El Gobierno de Sinaloa informó que son mil 203 familias las que a consecuencia de la sequía, la búsqueda de mejores oportunidades de estudios e ingresos, así como la violencia y la inseguridad, han tenido que abandonar sus comunidades en la zona serrana del estado.
Lo anterior se dio a conocer luego que el gobernador sinaloense, Mario López Valdez, ordenara la creación de un padrón de familias desplazadas de sus comunidades de origen por diversas causas, con el fin de conocer el número real de personas en esa situación y contar con un panorama que les permita llevar apoyos sociales, económicos, productivos y de vivienda a estos grupos.
A través de una tarjeta informativa, las autoridades estatales reconocieron que el segundo paso, tras elaborar el diagnóstico del problema, será el de implementar acciones para otorgar las condiciones de seguridad necesarias, “a fin de que estas familias puedan regresar a sus hogares, si así lo deciden”.
“Entre estas acciones están la implementación de operativos de seguridad, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, para combatir a los grupos delincuenciales que han asolado esas comunidades serranas, produciendo el éxodo de las familias”.
Los municipios
De acuerdo con el padrón elaborado por la administración estatal, Sinaloa es el municipio que más desplazamientos ha registrados con un total de 587 familias.
Las comunidades expulsoras son: Mazocari, Portuguez de Norzagaray, Las Tatemas, La Vainilla, Santa Quintería, El Limón, La Higuera, El Guamúchil, El Amapal, El Tarrazal, San José de las Delicias, Ocurague, San José de los Hornos, Los Laureles, La Joya, Sierrita de Germán, La Manzana, La Ciénega de Parra, Los Naranjos, Plan de Ocote, El Terrero de Durán, Las Tapias, El Pilar, El Terreno Colorado, El Plátano, Barranco de los Bueyes, Las Mesas, El Puerto de Palos Verdes, La Mojonera, La Ciruela, El Melón, Los Alamillos, Mesa de Zapotillo y Guyarina.
El segundo municipio donde se reportan más casos de desplazamientos es Mocorito, donde se han movilizado 160 familias de las comunidades de La Huerta, Bacamopa, La Tasajera, Corral Quemado y La Joya de los López.
El tercer lugar lo ocupa el municipio de Badiraguato, con un total de 140 familias desplazadas, 100 de ellas instaladas en el poblado de Surutato y las 40 restantes en la cabecera municipal. Las poblaciones de donde emigraron son: San José de los Hornos, La Joya de los Martínez, Ocurague, La Sierrita de los Pérez, Potrerillos y Los Alamitos.
El cuarto lugar lo ocupa el municipio es Concordia, con 139 familias desplazadas, de las comunidades Zaragoza, El Llano, Aguacaliente del Zapote, La Cieneguilla y El Tiro. Estas personas se instalaron en El Verde, Zavala, Aguacaliente y en la sindicatura de Urías.
Piden tomar conciencia sobre problema
Miguel Ángel García Leyva, abogado y representante legal de la Asociación Esperanza y Vida contra las Desapariciones Forzadas en el noroeste de México, es de los que piensa que aunado al “martirio” que sufren los desplazados de la violencia, se suma la impunidad en que quedan sumidos los crímenes cometidos contra ellos o sus familiares, así como la pérdida del patrimonio en todos los aspectos, ya que existen casos documentados donde se señala que grupos armados quemaron todos sus bienes y pertenencias.
Ante la situación que impera no sólo en la sierra de Sinaloa, por el tema de los desplazamientos forzosos, sino en otros estados como Michoacán, Chihuahua y Durango, el abogado hizo un llamado a la sociedad civil y a las autoridades para tomar cartas en el asunto y tratar de frenar este problema.
“No actuar en consecuencia, nos podría llevar a estar refugiados permanentemente en las catatumbas del terror, el miedo y el destierro forzoso más las calamidades de la pasividad del dolor inerte”.
