El lunes 5 de marzo, Ciudad de Guatemala amaneció con un supuesto mensaje de Los Zetas poco común. El ex brazo armado del Cartel del Golfo apoyaba a través de diversas narcomantas la propuesta del presidente, Otto Pérez Molina, para despenalizar las drogas. “Pérez y Baldetti (vicepresidenta), cumplan con legalizar las drogas, y apoyamos lucha contra maras… Zeta 200, y Gracias general Otto Pérez y Roxana Baldetti por legalizar las drogas… Zeta 200”, se leía en el mensaje colocado en las avenidas principales de la capital guatemalteca.
La noticia levantó ciertas sospechas en la presa local sobre si en verdad el grupo criminal daba ese mensaje de apoyo al general Pérez Molina, quien asumió el poder a mediados de enero. Algunos, incluso lo adjudicaron a imitadores que pretendían darle eco a la propuesta del mandatario.
El presidente guatemalteco abogó públicamente hace mes y medio por la despenalización de la producción, transporte, comercio y consumo de drogas como estrategia para enfrentar al narcotráfico, una propuesta que será presentada oficialmente durante la Cumbre de las Américas que se celebrará en abril en Cartagena de Indias, Colombia.
“Es una propuesta imposible pero que mucha gente estaba esperando oír. Y viniendo de un presidente conservador, militar, con acusaciones sobre violación de derechos humanos, es una jugada mediática maestra. Ya no se le va a recordar por eso sino por ser el primer presidente, de un país pequeño y dependiente, periférico, que se atrevió a poner el tema sobre la mesa. No va a pasar nada, pero fue audaz”, considera Edgar Martínez, ex canciller y director del Instituto de Problemas Nacionales.
El pasado fin de semana, Pérez Molina convocó a una cumbre centroamericana en Antigua Guatemala para debatir el tema. Pero entre los asistentes sólo estuvieron Costa Rica, cuya presidenta Laura Chinchilla dijo estar a favor de debatir y Panamá, quien no se pronunció al respecto.
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, justificó su ausencia al decir que la cumbre había sido cancelada. Funes había mostrado su apoyo a Pérez Molina en una visita en febrero, pero se retractó inmediatmanete de su postura cuando pisó su país, donde los temas de agenda son la prohibición de los matrimonios homosexuales y el aborto en cualquier modalidad sigue siendo un delito.
“No hay un planteamiento serio sobre la despenalización de las drogas. Significaría renunciar a la lucha antinarcótica. ¿Y el lavado de dinero? Hay un montón de temas… No es fácil. Pero no ha pasado más allá de lanzar la bomba. Ojalá sea un mensaje de que no vamos a militarizar la lucha contra las drogas”, explica Manuel Galeano, ex titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado de Guatemala.
En un momento en que la violencia generada por el narcotráfico en Latinoamérica ha abierto el debate sobre la posibilidad de la militarización, paralelamente, han empezado a llover las ecos de legalización sin una propuesta concreta que los respalde. De hecho el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se opuso frontalemente a esta vía: “Nicaragua no considera el tema de la despenalización, estamos librando la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.
El discurso que durante los últimos años han propuesto ex mandatarios como César Gaviria, en Colombia, Vicente Fox, en México, o Fernando Henrique Cardoso, en Brasil, todavía no se traduce en una propuesta concreta. Estados Unidos, además, nunca se ha mostrado abierto al debate. “La legalización supondría una amenaza a la salud y a la seguridad pública”, difundió la embajada estadounidense en un comunicado tras la propuesta de Pérez Molina.
El especialista en narcotráfico y crimen organizado David Amador es otro de los incrédulos: “Siendo el debate tan gris, tan oscuro y sobre tantas generalidades, dejamos de lado la verdadera intención de Pérez Molina: Que los estadounidenses le digan no. Y con ello, entonces, solicitar que se levante el embargo de armas que desde el 76 sufre el Ejército de Guatemala. Volvemos a la agenda real de este gobierno: militarizar no solo el conflicto sino la política integral de seguridad ciudadana y que Estados Unidos le de las herramientas para hacerlo”.
