La tendencia a la baja en los delitos contra la libertad de expresión, observada en 2010, ha terminado. El 2011 cerró con 172 ataques a periodistas y medios de comunicación; 17 más que en 2010, según el informe anual de la organización Artículo 19 que se presenta hoy.
El documento “Silencio forzado. El Estado, cómplice de la violencia contra la prensa en México” contabiliza nueve periodistas y dos trabajadores de medios asesinados, dos comunicadores desaparecidos y ocho agresiones con explosivos o armas de fuego contra instalaciones de medios, sólo por mencionar las agresiones más graves.
Veracruz con 29 agresiones se convirtió el año pasado en la entidad más violenta para ejercer el periodismo. Las 29 agresiones ocurridas en 2011 representan un incremento de 200% respecto del año anterior, y además, las agresiones en ese estado fueron de todos los carices. Asesinatos, desapariciones, ataques contra sedes de medios, abusos de autoridades contra reporteros, y acciones penales del propio gobierno estatal contra la libertad de expresión.
La gravedad de los delitos contra la prensa en el estado es tal, que Artículo 19 debió incorporar a su análisis de agresiones una categoría que si bien no es nueva, se presentó de manera masiva en la entidad: el desplazamiento forzado y la reubicación de informadores pese el riesgo que implica para su seguridad.
Frente a esa situación, Artículo 19 considera que los gobiernos estatales y el federal no han actuado como se espera en una crisis. “Abundan los ejemplos sobre la creación de instancias inútiles que carecen de capacidades reales para atender el problema y proteger a quienes ejercen la libertad de expresión desde los medios de comunicación, pero que se presentan como acciones relevantes, para esconder la inoperancia del estado”, reza el documento.
“En el mejor de los casos, se ha protegido inadecuadamente a los periodistas en riesgo. En el peor de ellos, son los propios funcionarios encargados de las investigaciones y la procuración de justicia quienes encabezan acciones contra el libre ejercicio periodístico”, agrega.
La agresión física y material, el delito más recurrente
Lesiones de diversos tipos, daño al equipo de trabajo y ataques a las instalaciones de los medios ocurrieron en 73 ocasiones durante 2011. Es decir, representan 42.2% de todas las ocurridas en el año.
A las lesiones le siguen las amenazas, la intimidación y las presiones que intentan impedir la búsqueda o difusión de información, u ocurren tras la publicación de materiales periodísticos.
¿Quiénes perpetran esas agresiones? En la respuesta no hay sorpresas. Al igual que en años anteriores, los funcionarios públicos fueron los responsables de 41.8% de los delitos contra la libertad de expresión. En seis de cada 10 de ellos, las fuerzas de seguridad como el Ejército, la Marina, y las policías municipales, estatales y federales, fueron señaladas como responsables.
El crimen organizado perpetró 13.3% de las agresiones contra la prensa, no obstante, a ellos se atribuyen los nueve asesinatos ocurridos en 2011, 13 ataques directos y otros actos intimidatorios.
Un dato peculiar en el análisis del año pasado es que Artículo 19 ha introducido la categoría “se desconoce”, en los responsables de una agresión, por la imposibilidad de conocer qué actor en específico perpetró una agresión.
“Estamos hablando de acciones de la delincuencia organizada en complicidad con las autoridades, tanto como de ataques a cuenta de políticos y funcionarios coreografiados para endosar la responsabilidad a la delincuencia”, dice el informe.
Recrudece violencia contra reporteras
De las 144 agresiones contra reporteros en 2011, 34 fueron contra mujeres y cuatro de ellas fueron asesinadas. Los delitos contra las periodistas sumaron cinco más que los 29 ocurridos en 2010.
En tres de los 34 casos de violencia contra reporteras, Artículo 19 notó violencia y “métodos diferenciados de presión e intimidación. Uno de ellos ocurrió en Hidalgo, donde las autoridades fueron señaladas por acosar a una reportera local. Las agresiones incluyeron el robo de fotografías de su hija y la difusión de imágenes denigrantes de ella para desacreditar su labor periodística.
Otro caso ocurrió en Durango. En esa entidad, un grupo de desconocidos allanó el domicilio de una periodista y se llevó su computadora personal y ropa interior, lo cual, señala el estudio, “tiene una fuerte carga de violencia sexual”.
Veracruz, el nuevo Tamaulipas
Los periodistas veracruzanos tuvieron un 2011 particularmente violento. En el segundo semestre de 2011, cuatro periodistas fueron asesinados en pocas semanas. 13 escaparon del estado por amenazas, y otro más desapareció, sin que hasta ahora se conozca su paradero. Poco antes de acabar el año, un diario en Córdoba fue atacado por un grupo armado que incendió las áreas de diseño, publicidad y editorial.
El 25 de agosto, el incendio de un vehículo frente a un centro de enseñanza, junto con los rumores de amenazas hechas por grupos criminales, encendieron un clima de incertidumbre en el estado.
Por Twitter, distintos usuarios difundieron versiones sobre un atentado, lo que causó que padres de familia recogieran a sus hijos de los planteles y se suspendieran actividades.
La respuesta del gobierno estatal no fue oportuna. Las redes oficiales tampoco respondieron a los rumores con información que desmintiera los hechos.
Posteriormente, tanto el gobernador Javier Duarte, como el entonces procurador, Reynaldo Escobar, buscaron castigos para los supuestos autores de los rumores. Basados en un artículo del Código Penal local, imputaron a dos ciudadanos los cargos de “terrorismo equiparado” y “sabotaje”. Poco menos de un mes después, desistieron ante una ola de críticas que señalaban la intención de intimidad a los ciudadanos que circulasen información no mediada por el estado.
Duarte presentó también ante el Congreso local una iniciativa para crear el delito de “perturbación del orden público”, con el que se podría perseguir a cualquier persona por hacer afirmaciones que el gobierno considerase inconvenientes. Ese mismo día, un grupo delictivo dejó en la vía pública de Boca del Río 35 cadáveres. Los corresponsales nacionales que investigaban el caso fueron agredidos.
A esto se suman las agresiones cibernéticas por parte de presuntos delincuentes. El 23 de octubre, un ‘bloguero’ dio de baja su cuenta por un incidente de seguridad. Horas después, los contenidos de su bitácora fueron sustituidos por una leyenda intimidatoria.
Pero los ataques a los medios no se circunscriben a violencia física o intimidaciones. La asignación de publicidad oficial es un medio para castigar a la prensa crítica y para ‘premiar’ a la que es afín, y se maneja en un contexto de opacidad.
El gasto en comunicación social del gobierno veracruzano entre 2005 y 2010 fue clasificado como información reservada ante una solicitud de información. Hoy, el caso se encuentra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A todo el contexto de agresiones contra la libertad de expresión, Veracruz ha respondido de manera errática. Entre 2006 y 2011, existió la Comisión Estatal para la Defensa de Periodistas, pero sólo intervino en quejas menores que terminaban en conciliación.
Durante su existencia, la comisión recibió 13.7 millones de pesos y atendió 194 casos. Es decir, en cada uno gastó 70 mil 618 pesos, y nunca se acercó ni resolvió los casos de mayor trascendencia.
Nueve recomendaciones
Tras el análisis de lo que Artículo 19 denomina ‘silencio forzado’, la organización hace una serie de nueve recomendaciones entre las que se encuentran redactar y aprobar las reformas a las leyes secundarias toda vez que hace unas semas se aprobó una reforma constitucional para facultar a las autoridades federales a investigar los delitos contra la libertad de expresión.
Otra de las recomendaciones que hace la organización es fortalecer la Fiscalía Especial con un marco jurídico adecuado, autonomía, recursos materiales y humanos. Asimismo, solicita la creación de un verdadero mecanismo de protección para periodistas que no signifique una mera formalidad como el que actualmente está vigente.
La derogación de los llamados “delitos contra el honor” en 14 entidades también es otra de las recomendaciones. Ésta se suma al llamado a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga una mayor congruencia en la integración de sus expedientes y en el seguimiento y cumplimiento de medidas cautelares.
La capacitación de las fuerzas de seguridad locales y federal, para garantizar un trato respetuoso y facilitar la labor de los periodistas se suma a la lista de recomendaciones. A ella hay que agregar la solicitud a los legislativos estatales y federal a abstenerse de criminalizar o limitar la libertad de expresión.
Las dos últimas recomendaciones involucran a los funcionarios públicos y a los medios de información. A los primeros sugieren adoptar los principios expresados por los relatores para la libertad de expresión de la ONU y la OEA, y a los segundos, establecer protocolos de seguridad, capacitar al personal, y establecer criterios editoriales claros en la cobertura de información delicada sobre violencia y seguridad pública.
