La semana pasada, el Museo Nacional de Antropología fue sede del foro internacional Drogas, un balance a un siglo de su prohibición, con especialistas de América y Europa, quienes junto con expertos mexicanos analizaron las ventajas, pero sobre todo las desventajas, de la actual estrategia mundial para enfrentar el consumo de sustancias adictivas ilegales, teniendo como principal sujeto de auscultación el caso mexicano.

El plan A

Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, asegura que “el entorno histórico y estructural de la criminalidad ha dado origen a conglomerados delictivos con un poder sin precedente, lo cual fue enfrentado por la administración del presidente Felipe Calderón, desde que asumió el cargo.

Es por ello, remata, que “el presidente Calderón seguirá insistiendo en combatir la delincuencia y sujetarla a la justicia, a la par de que se aumenta la participación ciudadana, se reconstruyen las instituciones y el tejido social”.

El sólo hecho de que haya fallado el “plan A”, es decir la estrategia seguida durante el siglo XX y continuada hasta la fecha contra el tráfico y consumo de drogas, sustenta la necesidad de buscar soluciones alternativas, señala Mike Trace, ex coordinador antidrogas británico de 1997 a 2001, actualmente director de Rehabilitation for Adicted Prisioner Trust, que da tratamientos a adictos reclusos.

Originalmente, subraya, se consideró el fenómeno de las drogas como algo temporal, se creyó que la producción podía ser evitada, que el tráfico podía detenerse y que los usuarios eran disuadibles, todo lo cual generaría que el mercado de drogas desaparecería gradualmente. En cambio, a finales del siglo pasado fue patente que nada de esto se había logrado por la vía de la criminalización: se vio que el uso de drogas no es un fenómeno temporal, sino parte de la condición humana, y a pesar de los esfuerzos realizados, hoy se producen más drogas y en más lugares, el encarcelamiento masivo no ha desalentado a los usuarios y los mercados de drogas se están expandiendo y diversificando (éste es un mundo globalizado).

Preocupación de madres

La violencia intrafamiliar y comunitaria asociada con el consumo de alcohol es un buen ejemplo para demostrar que “la libre disposición de droga incrementaría exponencialmente la violencia en la familia, entre vecinos”, afirma Margarita Zavala, directora del DIF Nacional y esposa del presidente Calderón.

“Gran parte de los delitos, tanto en materia de violencia familiar como de crimen del fuero común, están relacionados con el consumo de sustancias adictivas, son actos realizados bajo el influjo del acohol o alguna droga“, destaca Zavala y enfatiza: Comparto esa preocupación de mamás de adolescentes, de que nuestros hijos, que son 21 millones en todo el país, puedan adquirir en la tiendita, afuera del colegio, en el mercado, sustancias como heroína o mariguana, como si fueran cigarros y cervezas, cuya venta a menores está prohibida, pero de todas maneras se da”.

En cambio, concluye, “el Estado no puede quedarse sin hacer nada, tiene que combatir al crimen organizado”.

Legalizar no, regular sí

César Gaviria, ex presidente de Colombia, aclara que no se trata de legalizar, sino de regular el consumo de drogas: fomentar un uso restringido, controlado.

En primer lugar, destaca, contra la regulación no puede oponerse el argumento de que se violan acuerdos internacionales, pues nada impide a México hacer un cambio en su política antidrogas con relación a sus usuarios, que no se centre sólo en el combate y la sanción, sino en la prevención y el tratamiento, y por esta vía reducir la violencia y los delitos asociados.

En Europa, ejemplifica, se han aplicado políticas que no criminalizan al consumidor: si un usuario tiene un trabajo y lleva una vida normal, prácticamente tiene derecho a ir todos los días a la clínica de salud para obtener su dosis e irse a trabajar. De esta forma, al no criminalizarlo y al darle opciones legales de acceder a la droga, se reduce la violencia y, además, el tamaño del negocio baja, debilitándose así a los grupos criminales a los que, sin duda, debe seguirse combatiendo por la vía del uso inteligente de la fuerza del estado.

La estrategia de aplicación de la fuerza pública, destaca, debe estar basado en la creación de una corporación altamente entrenada y vigilada, pero acotada: no se necesitan 36 mil elementos en la policía nacional, cuya operación no pueda ser auscultada a detalle, sino conformada por dos o tres mil agentes que puedan actuar como una fuerza especial, al estilo de las estadounidenses, cuyo número de integrantes sea posible monitorear en materia de honestidad.

Consumo no es igual a violencia

Contra un nuevo marco legal que permita un consumo en condiciones más seguras para el usuario no puede alegarse que esto generaría mayor consumo y, por lo tanto, mayor violencia, afirma Ethan Nadelmann, presidente de la Drug Policy Alliance.

Y es que, subraya, la violencia vinculada a las drogas se relaciona con los que trafican, más que con los que consumen. Por ello, antes que nada, debe dejarse claro que regular el consumo de drogas  no resuelve los problemas relacionados con el crimen, pero tampoco aumenta la demanda, y puede ser efectiva para minimizar al máximo las consecuencias negativas de éstas, como las muertes por sobredosis, contagios de enfermedades.

Así, concluye, el combate al consumo de drogas debe darse bajo un enfoque de salud pública, sin abandonarse la lucha contra los grupos criminales, de forma que se apliquen políticas que permitan salvar vidas mediante el auxilio a consumidores, llevar información veraz sobre la naturaleza del problema, con lo cual se previene su uso, y reducir el costo fiscal de la guerra.

Con esta postura coincide lo planteado por Jorge Hernández, presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, y para quien la regulación del consumo de drogas, así como del mercado que la distribuya, no resolverá el problema del narcotráfico y de la existencia de grupos criminales, pero es una condición necesaria para enfrentar el problema en materia de salud pública, ya que las drogas han sido siempre parte de las distintas culturas humanas, y en la actualidad, la percepción social y patrones de consumo han cambiado, perimitiendo un acercamiento con los consumidores, asumiéndolos como pacientes clínicos, no como delincuentes.

¿Qué es más rentable: la guerra o la regulación?

“En el marco de la guerra contra las drogas –asegura el analista político Héctor Aguilar Camín–, no hay ni ha habido daño mayor que la guerra misma.”

Y es que, asegura, la prohibición no ha reducido la demanda ni la producción y, de hecho, mientras en México se defiende esta estrategia de guerra, en Estados Unidos, el principal consumidor de drogas, el mercado legal empieza a abrirse y, por ejemplo, en California la mariguana genera empresarios acaudalados, mientras en México produce muertos y encarcelados.

Según el CISEN, afirma Aguilar Camín, el mercado de drogas mexicano está entre los 5 mil y los 8 mil millones de drogas, lo cual representa una “fortuna agrícola criminalizada”, en vez de aprovechada, al menos en el caso de la mariguana. Además, la regulación permitiría reducir la delincuencia de alto impacto social, como el secuestro y la extorsión, y restaría capacidad de corrupción a las organizaciones criminales; no obstante, la medida sólo será efectiva si se avanza en el sentido de abandonar la prohibición a nivel mundial.

A esta postura se suma James Gierach, ex fiscal de Cook County, Chicago, e integrante de Law Enforcement Against Prohibition, para quien la estrategia prohibicionista es, justamente, lo que da base para la existencia de cárteles y terroristas, pues la incautación de drogas de un grupo criminal genera ventajas competitivas en sus rivales en el mercado ilegal.

Para Gierach, además, los decomisos de droga de uno u otro grupo criminal son perniciosos, ya que redundan en beneficio económico para el resto de los cárteles.

A dónde va el dinero…

A quienes promueven la liberalización de las drogas, Antonio Mazzitelli, representante para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, les recuerda que en el último año fallecieron entre 104 y 263 mil personas en todo el mundo, por consumo de sustancias adictivas.

Además, destaca, el terrorismo se financia, además de otras formas, con el comercio de drogas, y en ese contexto la ONU lo considera es un problema de seguridad nacional y, ahora, de gobernabilidad para los países de América Latina, puesto que se vincula con otros delitos como el secuestro, el tráfico de armas y de personas.

Así, establece, “el problema criminal debe atenderse con políticas de seguridad”, ineludiblemente.

Prevención es igual a menos violencia

Para Sergio Ferragut, ex ejecutivo bancario y de consorcios internacionales, la prohibición genera incentivos económicos al crimen organizado, ya que sigue vigente la ley de la oferta y la demanda: al combatir la oferta, se encarece el producto.

Por ello, afirma, se requiere una estrategia de transición para México, que lleve en el corto y mediano plazo, no más de cinco años, a instrumentar medidas preventivas que no se basen en la intimidación, sino en la información dirigida a jóvenes y adultos, lo que dará como resultado una sociedad más sana, más justa y, por lo tanto, menos violenta, en tanto que se mantiene el combate por medio de la fuerza pública.

Son los criminales, así como los sectores que “viven de la guerra” y los “guardianes de la moral”, remató, quienes se oponen a la búsqueda de nuevas soluciones basadas en un cambio de paradigma en la atención del fenómeno del consumo de drogas, dirigido a crear una sociedad más sana y menos violenta.

Fracaso y costos inaceptables…

La “legalización regulada” de la mariguana, concluye la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia, organizadora del foro sobre drogas, así como la “construcción gradual” de un régimen regulatorio para otras sustancias, debe llevarse a la práctica para reducir el “costo inaceptable” que la violencia, la destrucción del tejido social y el deterioro de la economía han traído a México.

Esta regulación del consumo, subraya MUCD, se vuelve necesaria, tomando en cuenta el “fracaso” en la reducción de la disponibilidad de drogas ilícitas, y de consumidores.

Con esta nueva estrategia, destaca, se reduciría las rentas del crimen organizado, y habría oportunidad de priorizar la atención en materia de salud pública.