Naturaleza del IFAI impide que comisionados reciban órdenes: Laveaga

Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales.//FOTO: Cuartoscuro

La naturaleza jurídica del IFAI impide que los comisionados reciban órdenes de nadie… Por eso se establece la autonomía del Instituto”, respondió Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) a las organizaciones no gubernamentales que impugnaron su postulación para ocupar una vacante en el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI).

Esta semana, el presidente Felipe Calderón propuso ante el Senado a este abogado que, según sus críticos, no ha tenido experiencia previa en organismos de transparencia pero, según sus defensores, ha sido un defensor de los juicios públicos y abiertos.

Las organizaciones no gubernamentales como Fundar y Artículo 19 –entre otras- cuestionaron sus falta de experiencia para el puesto que pretende ocupar pero, sobre todo, protestaron por un artículo que publicó en El Universal a favor de mantener bajo completo sigilo el contenido de las averiguaciones previas, aun cuando éstas ya hayan sido desechadas por falta de pruebas o, en su caso, cerradas.

Laveaga, con dos maestrías en Derecho y Derechos Humanos, podría sustituir a María Marván Laborde, una de las fundadoras del IFAI con alrededor de ocho años de experiencia y considerada como una de las expertas lationamericanas más destacadas por la ONU y la OEA.

Entrevistado por Animal Político, Laveaga reflexionó sobre las críticas que se han hecho a la designación presidencial: “Si se objeta a cada candidato del Presidente, entonces algo está fallando y hay que cambiarlo… Quizás habría que revisar el mecanismo de selección”

-¿Pero qué dice de su falta de experiencia en materia de rendición de cuentas que aducen las organizaciones no gubernamentales?

Si hay alguien que ha impulsado la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia, he sido yo. Desde mi posición en el INACIPE, impulsé el sistema de juicios públicos abiertos, en los cuales la gente pueda ver cómo juzgan los jueces, cómo presentan pruebas los agentes del Ministerio Público y cómo investigan los policías… ¡Eso es transparencia! Si tuviéramos juicios orales, no estaríamos metidos en casos como el de Cassez. En los juicios abiertos es casi imposible mantener prácticas de corrupción”.

-¿Cómo no encontrar rechazo en las organizaciones no gubernamentales como Fundar y Artículo 19, cuando usted escribió a favor de que no se abran las averiguaciones previas aun cuando estén concluidas?

“Los datos confidenciales y los datos relativos a la seguridad nacional marcan límites a la transparencia. Eso no lo digo yo: lo establece la ley. Si no se está de acuerdo con esta disposición, habrá que explorar que se reforme la ley. Pero ese tema del Congreso de la Unión y no del IFAI”.

-La postura del IFAI fue muy clara: Esta reforma atenta contra la transparencia porque, entre otras cosas, no hay manera de que los ciudadanos valoren cómo han hecho su trabajo las autoridades, en especial la PGR. En tiempos tan complicados como en la guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo valora su posible nombramiento bajo esta perspectiva?

“Todos tenemos derecho a la información. No sólo en los casos penales sino en todos los demás. En el caso penal, no creo que exista mejor medida –insisto- que los juicios públicos y orales. La transparencia debe ser una constante, una forma de vida democrática”.

-La postura del IFAI fue en el sentido abrir averiguaciones previas ya cerradas o en no ejercicio de la acción penal –archivadas en términos llanos- pero sólo en versiones públicas. Es decir, en la que se eliminaran los datos personales, los rastros para dar con los denunciantes o quizá aspectos de seguridad nacional. Nunca se abrieron expedientes en curso ¿No le parece que son cosas distintas?

“Sí claro, habría que analizar caso por caso. Lo que le aseguro es que, si el Senado no objeta mi nombramiento, trabajaré en éste y en otras muchas trincheras, en beneficio de la transparencia y la rendición de cuentas. Pero siempre con respeto a la ley. Soy abogado y esta ‘deformación profesional’ me ha acompañado siempre”.

-¿No cree entonces que el problema está en su actitud en ese artículo escrito en El Universal  contra  abrir las averiguaciones previas sin valorar la postura del IFAI?

“Lo que advierto es que mis críticos han tomado este artículo como punta de lanza para impugnarme, y han olvidado todas las declaraciones que he hecho a favor de la transparencia. Les sugeriría echaran una ojeada a mi libro La cultura de la legalidad”.

-¿Cómo entender su posible nombramiento cuando hay plena coincidencia en este tema entre usted y el gobierno del presidente Calderón?

“Tengo enorme respeto y admiración por el presidente Felipe Calderón, sí, y agradezco la distinción de la que me ha hecho objeto. La mejor forma de corresponder a su confianza será trabajando, con la autonomía que concede la ley al IFAI, para contribuir al fortalecimiento de un México más transparente y, por ende, más democrático”.

-¿Si llega al IFAI va obedecer lo que le digan desde Los Pinos o a cerrar archivos cuando no convenga a los intereses del Gabinete?

“Si llego al IFAI, me esmeraré en que mi voto (que representaría un 20% de la decisión del IFAI) se ajuste a las mejores prácticas internacionales de rendición de cuentas. Me comprometo a luchar para ampliar los derechos ciudadanos. Me esforzaré en que nuestro país esté mejor clasificado en los índices de Transparencia Internacional”.

Hace poco más de tres años –en diciembre del año 2008- el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI) rompió con la rutina de sus sesiones plenarias cuando su entonces presidente, Alonso Lujambio, leyó un comunicado para condenar las recientes reformas penales impulsadas por el gobierno de Felipe Calderón para impedir que se siguieran abriendo averiguaciones previas.

Hasta ese momento, el IFAI ordenó la entrega de averiguaciones previas concluidas o desechadas por falta de pruebas mediante versiones públicas. Es decir, expedientes en los cuales no aparecieran datos personales como números telefónicos o direcciones personales. Lo mismo operaba para cuestiones de seguridad nacional en el sentido de que no se revelaran las estrategias usadas por el gobierno para llegarse de información.

Con esa reforma al Código Federal la posibilidad de abrir esos expedientes está cerrada por completo.

Ayer, jueves 15 de marzo, un grupo de 10 organizaciones no gubernamentales presentaron una carta en el Senado para impugnar la candidatura de Laveaga. “El Presidente Felipe Calderón insistió en nombrar a una persona muy cercana a él en contra de las exigencias constitucionales de autonomía e independencia de los órganos garantes”, advirtieron.

Al mismo tiempo, la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP) –que agrupa los institutos de transparencia del país- demandó al Senado: “elegir un comisionado que, de ninguna manera y por ninguna razón, ponga en riesgo la autonomía del organismo”.

Las protestas siguieron. El senador Anaya intentó objetar la candidatura de Laveaga y el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel –ahora asesor del candidato presidencial de la izquierda López Obrador- se sumó a la postura de las organizaciones no gubernamentales por medio de su cuenta de Twitter.

Leveaga ha escrito –entre otros títulos- “Hombres de Gobierno”, semblanzas críticas de personajes como Constantino, Justiniano, Theodore Roosevelt, Winston Churchill o Franklin De la no Roosevelt, así como El Sueño de Inocencio, una novela sobre el Papa que “inventó” los mecanismos de control como la confesión y el matrimonio indisoluble a fin de llevar a la Iglesia a su momento más alto en la historia para lo que tuvo que enfrentarse a reyes de Europa.

En una reciente entrevista, la comisionada presidente del IFAI, Jacqueline Peschard, dijo que el nuevo miembro del pleno debe ser alguien que tenga márgenes de autonomía y probidad que le permitan ejercer sus funciones en materia de transparencia toda vez que su principal tarea será vigilar al gobierno.

“Podría ser un académico o un servidor público con una trayectoria importante, es decir, lo que creo es que tenemos que asegurar que sea alguien que pueda ejercer las funciones que tiene encomendadas este instituto, pues son funciones de vigilancia sobre el gobierno y, en ese sentido, sí creo que tiene que ser una persona que garantice esa posibilidad de independencia”.

No obstante, a título personal, Peschard ha dicho que la reforma penal que cerró por completo las averiguaciones previas no sólo impide al ciudadano ejercer su derecho de acceso a la información sino que también conocer cuál es el desempeño del Ministerio Público en la persecución de los delitos.

El Senado tiene 30 días para ratificar o, en su caso, objetar la propuesta de Laveaga como nuevo comisionado del IFAI.

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