En los últimos días aparecieron 90 cuerpos tan sólo en tres puntos del país (Cadereyta, Nuevo Laredo y Jalisco). Todo indica que estos asesinatos tienen que ver con la pugna entre los cárteles de Sinaloa y de Los Zetas. Para comentar este tema, Animal Político se acercó a dos especialistas en seguridad: Alejandro Hope, investigador en temas de drogas y criminalidad del @IMCOmx y @MexEvalua, y Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Alejandro Hope (@ahope71) afirmó ante la pregunta sobre un posible resurgimiento de la violencia, que habría que ver los números globales, para dar una magnitud, hay alrededor de mil 800 homicidios todos los meses, por lo que los ataques provenientes del conflicto entre los principales cárteles representan apenas una fracción de todos los homicidios que suceden en el país. Otro dato que podría hacernos ver que no hay un recrudecimient0 de la violencia en general, es que en los últimos siete días, en tres de ellos, no hubo un solo asesinato en Ciudad Juárez, que venía siendo la entidad más violenta del país.
En conclusión, Hope afirmó que para hablar de un aumento de la violencia, hay que esperar los números globales de este periodo.
Por otra parte, Hope afirmó que lo que queda claro es que sí hay un recrudecimiento del conflicto entre el cártel de Sinaloa y el de Los Zetas, no obstante, esto no es nuevo y un ejemplo es la serie de ataques entre estos cárteles en Jalisco y Veracruz. Para el especialista, estos ataques llegan a dominar el imaginario público, en particular el caso de Jalisco al revelarse que “los 18 cuerpos encontrados eran gente levantada aleatoriamente”. En el caso de Jalisco, Hope afirmó que en este caso está claro que Los Zetas “lo que buscaban era atraer la atención y calentarle la plaza a Sinaloa, les daba lo mismo a quien agarraran.”
Por otro lado, si se confirma que los 49 cuerpos encontrados en Cadereyta son gente ajena al conflicto, Hope declaró que no estaría seguro de cómo leer esto, pues es importante leer la manta dejada en el lugar, cuyo contenido no fue hecho público. “Me gustaría conocerla para saber cuáles son los móviles. Yo creo que por un lado atraería la atención a Cadereyta y afectaría a la gente del cártel del Golfo o Sinaloa que pudiera haber ahí.”
Por otra parte, Hope reflexionó sobre la condición de brutalidad, la cual “es un activo invaluable en el mundo cirminal.” Además, Hope agregó que “esto es una guerra comunicacional y a veces no entendemos plenamente esto.” Los mensajes que llevan las matanzas son de control, mostrar la debilidad del rival, burlar a la autoridad, mostrar impunidad, generar terror, por lo tanto hacer más fáciles las extorsiones, lo cual realizan Los Zetas o el Golfo.
Sin embargo, ante estas matanzas, Hope ha planteado elementos para cambiar esta lógica y afirma que los cárteles reaccionarían a estímulos por parte del Estado.
Finalmente, en la reflexión sobre la lógica de esta violencia, planteó que esta ofensiva iniciada por Sinaloa podría deberse a la disputa de “El Chapo” con los remanentes de los Beltrán Leyva o un intento de conseguir el objetivo de largo aliento que es sacar a Los Zetas de la frontera, pues al sacarlos de la frontera no podrían pasar drogas o personas hacia EU, y en tal caso se convertirían en “una banda de pistoleros.”
Ernesto López Portillo (@ErnestoLPV), afirmó que los asesinatos de víctimas inocentes por parte de Los Zetas podría situarnos frente a hechos de terror, pues se trata de imponerse mediante la fuerza frente a los adversarios en el mercado y “trata de enviar mensajes a cielo abierto para generar terror social.” Para el especialista, “esto es terrorismo, este tipo de actividades que intentan generar un impacto social masivo.” Este escalamiento nos dice que las organizaciones criminales están dispuestas a ir más allá que sólo los enfrentamientos entre ellas.”
El director de Insyde afirmó que “estos hechos de violencia extrema lo que muestran es que ni el gobierno federal ni los estatales y mucho menos los municipales aciertan a construir una estrategia que contenga la violencia.”
Además, para López Portillo “todo indica que la delincuencia organizada utiliza la violencia más allá o por encima de las capacidades del estado para contenerlo.” Además, para él, esto confirma que la estrategia del presidente Calderón, que la enorme cantidad de recursos invertidos en construir plataformas de información, que los esquemas de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que el despliegue militar, que todo el uso de recursos que está haciendo el Estado, no logran imponerse sobre la delincuencia organizada para parar la violencia.”
Por otra parte, afirmó que “debido a que los mecanismos de rendición de cuentas de los aparatos de seguridad y de justicia penal son extremadamente débiles, no es posible entender con precisión cuáles son todas las debilidades específicas en la operación de las instituciones que hacen imposible detener esta violencia.”
Para el director de Insyde, habiendo utilizado el Estado mexicano todos los recursos a su alcance, incluidos los militares, no acierta a intervenir con precisión, oportunidad y eficacia para al menos contener a las organizaciones más violentas.”
López Portillo agregó que “el presidente Calderón cierra su sexenio mostrando que la estrategia de uso de la violencia de estas organizaciones no se ve afectada por la operación del Estado”, lo cual califica como “una nueva noticia lamentable para el país porque el mensaje que se envía a la sociedad, es que aún utilizando todos los recursos a su alcance, todos los recursos que tienen que ver con el uso de la fuerza, estas organzaciones mantienen la capacidad de operar sin interferencia del Estado.”
Además, lo anterior “enseña que el proceso de descabezamiento de las organizaciones, no las ha debilitado, ni incluye el desarticulamiento de las organizaciones y sólo ha generado un proceso expansivo de fragmentación de la delincuencia organizada, causando hechos de violencia en cada vez más lugares.”
López Portillo agregó que en este momento no hay mecanismos no violentos entre las organizaciones criminales para distribuirse las rentas de las diversas actividades delictivas, pues no hay lugar para acuerdos o pactos. Por otra parte, “ninguna organización puede imponerse a las demás y el Estado tampoco tiene la posibilidad de imponerse a las organizaciones.”
Otro elemento es que el mismo presidente aceptó que los mecanismos del Estado contra el lavado de dinero están rebasados, por lo que los cárteles tienen la posibilidad de allegarse de recursos para reclutar operadores profesionales de la violencia, es decir, hay una “profesionalización de la violencia“, en muchos casos a partir de elementos que formaron parte de alguna corporación del Estado.
En consecuencia, de acuerdo con el director de Insyde, “hoy tenemos el peor de todos los escenarios posibles, en el que tanto las diversas organizaciones, como el Estado colocan en el centro de su estrategia el uso de la fuerza.”
Finalmente, agregó que -al menos- los criminales pueden actuar independientemente de la acción del Estado y, por otro lado, la peor hipótesis es que la violencia que vemos es parte de un proceso de reacomodo en el que las propias autoridades de seguridad pudieran estar involucradas, aunque “esto no lo sabemos”, afirmó.
