Marcos Vladimir Ayala se salvó de ser linchado hace dos semanas. Tiene 19 años, dejó de estudiar hace cuatro y desde entonces era conocido por asaltar a mujeres en el pueblo La Libertad en Santa Lucía Milpas, Guatemala. La última vez que le quitó el bolso a una señora, los habitantes del pueblo lo rodearon, lo agarraron a golpes y estaban a punto de matarlo con tablas de madera, cuando la Policía Nacional logró intervenir y llevarlo al hospital, donde sigue internado.
Es la primera vez que en el municipio de Santa Lucía Milpas, la turba hace justicia con su propia mano. La falta de autoridad y la impunidad de los crímenes en la zona provocó la reacción de la gente al ver que la policía había soltado al ladrón sólo unos minutos después del robo. Marcos sobrevivió con cinco costillas rotas, las dos piernas fracturadas y varias contusiones graves en la cabeza.
Su caso no es aislado. En 2011 hubo 49 muertes por linchamiento en todo el país, según el último informe de la Policía Nacional. Pero este tipo de violencia colectiva se ha quintuplicado desde 2004, al pasar de 25 casos anuales a 147 en 2011. El promedio de linchamientos mensuales es de 14.7, de los cuales, un 32% deriva en muerte, indica un estudio reciente de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Las cifras, sin embargo, podrían ser mucho mayores. Según el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, el año pasado murieron 155 personas y fueron heridos otros 44 por linchamientos en todo el país. Este año ya van 27 ataques contra supuestos delincuentes, aunque todos han sobrevivido. Su presidente, Mario Polanco, asegura que no se ha hecho ni una sola campaña de concientización y en muy pocos casos se ha detenido a los culpables de estos incidentes.
Guatemala se ha especializado en la justicia popular y su violencia ha llamado la atención de la Organización de las Naciones Unidas, que considera “alarmante” el incremento en el número de linchamientos, que se extienden también a las zonas urbanas.
“Los linchamientos no son fenómenos exclusivos de pueblos indígenas y tampoco son hechos aislados. La violencia colectiva ha aumentado considerablemente debido la ausencia de autoridad y a grupos de personas que se atribuyen potestades punitivas que sólo corresponden al Estado”, explica Alejandro Sánchez, investigador de seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacional.
A mediados del año pasado, tres personas en Huehuetenango (en el noroccidente) fueron lapidados a piedras y palos por los habitantes del pueblo supuestamente por haber instalado puestos de asalto en un camino rural. Sus cuerpos fueron colgados de un árbol y quedaron como “ejemplo” para la comunidad. El crimen sigue sin resolverse, como un 98 % de los delitos en Guatemala, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad. Incluso en la capital, se registraron otros tres casos similares.
Pero además de los linchamientos también ha habido un notable incremento de “vigilantismo” (término local que se refiere a las comunidades que no aceptan la autoridad de la policía y actúan por su propia cuenta), asesinatos extrajudiciales y otros disturbios violentos provocados por la muchedumbre, que incluso permiten actuar a cédulas del crimen organizado como agentes de justicia, señala Sánchez.
Justicia a propia mano
Los castigos poco convencionales son comunes también en zonas como Quiché. Hace dos meses, Héctor Leonel Tomás Aguilar fue azotado con una rama de durazno por el alcalde comunitario frente a todo el pueblo, acusado de haber golpeado a su cuñada. Nadie denunció legalmente el maltrato por considerar que Tomás había recibido un “castigo justo”.
La falta de actuación del gobierno ha provocado que en algunos departamentos como Quiché y San Marcos, policías y agentes del Ministerio Público sean retenidos y ajusticiados por las masas. En Quiché los fiscales del Ministerio Público firmaron un acta el año pasado para no continuar la persecución penal de varios acusados de delitos por temor a las represalias. En San Marcos, la policía simplemente no ha actuado y ha abandonado la zona en momentos de cólera colectiva.
Existen municipios del país que no tienen presencia policial. En el país hay cerca de 20 mil agentes, sin embargo, se necesitaría el doble para poder contener los niveles de violencia, según el IPN.
Mario Planco, de GAM, considera que el Gobierno ha hecho poco para solucionar esta situación. “Estos casos de violencia colectiva son producto de la desconfianza hacia las instituciones y un reflejo de la desesperación de la población por la inseguridad”.
El problema se ha expandido de las comunidades rurales a las urbanas, derivando en violencia sin “precedentes”, origen de la pobreza y la fuerza del narcotráfico. “Se necesita delimitar hasta dónde pueden actuar las autoridades y cómo evitar la justicia a propia mano”, sentencia.
