no cumplieron con el contrato íntegramente.
En Veracruz, por ejemplo, se toparon que en los albergues Emiliano Zapata y Justo Sierra se carecía de colchones, escritorios, mesas, sillas, pizarrones, estufas, refrigeradores, luz y agua. Lo anterior a pesar de que se había pagado por adelantado por la compra de los bienes y la instalación de los servicios.
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El GDF, tres millones de pesos a funcionario del sector salud.
Los recursos federales del ramo 33 -en materia de salud- recibidos por el Gobierno del Distrito Federal en 2010, se hicieron acreedores a tres denuncias de hechos luego de que los representantes de la ASF detectaran que un funcionario del área de recursos materiales y servicios generales de la Secretaría de Salud a nivel local, había presentado 164 facturas falsas de proveedores para cobrar 3.5 millones de pesos. Además establecieron que hubo proveedores que solicitaron que el pago saliera a nombre del mismo funcionario y en otros casos, concluyeron que la suma de lo pagado no coincide con el cobro hecho por los proveedores –desde la dependencia se infló la cifra. El daño al erario oscila en los 4.6 millones de pesos.
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En Veracruz, compra de “equipo médico” con fondos de seguridad.
El Gobierno de Veracruz se hizo acreedor a dos denuncias de hechos por parte de la ASF. Las autoridades determinaron que hubo irregularidades en la construcción del puente Palo Amarillo‐Amayales sobre el río Atoyac, en el municipio de Carrillo Puerto –que se colapsó en septiembre de 2010-,así como con la compa de equipo médico adquirido –con sobreprecio- con los recursos que les entrega la federación para atender sus programas de seguridad pública.
En el primero caso, la Secretaría de Comunicaciones a nivel estatal presentó documentos en los que se señalaba que el puente se había construido entre enero y marzo de 2010, cuando realmente se había levantado un año antes. Aun cuando las autoridades veracruzanas regresaron el dinero de la obra, la denuncia penal es contra quien resulte responsable por las supuestas anomalías detectadas. El daño al erario en el segundo asunto se calcula en 1.2 millones de pesos.
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Para conocer los resultados de la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados haz click aquí.
En Sinaloa, pago “duplicado”
La ASF encontró que las autoridades estatales de Sinaloa presentaron facturas por un posible pago duplicado de 800 mil pesos, por concepto de “servicios de administración y abasto de medicamentos y material de curación”. Las investigaciones de los auditores establecieron que las facturas fueron canceladas por el proveedor, pero aún así funcionarios locales las presentaron para justificar el gasto de los recursos recibidos como parte del acuerdo de coordinación entre la Secretaría de Salud –Federal- y el Estado.
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En Zacatecas, “60 chalecos antibalas” inexistentes
El Gobierno de Zacatecas fue objeto de una denuncia de hechos. Según la ASF, las autoridades encargadas de la prevención de delitos no pudieron acreditar la compra por 950 mil pesos de 60 chalecos anti-balas, con los recursos que le envía la Federación para la adquisición de equipo de seguridad.
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En el municipio deTlaxcala, “incrementan” precio de alumbrado público
En el caso de los municipios, Tlaxcala fue una de las dos localidades que se hizo acreedora a una denuncia de hechos por parte de la ASF. En la auditoría que hicieron a los recursos del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios, se detectó que las autoridades municipales pagaron un sobreprecio de 132 % por la adquisición de iluminarias para el alumbrado público en la ciudad. El deterioro calculado es de 10.7 millones de pesos.
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Autoridades de Santa María Chilchotla, Oaxaca, “no justifican” 35.9 millones
Las autoridades del municipio de Santa María Chilchotla, Oaxaca, recibieron la segunda denuncia de hechos por parte de la ASF. Los auditores descubrieron que el gobierno local no entregó la documentación para justificar en que se gastaron los 35.9 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social.
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