Tres estampas mexicanas de la discriminación racial

El desconocimiento oficial sobre las características y necesidades de la población afrodescendiente, así como las dificultades sistemáticas para que los indígenas accedan a la justicia, son los rasgos más destacados de la discriminación racial en México, tal como se desprende de los informes que, a mediados de febrero pasado, rindieron ante la Organización de las Naciones Unidas tanto el gobierno del presidente Felipe Calderón como distintas agrupaciones defensoras de los derechos humanos del país.

Encabezada por Ricardo Bucio, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la delegación mexicana que viajó a Ginebra resumió ante el Comité de la ONU en la materia los progresos alcanzados en el presente sexenio en la atención del “maravilloso mosaico” pluricultural mexicano, en tanto que distintas agrupaciones civiles rindieron “informes sombra”, tal como los definió el mismo Bucio, con el objetivo de atemperar el reporte oficial y poner énfasis en las tareas que aún quedan pendientes.

A continuación, Animal Político te resume los argumentos expuestos por ambas partes, durante el encuentro con el Comité de la ONU para Prevenir la Discriminación Racial.

Invisibilidad afromexicana

A seis años de que el Comité contra la discriminación racial de la ONU pidiera al gobierno mexicano generar información sobre las comunidades de descendientes africanos asentadas en el país, que permitieran no sólo conocer su actual estado, sino, sobre todo, desarrollar políticas efectivas para su atención, Ricardo Bucio, titular del Conapred, debió reconocer el pasado 14 de febrero que, a la fecha, son pocos los progresos en esta materia.

Según la Conapred, se estima que en México la población afrodescendiente es de 450 mil personas, la mayoría asentados en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, así como en Tabasco, Chiapas, además de una “importante presencia” de afromexicanos en Veracruz, Michoacán, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.

Sin embargo, se carece de certeza en torno a dichos datos, ya que el INEGI no tiene registro de la población afrodescendiente y, cuando en 2010 se le solicitó recabar información sobre este sector de la población, a través de su censo nacional, la institución declinó la petición, a pesar de que había sido formulada por representantes de comunidades afrodescendientes mexicanas y apoyada por el Conapred.

“Es necesario reconocer –señaló Bucio– que dicha información no se generó en el reciente Censo 2010″. Sin embargo, adelantó, el INEGI “llevará a cabo un estudio muestral” para identificar las características de la población afromexicana, aunque no especificó cuándo.

Ya con antelación, el Conapred había reconocido que “los pocos datos existentes conllevan a una seria dificultad para diseñar programas y medidas en favor de una incorporación más igualitaria (de la población afrodescendiente) con base en las necesidades particulares de este grupo, para que también sean destinatarios de las ventajas de vivir en una sociedad ordenada”.

Además, añade su portal de internet, “la invisibilidad (de este sector poblacional) facilita la violación de derechos y libertades (…), aumenta la vulnerabilidad, se fomenta la repetición de la exclusión y la discriminación en el acceso a derechos y oportunidades”.

Al respecto, la agrupación Amnistía Internacional recordó al Comité de la ONU para la Prevención de la Discriminación Racial que los afromexicanos no están reconocidos por ningún ordenamiento nacional, no se les contempla ni siquiera en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de hecho, la única entidad federativa que les menciona en su carta magna es Oaxaca.

Justicia para indígenas

En 2008, Isabel Almaraz recuperó su libertad, tras permanecer seis años en prisión, en espera de una sentencia que, al final del proceso, fue de tres meses de cárcel; esto quiere decir que Isabel purgó 25 veces su condena.

Esta indígena zapoteca fue acusada de secuestrar a un menor, pero ninguna prueba había en su contra, ni siquiera sus presuntos cómplices la reconocían como partícipe en el plagio y, de hecho, había pruebas de que durante el tiempo en que se perpetró el delito, ella estaba fuera de Oaxaca, cuidando a su madre hospitalizada.

 

Isabel

Pese a ello, a Isabel un juez la consideró culpable, con base en el reconocimiento del crimen que, a través de una confesión por escrito, presentó en su contra la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, y a partir de la cual fue condenada a purgar tres meses de prisión, siendo que llevaba presa más de seis años.

Dicha confesión, cabe destacar, venía escrita en español, lengua que Isabel no domina, pues ella habla zapoteco, además de que, aunque no recibió apoyo de ningún defensor de oficio, tal documento incluía una rúbrica en el espacio destinado para la firma del defensor.

Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, este caso de fabricación de pruebas es un ejemplo del tipo de los procedimientos recurrentes que las procuradurías y los jueces estatales mexicanos aplican contra la población indígena, a la cual se le niega el acceso a intérpretes y abogados y, por lo tanto, a una defensa adecuada.

El caso de Isabel fue presentado por el Centro Pro Juárez ante el Comité de la ONU, en atención a las afirmaciones del titular del Conapred, quien informó a esta instancia internacional que en México “se ha avanzado en la elaboración de leyes locales contra la discriminación en la mayoría de las 32 entidades federativas (17, en total), que ya reconocen este derecho en la constitución local, en leyes específicas contra la discriminación en sus códigos penales”.

El otro ejemplo planteado a la ONU es el de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, quienes en 2009 ocupaban los dos cargos de mayor importancia entre las autoridades comunitarias de Atla, Puebla, cuando fueron detenidos por el presunto robo con violencia de un automóvil.

Tras una década de promover el aprovechamiento comunitario de los manantiales de agua locales, en su calidad de autoridades comunitarias, José Ramón y Pascual recibieron en 2009 la denuncia de algunos ejidatarios que, el 22 de octubre de ese año, habían sufrido un intento de atropellamiento, cuando regresaban al poblado después de realizar faenas comunitarias en el panteón local.

 

José Ramón y Pascual

Luego de la agresión, el conductor fue perseguido por policías municipales del municipio de Pehuatlán, al que pertenece Atla, hasta que logró huir a pie, abandonando el vehículo que poco después recuperó, tras pagar una multa y, asimismo, tras firmarse un acuerdo conciliatorio ante las autoridades comunitarias, en el que éstas declinaban cualquier acción penal contra el agresor. El acta venía firmada por José Ramón y Pascual.

Diez días después, ambos fueron detenidos por agentes estatales, bajo la acusación de robo de auto con violencia y condenados a seis años de cárcel, por el juez Juventino Hernández Flores, quien meses después fue destituido de su cargo por presunta asociación delictuosa.

Mientras José Ramón y Pascual permanecen recluidos, el proyecto que impulsaban para la dotación gratuita de agua potable a los habitantes de Atla quedó suspendido.

“Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el Estado mexicano respecto de la población indígena –reconoció Busio–, es el derecho al acceso pleno a la justicia“.

Avances sin impacto “inmediato”

Al presentar su informe ante el Comité para la Prevención de la Discriminación Racial de la ONU, el titular de la Conapred destacó como “avances”, de 2006 a la fecha, la aprobación, en 2011, de la “mayor ampliación de derechos de las personas en el marco jurídico nacional”, que incluyó el reconocimiento constitucional de los derechos humanos, elevando a rango de la Carta Magna los tratados internacionales en la materia, y marcando una clara prohibición de la discriminación.

Además, subrayó, se otorgó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultad de investigar “violaciones graves” a las garantías individuales y se estableció la educación en materia de diversidad cultural en todo el país.

Asimismo, señaló Bucio, se amplió la prohibición de la discriminación “incluso a las preferencias sexuales”, y se estableció un mecanismo de audiencia para extranjeros expulsados del país.

No obstante, en contra de los comportamientos racistas en México, “los avances en el marco legislativo no han modificado de inmediato la realidad nacional”, admitió el titular del Consejo nacional para Prevenir la Discriminación.

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