En México prevalece el patrón de violaciones a los derechos humanos y la impunidad, e incumple los compromisos contraídos con la Iniciativa Mérida, programa por el cual Estados Unidos provee al país asistencia en materia de seguridad. Ante ese incumplimiento, organizaciones de derechos humanos mexicanas y estadounidenses solicitaron mediante un memorándum que Estados Unidos haga valer las condiciones puestas a México para recibir ayuda.
Nueve organizaciones de ambos lados de la frontera enviaron ayer a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, al Embajador en México, Anthony Wayne, y a otros altos funcionarios y congresistas, un documento en el que sustentan el laxo cumplimiento de los compromisos de México en el respeto a las garantías individuales e instan al gobierno estadounidense a presionar a México para que presente resultados significativos y medibles, e igualmente, identifique las áreas prioritarias antes que Felipe Calderón deje la Presidencia.
El documento, al que Animal Político tuvo acceso, está firmado por la organización regiomontana Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinollan, el centro Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar Centro de Análisis e Investigación, y cinco organizaciones extranjeras, entre las que destacan Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
“El gobierno mexicano ha dado algunos pasos en el cumplimiento de las disposiciones sobre derechos humanos, como retirar del fuero militar un puñado abusos o discutir protocolos que regulen el uso de la fuerza. Sin embargo, el muy limitado número de casos de abuso en que los que ha habido investigaciones adecuadas, sumado a que aún ocurren violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad, demuestran que los esfuerzos son aislados que no han cambiado de manera integral el patrón de abuso e impunidad”, afirman las organizaciones en el documento, que Animal Político presenta íntegro.
Las organizaciones enviaron el memorándum al Departamento de Estado en el contexto de la redacción de los reportes de país que cada año redacta el organismo. En ellos informa de manera individual sobre los progresos de las naciones a las que brinda asistencia.
Evalúan ONGs cuatro compromisos de México ante EU
En el Plan Mérida, México ha hecho cuatro compromisos relacionados con el respeto a las garantías individuales.
Para recibir ayuda, México se ha comprometido, en primer lugar, a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de as fuerzas federales y a trabajar con los estados y municipios para que hagan lo propio.
En ese compromiso, las organizaciones expresaron su preocupación por la falta de progreso.
“No conocemos caso alguno en el que un agente de la Policía Federal haya sido encontrado culpable de violación de derechos humanos por un juez civil. Además de la falta de procesos judiciales efectivos, los mecanismos internos de rendición de cuentas siguen sin ser efectivos”, afirma el memorándum que además, cita casos de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales como las ocurridas en protestas de estudiantes en Guerrero, el 12 de diciembre de 2011. Igualmente, enfatiza la “relativa ineficacia” tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como de los órganos estatales.
El segundo compromiso de México es la conducción regular de consultas con organizaciones nacionales de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil en las que hagan recomendaciones sobre la implementación de la Iniciativa Mérida.
Al respecto, las nueve organizaciones firmantes afirman que en memorándums anteriores han reportado que dichas reuniones han sido inefectivas, pues se celebran casi exclusivamente en la Ciudad de México sin previo aviso.
“La octava y más reciente consulta, sostenida el 16 de febrero de 2012, tuvo lugar siete meses después de la última y sin seguimiento previo, y tampoco otorgó espacio para que la sociedad civil proveyese información para configurar la agenda, o para dar retroalimentación. Dada la de un mecanismo de consulta significativo, muchas organizaciones de Derechos Humanos han dejado de participar en dichas sesiones”, denuncia el documento.
El tercer compromiso que las organizaciones consideran que México ha incumplido es asegurar que los ministerios públicos y las autoridades judiciales investiguen y procesen a los miembros de las fuerzas federales acusados de violar los derechos humanos, y que lo hagan conforme a las leyes mexicanas e internacionales.
Al respecto, el memorándum señala las 6 mil 768 quejas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido con relación a violaciones cometidas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional; mismas que han conducido a que en más de 100 casos, la Comisión haga recomendaciones en las que concluye que las fuerzas federales han cometido abusos.
“El Gobierno de Calderón y las milicias mexicanas han argumentado públicamente que muchos casos de abusos de militares han sido transferidos al fuero civil, con lo que se demuestra un cambio en la tendencia de cómo se han manejado los casos. Sin embargo y a pesar del fallo de la Suprema Corte (que obliga a que los abusos de fuerzas castrenses los atienda el fuero civil) y de los compromisos de Calderón, los casos siguen siendo enviados casi exclusivamente al fuero militar”, consignan las organizaciones.
El cuarto compromiso evaluado es la prohibición de la obtención de testimonios obtenidos a través de tortura y maltrato, de acuerdo con las leyes mexicanas e internacionales.
Varios reportes de organizaciones mexicanas e internacionales, así como de cuerpos de Naciones Unidas han demostrado que la tortura sigue siendo una práctica común en México y que personal que sirve en instancias de justicia, así como médicos son cómplices al esconder evidencias.
En breves comentarios sobre el envío del memorándum, Consuelo Morales fundadora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, localizada en Monterrey, afirmó que el envío del memorándum se hizo con la intención de incidir en las decisiones del financiamiento que otorga la iniciativa Mérida.
“Estamos preocupados y exigimos que se detenga el financiamiento hasta que México cumpla con sus compromisos”, comentó la defensora.
Aquí puedes leer en exclusiva, el documento íntegro (en inglés):
