El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Oscar Arce Paniagua, informó que reenviará a la Secretaría de Gobernación (Segob) el dictamen de la Ley General de Protección de Víctimas para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En conferencia de prensa, informó que previamente había solicitado a dicha secretaría que regresara el documento, debido a que contenía inconsistencias.
“La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados puntualizó que hay diferencias entre lo que se votó en el Senado, en donde se le incorporan ocho reformas del senador Tomás Torres y en la Gaceta Parlamentaria del 30 de abril no se incluyeron”, explicó.
Arce Paniagua indicó que “la fe de erratas de la Comisión de Justicia tampoco es completa, pues no contempla todos los artículos reservados y en lo particular, una inconsistencia en el transitorio noveno, en el que se menciona un artículo que es la base fundamental de la ley y en el dictamen de la Cámara se menciona otro artículo”, precisó.
Explicó que una de las deficiencias importantes se encuentra en el transitorio noveno, en el que se menciona la base fundamental de dicha ley, y en el dictamen de la Cámara de Diputados se menciona otro artículo, por lo que “hay inconsistencias claras que deben ser atendidas”.
Dijo que asumirá su responsabilidad, y que las inconsistencias detectadas deben ser atendidas por esta soberanía, por lo que no existe mala intención para detener la publicación de este marco jurídico, “sólo se pretende garantizar la inclusión correcta de las modificaciones”.
A su vez, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús María Rodríguez Hernández, aseguró que el trámite de publicación de la Ley General de Víctimas continúa corriendo, por lo que el Ejecutivo Federal cuenta con 30 días a partir de la fecha en que recibió el dictamen, que fue el 10 de mayo, para cumplir con su obligación.
“El 10 de mayo se turnó la ley a nombre del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales, para nosotros el trámite sigue en el Poder Ejecutivo, el cual no ha hecho observación alguna, por lo que seguiremos atentos al desarrollo del trámite”, señaló.
El legislador priista señaló que pese a que existe un documento que da cuenta que tres horas después de que la Secretaría de Gobernación recibió el dictamen, la dependencia federal devolvió el texto a petición de la presidencia de la Mesa Directiva, pero no puede darse valor legal al trámite, toda vez que no fue el Congreso de la Unión en su conjunto quien lo solicitó.
“Ha sido notorio, que mediante un oficio de ida y uno de regreso se dio el proceso sin fundamento legal, pudieron haber devuelto una copia, pero no se puede tomar ese incidente como si se modificara lo que establece la Constitución”, dijo.
En tanto, la secretaria de la Mesa Directiva, Guadalupe Pérez Domínguez, hizo un llamado respetuoso al Ejecutivo Federal a publicar la ley o en su caso hacer observaciones en tiempo y forma para que pueda atenderse.
“El Congreso de la Unión cumplió, la ley se encuentra en la esfera de competencia del Ejecutivo, hacemos un llamado muy respetuoso y puntual a nombre de la sociedad y de las víctimas, para que se publique o que haga una observación en tiempo y forma, para que se atienda y pueda terminarse el proceso”, subrayó.
El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Bonifacio Herrera Rivera, del grupo legislativo del Partido Acción Nacional, subrayó que su bancada se ha pronunciado porque el Ejecutivo Federal publique a la brevedad la Ley General de Víctimas.
“Nosotros exigimos igualmente, que a la brevedad el titular del Ejecutivo Federal haga la publicación, en la reunión de este jueves nos dimos por informados, estudiamos el tema y estamos en que el paso procesal de esta ley es que se publique”, expuso.
En tanto, el coordinador de la bancada panista, Carlos Alberto Pérez Cuevas, subrayó que lo que haya que exigir del cumplimiento del Presidente se tendrá que hacer dentro del marco de sus facultades y de la ley, por lo que enfatizó que no debe politizarse el tema.
Indicó que hay una serie de planteamientos de intereses político-electorales detrás de ese problema y “no vamos a permitir que se acuse al PAN de doble discurso”.
Aclaró que los diputados de Acción Nacional ya dieron su voto para que se aprobara ese dictamen.
Por lo tanto, advirtió, “no vamos a permitir que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) use la ley como rehén para golpear a nuestro partido ante la caída en las encuestas de Enrique Peña Nieto”.
Al respecto, el diputado priista José Ramón Martel, presentó el oficio en el que la Cámara de Diputados entrega a la Segob la Ley para buscar su publicación, sin embargo, tres horas después de entregado, el secretario técnico de la mesa directiva, Luis Eduardo Espinoza Pérez, pide directamente a la dependencia regresar la ley a esta soberanía.
“La primera pregunta: ¿es legal o ilegal? a todas luces el secretario técnico no tiene facultad de naturaleza legal para haber pedido el regreso de esta Ley”, externó.
Según el escrito, prosiguió, lo hizo por instrucciones del diputado presidente Oscar Martín Arce Paniagua, lo que hace parecer que aquí se sigue manejando un doble discurso.
Aquí, dijo, la doble moral es cuando no sostenemos en los hechos lo que decimos.
“Nos comprometimos a hacer una Ley General de Víctimas la primera vez que estuvimos en el Alcázar; dialogamos no una, muchísimas veces con el movimiento de Sicilia y otras organizaciones”, aseveró.
Añadió: “lo hicimos con el mejor ánimo de avanzar para la posibilidad de tener una Ley y la sacamos por unanimidad, sin embargo, a la fecha no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación”.
Notimex.
