Los funcionarios de la AFI que participaron en el montaje de captura de Florence Cassez, así como las autoridades ministeriales que no avisaron con tiempo de su detención a los representantes consulares de su país, sí violaron los derechos humanos de esta ciudadana francesa sentenciada por un tribunal mexicano a pagar una condena de 60 años de cárcel por el delito de secuestro.
A esa conclusión llegaron cuatro de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN), quienes -en sesión de Primera Sala- ayer rechazaron la propuesta del ministro Arturo Zaldívar para liberar inmediatamente a Cassez. En su proyecto, el ministro consideraba que el montaje de su supuesta captura había generado un “efecto corruptor” en toda la investigación, lo que vició el caso.
Los ministros Ramón Cossío, Olga Sánchez y Arturo Zaldívar se mostraron a favor de concederle el amparo a Florence. Sánchez y Zaldívar apoyaron la idea de liberarla inmediatamente, mientras que Cossío solicitó que el expediente fuera regresado al Tribunal que le dictó sentencia para que lo revisara de nuevo. Los ministros Guillermo Ortiz y Jorge Pardo votaron en contra de otorgarle el amparo. En el caso de Pardo, consideró que con el montaje y la tardanza para informar a las autoridades consulares de la detención de una de sus ciudadanas, se violaron los derechos humanos de Cassez. Aún así rechazó que las violaciones viciaron todo el proceso, como lo planteó el ministro.
Por investigar “violaciones”
De los cuatro ministros que reconocieron las violaciones cometidas por la AFI y el Ministerio Público durante el operativo de captura y el inicio de la averiguación previa, Pardo fue el que mayor énfasis hizo en la necesidad de investigar las anomalías cometidas.
“El montaje a fin de cuentas fue evidenciado y reconocido por las autoridades que lo llevaron a cabo”, comentó Pardo, no sin antes pedir sanciones para los responsables de los actos reclamados.
Los ministros finalmente rechazaron la propuesta presentada por Zaldívar, pero acordaron que sea otro ministro en esa primera sala el que estudie el caso y presente un nuevo proyecto para discutirlo.
“Error en el oficio”
Así le llamaron los agentes que participaron en la detención de Cassez. Lo hicieron cuando acudieron a declarar ante el Ministerio Público (MP) por la investigación que había iniciado la Visitaduría General de la AFI, por el montaje denunciado por Cassez.
El 1 de marzo de 2006, casi tres meses después de su detención, los policías le dijeron al MP que investigaba estos hechos, que no se trató de un montaje. Que la diferencia de horas entre lo dicho por la detenida y ellos, es que todo se había tratado de un “error en el oficio” de la puesta de disposición de Cassez, pues su detención no había ocurrido a las 5 a.m del 9 de diciembre de 2005, sino que había sido entre 4:oo y 4:35 a.m.
Además, declararon que el rescate de las víctimas ocurrió aproximadamente entre las 6:25 y 6:30 a.m. También reconocieron que fue Israel Vallarta quien permitió el acceso al Rancho “Las Chinitas” y que, posterior a eso, “Cassez y Vallarta fueron conducidos al lugar donde se encontraban las víctimas, donde permanecieron durante el operativo”.
Los policías y directivos de la AFI que participaron y ordenaron el montaje televisivo, así, cerraron el capítulo de esta investigación interna en la que no hubo culpables. Una solicitud de transparencia hecha por Animal Político a la Secretaría de la Función Pública, dependencia encargada de investigar los delitos cometidos por funcionarios públicos, confirmó la “inexistencia” de sanciones contra el entonces director de la AFI por estos hechos.
Los responsables
A decir de la defensa de Cassez, dos los funcionarios que mayor responsabilidad tuvieron por la orquestación de este montaje, fueron Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), y Luis Cárdenas, encargado de la División de Seguridad Regional de la SSPF. Cuando ocurrieron los hechos, García Luna era el director de la AFI, mientras que Cárdenas se desempeñaba como director de investigación policial de la agencia. En el análisis que hizo el ministro Zaldívar del montaje televisivo, encontró que Cárdenas era la persona que le apretaba el cuello a Israel Vallarta.
Tanto García Luna como Cárdenas, han escalado posiciones importantes en la administración pública en los últimos seis años.
En el caso de García Luna, después de dirigir la AFI y recibir tres premios INNOVA –premio que otorga el gobierno mexicano a las prácticas exitosas de innovación en la Administración Pública Federal-, entre estos el de 2005 por la práctica “Investigación de secuestro en Tiempo Real”, fue nombrado el 1 de diciembre de 2006 secretario de Seguridad Pública Federal, cargo que sigue desempeñando. Cárdenas, por su parte, ha ocupado varias posiciones en la SSPF desde que se separó de la AFI. Primero fue director general de seguridad privada de la secretaría, después fue designado coordinador de inteligencia para la prevención del delito de la policía federal (PF). Actualmente es titular de la división de seguridad regional de la PF. Ente los reconocimientos otorgados a Cárdenas se encuentra el “Mejor Policía de México” en 2010 y el Premio Innova 2005 por la implementación de “Tecnología de Punta para la Identificación y Desarticulación de bandas delictivas”.
