Tomás Ángeles pide a Calderón reconsiderar su situación jurídica

Tomás Ángeles pide a Calderón reconsiderar su situación jurídica
General Tomas Ángeles, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico.

General Tomas Ángeles

La Jornada publica hoy que el general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional y sujeto a un arraigo de 40 días por sus presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, solicitó al presidente Felipe Calderón que reconsidere su situación jurídica, porque su caso puede dejar un precedente negativoque afecte a escala internacional la imagen de las instituciones de procuración de justicia mexicanas.

Mediante una carta que envió desde el centro de arraigos de la Procuraduría General de la República (PGR) a Los Pinos, por conducto de sus abogados, el militar sujeto a investigación ministerial, aseguró al Presidente de la República que todos los testigos que han declarado en su contra son de oídas, además de que sus manifestaciones son inverosímiles y mentirosas, por lo que carecen de sustento jurídico. Me permito manifestar que a la luz de nuestro sistema jurídico, y aún más, de nuestro estado de derecho, no es dable tener por ciertos los testimonios de personas sin constatar los hechos materia de su narración; máxime si existen pruebas en contrario, puntualizó quien hasta 2008 fue el segundo militar de importancia dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El divisionario, quien según fuentes castrenses consultadas por La Jornada destacaba como probable sucesor del general Guillermo Galván Galván al frente de la Sedena, dijo a Calderón que de permanecer privado de la libertad, sobre la base de declaraciones aisladas, contradictorias, no corroboradas y por demás insuficientes a la luz de nuestro derecho, tanto penal como constitucional, atentaría gravemente contra la seguridad y certeza jurídica de cualquier gobernado en el territorio nacional, ante la posibilidad fáctica de ser sometido al poder político del Estado mediante pruebas carentes de sustento jurídico alguno.

Lea la nota completa en La Jornada.

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