Los diputados federales aprobaron este lunes expedir una nueva “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero)”, a fin de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Por 342 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, los diputados aprobaron de esta manera la ley que en su momento envió el Gobierno Federal para combatir el lavado de dinero, en la cual se contempla, entre otras cosas, que sean los contadores públicos, abogados, auditores, agentes inmobiliarios, comerciantes de bienes y servicios, fedatarios públicos y otros profesionistas que intervienen en movimientos de capitales financieros, los que denuncien a las autoridades ministeriales las transacciones que pudieran provenir operaciones delictivas.
Antes de aprobar la Ley, los legisladores debatieron los puntos a favor y contra la propuesta. En su participación, el diputado del PT, Mario Di Costanzo, dijo que aún cuando la iniciativa busca mejorar la información para combatir el lavado de dinero, no es el instrumento ideal porque no buscar castigar las evasiones fiscales, cohecho, soborno y, en general, los delitos que generan utilidades.
Por su parte, el diputado del Movimiento Ciudadano, Pedro Jiménez León, vio con buenos ojos que la nueva ley establezca topes para transacciones en efectivo y obligue a los organismos públicos supervisores del sistema financiero a establecer mecanismos para identificarlas. Además, celebró que se conforme la Unidad Especializada de Análisis Financiero en la Procuraduría General de la República (PGR).
La diputada del PRD, Dolores de los Ángeles Nazarez, comentó que el sistema financiero reporta ingresos de 10 mil millones de dólares de procedencia ilícita, de ahí que la nueva Ley atenderá la prevención de operaciones en materia de lavado de dinero del crimen organizado.
La diputada del PAN, Ruth Esperanza Lugo, dijo que el crimen organizado se fortaleció a partir de su poder económico, por lo que el presente dictamen –expresó- permitirá detectar el dinero ilícito que diariamente circula en el sistema financiero del país.
Aquí 10 disposiciones de la nueva Ley contra el Lavado de Dinero aprobado por los Diputados, la cual entrará en vigor antes de finalizar el presente sexenio.
1.-Como espina dorsal de la iniciativa, se propone que sean los contadores públicos, abogados, auditores, agentes inmobiliarios, comerciantes de bienes y servicios, fedatarios públicos y otros profesionistas que intervienen en movimientos de capitales financieros, los que denuncien a las autoridades ministeriales las transacciones que pudieran provenir del lavado de dinero.
2.-En el caso de las instancias bancarias, se les exime de informar sobre millonarios movimientos financieros, bajo el argumento de que los centros financieros ya son regulados e investigados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
3.-La iniciativa busca restringir hasta con 8 mil 025 salarios mínimos (500 mil 198 pesos), las operaciones con dinero en efectivo para la compra de bienes inmuebles.
4.-Prohíbe el pago por más de 6 mil 410 salarios mínimos (399 mil 535 pesos), en la adquisición de vehículos terrestres, marítimos y aéreos.
5.-Se tienen que reportar las adquisiciones de joyas o materiales preciosos por más de 805 salarios mínimos (50 mil 175 pesos).
6.- Se la daría aviso a la Secretaría de Haciendo, cuando un usuario de tarjetas créditos gasté más de mil 285 salarios mínimos (80 mil 94 pesos).
7.-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá que presentar las denuncias penales cuando detecte operaciones irregulares.
8.-La PGR contará con la Unidad de Análisis Financiero, encargada de investigar las operaciones financieras que presuntamente se hagan con dinero ilícito.
9.-El titular de la Unidad de la PGR tendrá las facultades de un Ministerio Público y podrá contar con policías e analistas financieros.
10.- La Unidad, además, tendrá la facultad de solicitar la información que crea necesaria a la Secretaría de Hacienda, así como a dependencias u órganos federales, estatales y municipales que crea convenientes.
