Fue necesario que se iniciara una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, aceptara su error y eliminara de la Ley de Ingresos del estado un par de candados a la transparencia que había incluido.
Ayer, lunes, los diputados aprobaron sin mayor trámite la reforma propuesta por el mandatario, igual que lo hicieron en noviembre pasado cuando aprobaron, sin modificarle una sola coma, la Ley de Ingresos, pese que la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado y el capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) habían señalado que los artículos 73 y 76 representaban un candado a la transparencia.
En el primero (el 73) sólo se permitía el acceso a documentos que comprobaran el manejo de los recursos públicos en copia certificada, tasando en 80 pesos cada copia. En el segundo, se obligaba al solicitante a presentar su RFC o su CURP al momento de solicitar la información.
El gobierno del estado se mantuvo reacio a aceptar que dichos ordenamientos representen un obstáculo a la transparencia, en varias entrevistas radiofónicas que ofreció Moreno Valle como parte de la promoción de su primer informe de gobierno insistió en que no había tal dique. Y no fue hasta después de que la SCJN aceptó revisar la acción de inconstitucionalidad como anunció que se modificaría y que el costo de las copias certificadas pasaría de 80 a 20 pesos.
Así, al modificar los dos artículos, a propuesta del Ejecutivo, los diputados desactivaron la acción de inconstitucionalidad que la Procuraduría General de la República (PGR) había promovido en enero pasado a petición del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Miguel Pulido, director de Fundar, confirmó que con la reforma la acción de inconstitucionalidad quedó “sin sustancia jurídica”, pero señaló que imponer candados económicos para limitar el acceso a la información es “una práctica antidemocrática”.
Por su parte, Roberto Alonso, secretario de Amedi Puebla cuestionó que los legisladores hayan actuado sólo a petición del mandatario estatal y no cuando la CAIP y la propia Amedi señalaron el error que contenía la Ley de Ingresos.
Esto revela, dijo en entrevista, que los legisladores lejos de ser un contrapeso del Poder Ejecutivo están supeditados a aprobar lo que les envía.
Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, reconoció que en el primer año de trabajo de la actual legislatura el gobernador ha sido el principal promotor de iniciativas que han pasado sin modificación alguna.
Un amparo en puerta
Y sin bien con la modificación de los dos artículos problemas, Moreno Valle parece haber salvado un escollo legal con la Corte podría estar en la antesala de uno nuevo por el mismo ordenamiento legal, pues el viernes pasado el abogado Israel Trujillo, precandidato a diputado federal por el Partido del Trabajo, presentó un amparo con el incremento en el costo de las consultas del Registro Público de la Propiedad, un trámite que pasó de 65 pesos a 500 pesos un incremento de casi el 700%, muy lejos del ajuste inflacionario que le ley establece y que de acuerdo con el Inegi fue de 4.0% en el último año.
