Este miércoles, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias hace público el informe de su más reciente visita a México, realizada en marzo de 2011, cuyo objetivo fue examinar los esfuerzos oficiales en el tratamiento de este delito, examinar los avances en las investigaciones y las medidas adoptadas para prevenirlas y durante el cual “recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por autoridades públicas o por grupos de criminales o de particulares, actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos”.
A continuación, Animal Político te presenta los puntos más destacados del documento que hoy da a conocer la ONU, elaborado con base en los recorridos que Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina), Osman El Hajjé (Líbano) y ARiel Dulitzky (Argentina) realizaron por el DF, Chihuahua, Guerrero y Saltillo, donde pudieron entrevistarse con autoridades federales y estatales, así como con representantes de distintas agrupaciones defensoras de derechos humanos, además de víctimas y familiares.
Incremento reciente
Una de las primeras conclusiones del Grupo de Trabajo de la ONU es que “el incremento del número de nuevos casos durante 2010, el gran número de nuevas alegaciones durante la visita (del año pasado), así como el descubrimiento de varias fosas comunes en los últimos meses podría indicar un deterioro en relación con las desapariciones forzadas en México“.
Y es que este organismo de la ONU tomó registro de 412 presuntos casos de desaparición forzada en México entre 1980 y 2010 (de los cuales 218 no han sido resueltos).
De hecho, destaca el informe, sólo en 2010 el Programa de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomó registro de 346 presuntos casos.
En contraste, la Procuraduría General de la República ha reconocido únicamente 63 desapariciones forzadas: 49 durante el periodo de represión oficial conocido como Guerra Sucia, en las décadas de los 60 y 70, más otros 14 casos ocurridos de entonces a la fecha y sólo en dos de ellos ha habido sentencias condenatorias, “mismas que se encuentran en apelación”.
Otro dato que ilustra la poca atención prestada al tema es que, de los 64 mil casos que ha atendido la Suprema Corte desde 1995, sólo uno se relacionaba con desaparición forzada, aunque no sobre la responsabilidad penal de algún acusado, “sino que se trató de una controversia constitucional sobre la aplicación de un tratado internacional”.
Las leyes
La ONU puso de manifiesto su “preocupación” ante las dificultades que la “estructura federal” crea para implementar acciones efectivas contra la desaparición forzada en todo el territorio nacional, en buena medida por la falta de una ley general “que regule todos los aspectos de la desaparición forzada”.
Así, por ejemplo, mientras ocho estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, DF, Guerrero, Nayarit y Oaxaca) han incluido este delito en sus respectivos códigos penales, en los restantes 24 la desaparición forzada no es vista como un delito “autónomo”, y por lo tanto es enfrentado como abuso de autoridad, detención arbitraria, delitos contra la administración de la justicia o secuestro, en las que la “severidad de la pena” no resulta apropiada. Incluso, subraya, algunas víctimas “son simplemente consideradas como extraviadas o perdidas, particularmente en grupos como mujeres, menores y migrantes”.
Además, resalta el grupo de expertos de la ONU, aún en aquellas entidades donde este delito ha sido tipificado, se emplean definiciones incompletas, en las que no se contempla la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean cometidas por grupos criminales, bajo auspicio de autoridades.
Otro fallo legal que impide prevenir las desapariciones forzadas, subraya el documento, es la falta de normas, estatales y federales, que regulen el uso de la fuerza pública, de lo cual es ejemplo que la ley en la materia avalada en 2009 por la Cámara de Diputados “está pendiente de aprobación en el Senado”, mientras que otras reformas legales, como la de 2008 en materia penal, destinada a combatir el crimen organizado, “socavan la protección en contra de las desapariciones forzadas”.
El Grupo de Trabajo de la ONU hace referencia en particular a la consagración del arraigo, ya que el paradero las personas que son sometidas a éste “es frecuentemente desconocido”, lo que los expertos calificaron como “desaparición transitoria”.
Los militares
Dado que en diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón decidió involucrar a las Fuerzas Armadas en la guerra contra el crimen organizado, “no es de extrañar –señala el informe de la ONU– que el número de quejas recibidas por la CNDH relacionadas con la Secretaría de la Defensa Nacional haya aumentado de 182 en 2006, a mil 230 en 2008; a mil 791 en 2009; y a mil 415 en 2010”.
Durante su vista a México, el Grupo de Trabajo asegura haber recibido “información creíble” sobre desapariciones fozadas cometidas por militares en Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
Además, otros abusos cometidos en los últimos años por militares pueden encajar con la definición internacional de desaparición forzada “por cortos periodos de tiempo, particularmente detención de civiles que no son presentados inmediatamente al Ministerio Público, sino trasladados a instalaciones castrenses, donde, según la información proporcionada a la ONU, han sido interrogados por soldados, torturados o sometidos a tratos inhumanos.
En estos casos, subraya, “supuestamente no se habría reconocido la detención y sólo después de varios días se habría presentado a la persona detenida ante las autoridades civiles”.
En torno a la actuación militar, remata el informe, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional ha aceptado todas las recomendaciones en su contra emitidas por la CNDH, en el caso de las desapariciones forzadas no hay ningún sancionado.
La justicia
El Grupo de Trabajo de la ONU pone de manifiesto que, “de acuerdo con varias fuentes”, las autoridades que atienden las denuncias de desaparición forzada, “especialmente los agentes del Ministerio Público”, intentan desacreditar a las víctimas, presumiendo su implicación con grupos delictivos sin ninguna evidencia.
Además, hace patente la existencia de “severos problemas” en relación con las investigaciones, incluyendo omisiones, retrasos y falta de debida diligencia.
“Muchos Ministerios Públicos –señala el documento– se niegan a recibir denuncias de desapariciones forzadas, aceptando sólo iniciar actas circunstanciadas, por lo cual no emprenden una adecuada investigación (…) o consignan (los expedientes) por delitos menores y los jueces no utilizan sus atribuciones para reclasificar los delitos.”
También se subraya que en la mayoría de las investigaciones la autoridad no aporta pruebas, y si éstas existen “son aquellas ofrecidas por los familiares”, además de que “un gran número de autoridades” se niegan a iniciar investigaciones antes de que se cumplan 72 horas desde la desaparición, periodo “fundamental para obtener información sobre la suerte o el paradero” de la víctima.
Ya en el campo de los jueces que valoran las desapariciones forzadas, la ONU destaca las deficiencias en la atención de recursos de amparo presentados por familiares de víctimas, ya que “muchos jueces de amparo solicitan al quejoso que identifique a la autoridad responsable, cuando en casos de desaparición forzada la identidad del perpetrador es muchas veces desconocida”.
En tanto que, en otras ocasiones, los jueces “requieren a los familiares identificar el lugar donde se encuentra la persona detenida y la ratificación de la demanda de amparo por la víctima directa”, requisitos ambos imposibles de cumplir dada la naturaleza misma de una desaparición.
La guerra sucia
En 2001, la CNDH documentó 532 casos de presuntas desapariciones forzadas como producto de la represión política de las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, en 275 de los cuales se contó con pruebas de que la víctima sufrió “detención, interrogatorio y una posible desaparición forzada perpetrada por funcionarios públicos”, y a partir de estas conclusiones el gobierno del entonces presidente Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Esta fiscalía, dependiente de la PGR, investigó 797 casos de desaparición forzada, sin embargo, para marzo de 2011, cuando el grupo de expertos de la ONU visitó México, la Procuraduría General de la República informó que sólo se emprendieron 298 averiguaciones previas, de las que 149 ya fueron cerradas: en 69 casos el organismo federal determinó no emprender acciones penales contra nadie, en otros 29 casos se declaró incompetente, 27 los sumó a otros procesos penales y una más se encuentra “en reserva”, a la espera de nuevos elementos.
Además, algunos de los casos investigados por la PGR fueron luego turnados a la Procuraduría Militar, pero “el procurador de Justicia Militar no informó al Grupo de Trabajo sobre ningún caso que haya resultado en la condena de algún elemento”.
Cinco años después de su creación, en 2006 la FEMOSPP fue formalmente cerrada y, aunque “fue la única vía abierta por el Estado (…) no garantizó el derecho a la verdad y la justicia”, afirma el informe de la ONU.
Recomendaciones de la ONU
Tras la visita realizada en marzo de 2011, el Grupo de Trabajo de la ONU concluyó que “pareciera que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desaparición forzada”, por lo que formuló en su informe una serie de recomendaciones, que a continuación se resumen:
– Como primer paso, el Estado mexicano debe reconocer la dimensión del problema para, en segunda instancia, generar bases de datos desagregados por sexo, edad, lugar y autoridad presuntamente involucrada, “para desarrollar políticas de prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación del daño”.
– También pide que el gobierno mexicano reconozca la competencia del Comité sobre las Desapariciónes Forzadas, creado a partir de la Convención Internacional en la materia, así como garantizar que todos los instrumentos internacionales relacionadas “se cumplan y apliquen en forma efectiva en todo el país”.
– En el ámbito legislativo, sugiere tipificar el delito de desaparición forzada en los 24 códigos penales estatales en los que aún está ausente y aprobar una ley general en la materia. Además, recomienda eliminar la figura del “arraigo”, tanto a nivel federal como estatal.
– Uno de los puntos más destacados es la recomendación de “considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública” y garantizar la “completa identificación” de todas las autoridades implicadas en la detención de personas.
– Asimismo, plantea la necesidad de “garantizar la jurisdicción de los tribunales civiles en todos los asuntos relacionadas con las desapariciones forzadas (…) independientemente de que el perpetrador sea personal militar”.
– En relación con la Guerra Sucia, los expertos de la ONU sugieren establecer mecanismos para que la investigación de los casos pendientes pueda retomarse, así como que los archivos militares relativos a este periodo de la historia moderna mexicana pasen al Archivo General de la Nación, “garantizando el libre acceso del público”, así como sistematizar el acceso a los expedientes de la extinta Dirección Federal de Seguridad y de la propia FEMOSPP.
– Además, pide al gobierno mexicano “desvelar los nombres de las personas que participaron en actos de desaparición forzada, de acuerdo a la información que obra en la CNDH” desde 2001.
– Por último, se pide al Estado aceptar todas las recomendaciones de la CNDH relacionadas con el secuestro de migrantes (más de 20 mil entre 2009 y septiembre de 2010), así como generar condiciones de seguridad para mujeres, menores de edad y periodistas, los tres grupos que considera en mayor vulnerabilidad ante la desaparición forzada.
