La Jornada publica hoy que el tiempo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuestionó las medidas de austeridad de España, el gobierno contrató a dos agencias para auditar a sus bancos y despejar cualquier duda sobre el valor de la cartera de sus préstamos inmobiliarios, y descartar la necesidad de ayuda externa para sanear el sector bancario.
El Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que vigila el cumplimiento del pacto internacional en la materia, cuestionó por desproporcionadas las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy para enfrentar la crisis, en una resolución pronunciada este lunes en Ginebra.
A la ONU le preocupa que en España 21.8 por ciento de la población vive aún debajo del umbral de pobreza, que el salario mínimo interprofesional (SMI) haya sido congelado desde 2011 a un valor que no permite un nivel de vida digna, y que la crisis económica y financiera haya puesto en peligro la protección y promoción de la capacidad creativa e investigativa del Estado.
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