La familia de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas asesinado en México presentó una denuncia contra el gobierno estadounidense para exigirle una indemnización de 25 millones de dólares por considerar que esa muerte fue por negligencia.
Un par de bufetes jurídicos del sur de Texas que representan a la familia del agente Jaime Zapata presentaron la denuncia el 14 de junio, y en la misma aparecen como acusados el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) , el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) así como el Departamento de Justicia.
Los abogados de los padres de Zapata, Mary y Amador Zapata, mencionaron a varios supervisores de las agencias, al director del FBI, Robert Mueller, y al secretario de Justicia, Eric Holder.
El aviso de denuncia precede a una demanda legal. Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar sobre el particular.
Zapata murió en un ataque armado en una carretera cerca de San Luis Potosí, en el centro de México, en febrero de 2011. Su compañero, el agente Víctor Ávila, resultó herido.
En una denuncia separada que se presento a nombre de Ávila se exige una indemnización de 12.5 millones de dólares por negligencia y causa intencional de angustia emocional.
De acuerdo con las denuncias, los agresores hicieron más de 90 disparos contra los agentes con fusiles de asalto Ak-47 comprados en Texas y enviados de contrabando a México.
Los abogados de los agentes dijeron que la maniobra en la que el gobierno permitió el envío a México de armas compradas en territorio estadounidense, como parte de una investigación sobre el tráfico de armas, resultó en el traslado de las mismas al otro lado de la frontera, donde fueron utilizadas en el ataque.
Una comisión supervisora de la Cámara de Representantes aprobó el miércoles mantener la acusación por desacato contra el secretario Holder porque no entregó los expedientes relacionados con esa investigación.El presidente Barack Obama usó el privilegio del ejecutivo para retener los documentos.
AP
