La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, analiza una reforma al Código Penal Federal para que los delitos electorales puedan ser considerados como delincuencia organizada cuando sean cometidos por tres o más personas.
La iniciativa, presentada por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Dalila Soto Plata, también establece penas de veinte a doscientos días multa y seis a nueve años de prisión a quien vote más de una vez en la misma elección o lo haga con la credencial de otra persona.
En la exposición de motivos de la iniciativa, Soto Plata estima que los delitos electorales regularmente son realizados por grupos de personas y de forma reiterada lo cual, aseguró, se podría tipificar como delincuencia organizada.
“Se deben garantizar elecciones limpias, equitativas y ampliar la participación ciudadana en las urnas y en la vigilancia de la jornada electoral”, añadió.
La reforma también plantea incrementar de 20 a 200 días multa y de seis a nueve años de prisión, a quien haga proselitismo o presione a los electores el día de la jornada.
De igual manera a quien obstaculice el desarrollo de las votaciones, recoja credenciales, solicite votos por paga, introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas, o bien promueva campañas denigrantes hacia los candidatos.
Asimismo, se señala que los ministros de culto religioso que induzcan al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político o a la abstención, podrían alcanzar una multa de hasta mil días de salario mínimo vigente.
Además los funcionarios que haga uso indebido del Registro Federal de Electores, alteren resultados, destruyan boletas, presionen o influyan en la intención del voto de las personas, podrían ser castigados con 100 a 400 días multa y prisión de cuatro a 12 años.
Para los funcionarios partidistas o candidato que realicen propaganda durante la jornada electoral, difundan noticias falsas sobre el desarrollo de los comicios e impidan el funcionamiento de casillas, se prevén multas de 200 a 400 días de salario mínimo y prisión de dos a 12 años.
Las penas para el servidor público que ejerza coerción o condicione el voto de sus subordinados en favor de un partido político o candidato, de cuatrocientos a ochocientos días multa y de dos a 14 años de cárcel.
