Los “maleantes” asechan la “tierra azteca”; desde otras “galaxias” se sabe de la urgencia de modificar el sistema de seguridad y actuar contra los malhechores. Se sabe también sobre la llegada de una o un “superhéroe” que salve a la nación tricolor de la inseguridad, el crimen organizado y las carencias de un sistema de procuración de justicia rebasado.
Ante el llamado arriban cuatro con sus trajes estilo Batman, Superman, Spider-man, Mujer Maravilla, Linterna Verde o Capitán América.
Los nombres de estos personajes aztecas: “Súper Josefina”, “Súper Andrés”, “Súper Enrique” y “Súper Gabriel”. Cada uno con sus poderes dicen poseer el poder que cambie la realidad de más 112 millones de mexicanos.
“Súper Josefina” con falda azul y unas enormes letras blancas que dicen PAN sobre su pecho, echa mano de sus poderes para que sea la elegida el 1o de julio próximo.
Su estrategia es continuar la línea de acción actual para hacerle frente al narcotráfico y el crimen organizado, nombrar a un Ministro del Interior para asuntos de Justicia y un Ministro en materia política y crear Consejos Ciudadanos para instaurar el Gobierno Corporativo en los Cuerpos de Policía.
“Súper Andrés”, que no se ha quitado su traje amarillo desde hace seis años y portando un escudo la imagen de un enorme sol por encima de las siglas PRD, en cambio promete retirar gradualmente al Ejército y la Marina del combate al narcotráfico.
Dice que no se les utilizará para resolver conflictos de orden social o para suplir la incapacidad del gobierno civil y “mucho menos para reprimir al pueblo”. Su as bajo la manga: Desmilitarizar a la policía y en su lugar, acercarla a la sociedad civil.
Tiene rayos ultravioleta para establecer un registro nacional de víctimas del delito y garantizar la reparación del daño, y de la incorrecta acción de la justicia a los procesados indebidamente.
“Súper Enrique”, que porta un traje blanco y rojo con una enorme capa verde y las letras PRI, tiene un antídoto con el que dice, creará un centro de inteligencia único que concentre, sistematice y ofrezca a las autoridades competentes toda la información necesaria para la efectiva lucha contra el crimen organizado.
Asegura que este mismo artefacto le ayudará a crear órganos de procuración de justicia y de policía especializados en la lucha contra el consumo y tráfico de drogas.
Se aliará con una policía especializada para el combate a los delitos de homicidio, secuestro, extorsión y trata de personas y que él mismo creará.
Llegan por cielo y tierra, andan por todo los rincones del suelo azteca desee hace ya más de una veintena de días, mostrando los “súper poderes” que presumen poseer. Lo malo, es que ni “súper héroes”, ni “super propuestas” que realmente parezcan efectivas en el tema de seguridad, porque al parecer sus estrategias están reprobadas.
En el “cuartel” llamado Arena Electoral, los planes de cada uno fueron revisadas. Cinco expertos en la materia de seguridad determinaron apreciaciones reprobatorias para los “súperpoderes” estos personajes, de entre quienes está el futuro de la “tierra Azteca”.
Conoce algunos puntos de las propuestas de los candidatos…
La panista
Transformar el modelo de seguridad reactivo-punitivo, por otro preventivo, correctivo y proactivo, que incorpore los trabajos de inteligencia en la planeación de las estrategias de seguridad, superando el paradigma policiaco de la seguridad pública por el de la prevención política, económica y social de la violencia y la delincuencia.
Pugnar porque los estados y municipios cumplan plenamente con sus obligaciones, de crear los centros de rehabilitación previstos en la Ley General de Salud.
Implementar como parte de la rehabilitación contra las drogas y el alcoholismo, la creación de centros de artes y oficios
Insistir en los instrumentos pertinentes para erradicar, en medios de comunicación, la publicidad que promueva la pornografía, la prostitución y la trata de personas.
Intensificar el proceso de depuración del personal que labora en las instituciones de seguridad pública.
Fortalecer el marco jurídico para establecer mayores sanciones a las autoridades responsables de la seguridad pública, por tortura y abuso de poder
Establecer mayores sanciones, incluso cadena perpetua, a los funcionarios públicos o de elección popular que se coludan con el crimen organizado.
Continuar con la aplicación del nuevo modelo policial respetando el federalismo, sometido a un riguroso mecanismo de certificación.
Promover el respeto irrestricto a los derechos de los elementos de las fuerzas policiales y militares.
Impulsar las reformas que doten a las autoridades de las herramientas para que se pueda ubicar de manera pronta a un secuestrado, su captor o a un extorsionador, mediante el uso de aparatos de comunicación satelital.
Transformación de los centros penitenciarios, con el fin de separar a la delincuencia de alta peligrosidad de la delincuencia común.
El perredista
Desarrollo de una política contra el crimen enfocada a la prevención del delito, al abatimiento de la impunidad, a reducir el número de muertes y de lesionados, a la preservación de la libertad y la integridad de las personas y a la defensa de sus derechos patrimoniales.
El Presidente de la República tendrá reuniones diarias con el gabinete de seguridad.
Terminar con la protección policíaca y financiera que sostiene al crimen organizado, así como procesar a los funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción.
Crear el Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito, generando propuestas y evaluando el desempeño en la materia
Fomentar la participación ciudadana en los observatorios y monitores civiles
Garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos.
Llevar a los hechos la readaptación y la reinserción sociales.
Contemplar la prisión preventiva sólo para los delitos graves y revisar a fondo las disposiciones y prácticas en materia de medidas cautelares en el procedimiento penal – entre ellas, pero no exclusivamente, el llamado “arraigo” – a la luz de las garantías que otorga, el sistema legal mexicano y lo dispuesto por el régimen internacional en materia de derechos humanos.
Implementar el mismo sistema de seguridad pública que funciona en el gobierno del Distrito Federal.
Todas las dependencias trabajarán coordinadamente, habrá mando único y acciones conjuntas con autoridades estatales y municipales.
Vincular la política social y el empleo en zonas críticas para canalizar recursos a educación, salud, desarrollo comunitario, empleo, prevención y erradicación de la violencia de género y trabajo social con jóvenes en situación de riesgo, acorde a una política integral y progresista de la prevención que tenga como ejes la seguridad humana, la convivencia y la cohesión social.
Persecución del delito de lavado de dinero en sinergia con los cuerpos de inteligencia civil.
Llevar a cabo una evaluación sobre cuál debe ser la política antidrogas con expertos e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, y con los representantes políticos y legislativos de gobiernos de AL sobre las alternativas para combatir al narcotráfico, incluyendo la valorización de la despenalización de la utilización del tetrahidrocannabinol.
Vigilar que los cuerpos de seguridad y procuración de justicia no recurran a la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones.
Impulsar reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
El priista
Alentar la participación de la sociedad en todas las acciones orientadas a la seguridad pública y a recuperar la paz social.
Incrementar del 1.5% al 5% del Producto Interno Bruto al combate a la inseguridad.
Consolidar el sistema de juicios orales.
Replantear el sistema penitenciario
Garantizar que los reos de baja peligrosidad no se mezclen con otras personas que comenten delitos más graves.
Crear 32 policías únicas y academias regionales para profesionalizar policías.
Adoptar una política de Estado y desarrollar una estrategia transversal, que ponga prioridad en la prevención, aliente y facilite la participación social, y tenga un enfoque y visión regional a nivel internacional.
Valorar la propuesta de establecer mecanismos de auditoría ciudadana que coadyuven a mejorar los programas de seguridad pública y procuración de justicia.
Preservar la vida y la integridad de las personas, de sus familias y su patrimonio, así como disminuir la violencia y elevar la eficacia con la que se combate al crimen organizado.
Aplicar una estrategia que tenga como soporte el respeto a los derechos humanos.
Mejorar la estructura y funcionamiento de los órganos encargados de la procuración y administración de justicia.
Asegurar que la actuación del Ministerio Público sea ajena a todo tipo de criterios que no sean de orden técnico jurídico
Consolidar el Programa Nacional de Prevención del Delito como un eje estratégico de la lucha anticrimen.
Combatir los circuitos financieros del dinero de origen ilegal con una mayor actividad de las instancias hacendarias e instrumentos de cooperación internacional.
La voz de los expertos…
JVM
Aciertos:
Toca la parte de aplicación de la ley y combate a la corrupción e impunidad.
Contempla una parte preventiva.
Propone fortalecer el sistema municipal.
Desaciertos:
Propuesta desordenada.
Referencias genéricas sobre coordinación entre gobierno federal y gobiernos estatales y municipales.
Sin claridad el futuro de los operativos federales.
No hay claridad sobre el número óptimo de cuerpos policiales.
Contiene objetivos difícilmente realizables en 6 años.
No dice mucho de la “prevención, política, económica y social de la violencia y la delincuencia”.
Falta una visión de largo plazo que se centre más en la prevención social.
No establece mecanismos para lograr la defensa y promoción de derechos y prevención.
No tiene un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la criminalidad ni la seguridad pública
No tiene factibilidad política, presupuestal ni institucional.
AMLO
Aciertos:
Acierta cuando dice que hay que priorizar los castigos de acuerdo al delito.
Plantea opciones como la despenalización de drogas.
Contiene elementos de fortalecimiento de los derechos humanos y las garantías individuales, mediante mecanismos de control contra las acciones ilegales de servidores públicos.
Propone la protección de las personas y en especial de los defensores de derechos humanos.
Tiene un esbozo de política en materia de género.
Desaciertos:
General y no responde a preguntas fundamentales sobre la política de seguridad.
No hay ninguna propuesta para mejorar la coordinación con los gobiernos estatales y municipales.
No expone acelerar la transformación de las instituciones locales.
Hay pifias puntuales: habla de valorar “la despenalización de la utilización del tetrahidrocannabinol”, pero la sustancia “prohibida” no es el tetrahidrocannabinol, es el cannabis y además el uso (no la producción o el comercio) del cannabis ya está despenalizado.
Muy deficiente, excesivamente ideal, poco pensado, y poco conectado con la realidad en esta área de política.
No parece propuesta de seguridad pública, sino defensa de los derechos políticos.
Propaganda política con algunos puntos operativos no viables económicamente.
Muchos de los puntos específicos no están en manos solo del Ejecutivo.
Poco clara en la parte del presupuesto que se requiere para “educación, salud, desarrollo comunitario, empleo, prevención y erradicación de la violencia de género y trabajo social con jóvenes en situación de riesgo”.
Tiene el problema de que el respeto a la ley se subordina a la prioridad de “no reprimir al pueblo”.
Es ingenua al pensar que el combate al lavado de dinero va a cambiar el panorama radicalmente.
No aclara bajo qué condiciones las fuerzas armadas se retirarán del combate al narcotráfico.
No tiene diagnóstico del estado en que se encuentra la procuración de justicia ni los delitos.
No presenta un diagnóstico del gasto público.
No establece mecanismos específicos de participación ciudadana.
Propone implementar el mismo sistema del D.F. sin especificar por qué.
Propone algunas medidas contra la corrupción e ineficiencia, pero solo en el poder judicial.
EPN
Aciertos:
La erradicación de las actividades económicas informales vinculadas a la delincuencia organizada.
Énfasis en el uso de la tecnología para fortalecer a las policías.
Desaciertos:
Propuesta particularmente floja.
Los objetivos son tan genéricos que resultan irrelevantes.
No hay una sola palabra sobre los problemas de coordinación del gobierno federal y los gobiernos estatales.
No habla sobre el fortalecimiento de las instituciones estatales.
No se entiende cual es la diferencia entre la policía especializada propuesta y la Policía Federal.
No expresa como meta el corolario obvio: dotar de autonomía al Ministerio Público.
Es una propuesta que muestra muy poca reflexión seria sobre el tema.
Contiene aspectos incumplibles.
Otros puntos no hacen diferencia con lo que ya se hace en la estrategia presente.
Algunos aspectos se presentan como condicionales o como favores, por ejemplo, el de “Valorar la propuesta de establecer mecanismos de auditoría ciudadana…”. ¿Acaso los ciudadanos no pueden “auditar”?
No se percibe una diferencia de fondo en la “estrategia” o “acciones”.
Nueve acciones propuestas son obviedades, incluso, obligaciones legales.
La propuesta es general y escueta.
No toca aspectos fundamentales como el combate a la corrupción en las policías y poder judicial.
Pone muchas esperanzas en el combate al lavado de dinero.
No parte de un diagnóstico del fenómeno de la delincuencia ni mucho menos de la situación en que se encuentra el sistema de procuración de justicia.
Sus propuestas son vagas.
No indica cómo y cuándo podría aplicar cada medida.
No tiene contenido de respeto serio a los derechos humanos ni a la prevención del delito.
No contempla temas de género.
La participación ciudadana es declarativa.
No tiene un diagnóstico de los recursos materiales y monetarios necesarios.
GQT
Aciertos:
Presenta la necesidad de conectar la política social con la de seguridad pública.
Desaciertos:
Esta propuesta es inútil.
Confunde el diagnóstico con la prescripción.
No pasa de lugares comunes gastadísimos.
No atiende en modo alguno la mayoría de los temas fundamentales (por ejemplo, la reforma al sistema de justicia penal o la transformación del Ministerio Público).
No tiene sentido de proporción (ej., a costos actuales, multiplicar por 10 el tamaño de la Policía Federal implicaría dedicarle el 15% del gasto federal programable).
El candidato no ha pensado con seriedad sobre el tema.
No le importa enviar como plataforma una ensalada de ocurrencias, ideadas al vuelo por algún asesor de tercer nivel.
Hay puntos opacos.
No explica qué se haría con las policías estatales.
No es claro el punto sobre una policía única.
Propuesta ambigüa.
Son planteamientos muy generales.
No se menciona cómo se va a generar confianza a nivel local.
El combate a la corrupción no aparece y es central para generar esta confianza en las autoridades.
Lo mismo ocurre con la corrupción en el poder judicial, que no se menciona.
Por último, si bien las medidas de prevención son necesarias, no hay ninguna ponderación sobre el plazo, efecto y los recursos que se le dedicarían.
No se dice con qué recursos se desarrollarían las comunidades pobres.
Parece una propuesta dedicada a criticar sin valorar la política actual ni la situación.
Desconoce y evade un diagnóstico de la situación nacional.
Parece una propuesta sustentada en críticas académicas, con buenos propósitos y sin conocer lo que se ha hacho.
Desconoce el problema del involucramiento del ejército y llega a sugerir modelos policiales únicos y semi-militarizados, como el chileno.
Propone un aumento extraordinario y sin sentido del personal policial.
Desconoce las raíces del problema y la forma de cómo resolverlo.
Sobre los evaluadores…
Dr. Alejandro Hope
Director del proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo) iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa.
Dr. Carlos J. Villalta Perdomo
Doctor en Estudios Urbanos. Profesor investigador titular de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, sus líneas de investigación son: miedo al crimen y violencia, políticas de prevención y control del crimen, criminometría y elementos geográficos y temporales del crimen.
Ing. Jorge Enrique Tello Peón
Maestro en Administración Pública. Especialista en Sistemas y desarrollo corporativo, servicios de información, inteligencia estratégica y seguridad nacional.
Dr. Jorge Chabat
Doctor en Asuntos Internacionales, profesor investigador titular de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Trabaja en temas de democracia y derechos humanos, política exterior de México, así como narcotráfico y seguridad nacional.
Dr. Arturo Alvarado M.
Director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Doctor en Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación son: seguridad pública, justicia y derechos humanos; participación ciudadana, gobernabilidad y democracia en México y América Latina.
Cabe recordar que Arena Electoral es un proyecto de Fundación Ethos busca ser una herramienta dentro del proceso electoral del 2012.
Para consultar las propuestas completas de los candidatos a la Presidencia de México, visita el sitio web de Arena Electoral.
