Tan pronto como la Cámara de Diputados apruebe la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que el pasado lunes fue avalada por el pleno del Senado, en México aplicará una nueva definición de exclusión social, más estricta que la actual y acorde con las convenciones internacionales firmadas en la materia, además de otras disposiciones con las que se pretende…
A continuación, Animal Político te presenta las novedades incluidas en la ley, y que fueron promovidas por los senadores Rosario Ibarra, Renán Zoreda, José Luis García, Manuel Velasco y Alfonso Elías Serrano:
1. Nueva definición
Ya desde que fue establecida la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en 2003, ésta se definía como “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas (y) también se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.”
Además de los anteriores criterios para identificar un acto de discriminación, la reforma aprobada esta semana en el Senado añade aquellas distinciones basadas en la homofobia, la misoginia, la apariencia física, el género, las características genéticas, la situación migratoria, la identidad o filiación política, la segregación racial o cualquier otra “forma conexa de intolerancia” que ataque la dignidad humana o impida el cabal ejercicio de los derechos humanos.
La reforma, además, deja explícitamente sentada la prohibición de cualquier acto de discriminación, y aclara que ésta puede darse lo mismo “por acción” que “por omisión”.
Con esta nueva definición, explicó Ricardo Bucio, titular del Conapred, “se homologaría la descripción de discriminación aplicable en México con aquella plasmada en la Convención Internacional de Discriminación Racial, algo que, de hecho, la ONU recomendó al Estado mexicano concretar justo el mes pasado.”
2. Garantías concretas
Con el objetivo de que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación no se limite a enunciar derechos, sino también medidas que garanticen su ejercicio, con la reforma le fueron añadidas medidas de “igualación, inclusión y acciones afirmativas” que otorguen condiciones de “igualdad real” en el trato otorgado a todas las personas.
De lo que se trata, explicó Bucio, es de “dar ciertos beneficios o apoyos a los grupos en situación de discriminación” y orientar el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas emprendidas con este fin en todas las dependencias del gobierno federal.
Así, señala la reforma, las medidas de igualación e inclusión obligan a las autoridades federales a eliminar “barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo” que impiden el goce de los derechos de los distintos sectores de la población, en tanto que las acciones afirmativas están orientadas a corregir situaciones de desigualdad en favor de grupos que enfrentan una situación de vulnerabilidad específica, como los indígenas, los discapacitados, las mujeres, la infancia, la población afrodesdenciente o los adultos mayores y, se aclara, éstas deben ser temporales, en la lógica de que su objetivo es erradicar la inequidad que les dieron origen.
Esta nueva perspectiva, añadió Bucio, “permitirá crear políticas públicas expresamente con contenidos antidiscriminatorios, de igualdad entre los grupos de la población, y contrarrestará esa idea de que los grupos en situación de vulnerabilidad lo que requieren es siempre apoyos del Estado pero no mecanismos específicos para que puedan ejercer cada uno de los derechos”.
3. Los particulares
Dado que 70% de las denuncias de presuntos actos discriminatorios que recibe el Conapred van dirigidas contra particulares (empresas, escuelas, comercios, transportes), la reforma dota al organismo de más atribuciones para actuar en estos casos ya que, afirmó su titular, “hoy en día el Consejo tiene posibilidades de acción muy amplias contra funcionarios públicos, pero ante los particulares es muy débil”.
Así, con esta reforma el Conapred adquiere nuevas atribuciones para proceder en contra de ciudadanos que incurran en actos discriminatorios, con la misma dureza que lo puede hacer contra funcionarios, y para ambos se prevé que, de comprobarse la falta, se apliquen “medidas reparadoras”, consistentes en la restitución del derecho violentado; una compensación por el daño ocasionado; amonestaciones públicas; la obligatoriedad de rendir disculpas, de forma pública o privada; así como la garantía de que el hecho discriminatorio no será repetido.
Cabe destacar que, a diferencia de los organismos de derechos humanos, el Conapred está autorizado por la ley para emitir “resoluciones vinculantes”, es decir, de cumplimiento obligatorio, y a las que ya no sólo estarán sujetos los servidores públicos, sino también los particulares a los que se les compruebe haber discriminado.
4. Iniciativa discriminada
En el presente sexenio, al menos en 19 ocasiones se ha intentado aplicar reformas a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, sin que ninguna haya logrado concretarse, “lo que da cuenta de la falta de importancia que ha dado el Congreso a este tema”, se lamentó el titular del Conapred, organismo que el pasado miércoles emitió un exhorto a la Cámara de Diputados para que, tal como hizo la de Senadores, apruebe la más reciente iniciativa de modificaciones en el presente periodo de sesiones, que concluye el lunes 30 de abril, para evitar que quede estancada, como ha ocurrido con los anteriores intentos.
“Hemos tenido acercamientos con distintos representantes de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados –remató Bucio–, pero lo que representa la mayor fortaleza del Conapred es, también, su mayor debilidad: la autonomía, porque pareciera que al no estar arropado por ninguna fuerza política en particular, no hay quien asuma el tema de la discriminación y lo empuje hasta su aprobación definitiva, por lo que yo esperaría que los legisladores asuman y cumplan el compromiso que tienen con la ciudadanía y con la defensa de sus derechos.”
