El gobierno de Guerrero informó esta tarde que destituyó a siete servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por su probable responsabilidad en los acontecimientos del pasado 12 de diciembre, en los que murieron dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En el boletín, el gobierno señala que los funcionarios destituidos seguirán sujetos a procedimiento administrativo, y en algunos casos a investigación penal.
Los siete empleados gubernamentales destituidos son: José Vélez Zapata, ex director de Averiguaciones Previas y actual fiscal regional de Costa Chica; Esteban Maldonado, fiscal especializado para la Investigación de Delitos Graves; Pablo Alejandro Jasso Barrera, fiscal especializado para el Combate al Delito de Secuestro; David Jesús Urquizo Molina, coordinador de zona de la Policía Ministerial; Salvador Téllez Márquez, coordinador de grupo; Policía ministerial Israel Espinoza Aguilar; y el policía ministerial Miguel Salazar Gaona.
Para terminar con su boletín, el gobierno de Guerrero señala que se le aplicará la ley a quienes tengan alguna responsabilidad, administrativa o penal por este caso y que “es firme el compromiso de que no haya impunidad ni en éste ni en algún otro caso”.
