A un mes del Decreto mediante el que se expidió la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el país, el Mecanismo de Protección que nació a raíz de esta legislación, registra lentos avances, pues no cuenta con presupuesto ni reglamento a la fecha, ni con la Junta de Gobierno -su máximo órgano- conformada en su totalidad.
Derivado de esta Ley se establece la creación del citado Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero a la fecha solamente se ha efectuado la instalación de la Junta de Gobierno, en lo que compete a la parte de instituciones del Estado, faltando los integrantes de convocatoria abierta provenientes de ONG’s o personas de la sociedad civil interesadas en participar.
En entrevista para Animal Político, Omar Rábago Vital, Oficial de Programa de Libertad de Expresión y Protección a Periodistas de Artículo 19, expresó que desde su punto de vista, lo relacionado a la integración del Mecanismo va lento, considerando que “en México hay muchos periodistas en riesgo”.
La puesta en marcha del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas va lento ante la realidad que se vive en México en cuanto al riesgo hacia quienes se incluyen en alguno de estos dos grupos, aseveró Omar Rábago.
Si bien, por supuesto lleva su tiempo elaborar los reglamentos y establecer todo lo que implica un mecanismo de esta naturaleza, no obstante “la verdad (es que el país) no está para estar esperando tanto tiempo, sobre todo porque este mecanismo tardó varios años en llegar”.
En este sentido, consideró que la parte que preocupa más es la operación. “Claro, los reglamentos tardan un poco, pero se tendría que crear una instancia provisional de protección donde los periodistas pudieran acudir sin tener que esperar a que termine de establecerse por completo el mecanismo.
“Estamos hablando -insistió- de dos realidades, en lo que se instaura la Junta, se desarrolla el reglamento y se establece el mecanismo, y la realidad de las agresiones contra periodistas que continúa”.
Dicho mecanismo de protección requiere la conformación del reglamento para entrar en funcionamiento y aún no cuenta con él. Dicho reglamento que incluye a los dos grupos que busca atender, el que compete a defensores de derechos humanos y el orientado a periodistas, es actualmente elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob) que trabaja con grupos de ambos sectores, el de derechos humanos y otro de periodistas.
Cabe señalar que la Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 25 de junio y establece que el mecanismo de protección en cuestión, tiene como instancia máxima la denominada Junta de Gobierno.
Ésta fue instalada en la Segob, el 10 de julio pasado. A la fecha, no conforme lo que se señaló anteriormente, no ha sido conformada en su totalidad.
Actualmente, la Junta fue instalada con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Max Diener, quien como representante de la Segob preside la Junta. Por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), el subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Ontiveros; por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), María de Lourdes Aranda Bezaury y en representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Fernando Batista, 5to Visitador del organismo.
La Junta de Gobierno no está conformada totalmente porque restan 4 integrantes que serían parte de otro órgano que establece la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el denominado Consejo Consultivo.
Cabe señalar que este Consejo estará integrado por 9 personas u ONG’s, de los cuales tendrían que ser al menos 4 de periodistas y 4 de defensores.
La convocatoria para integrar dicho Consejo Consultivo fue publicada el 24 de julio pasado. Se puede consultar en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5260731&fecha=24/07/2012
Un aspecto más que aún no está concluido como se mencionó, es lo relacionado a los recursos para que funcione el mecanismo. Omar Rábago reiteró que no hay dentro de esta Ley y el mecanismo, todavía dinero para operar.
Lo único que tiene ahora el mecanismo y que fue un acuerdo -mencionó- es tener un “01 800” que es de Províctima. “Está muy limitado (el mecanismo) porque tampoco tienen todavía los recursos”, opinó.
Además, otro aspecto pendiente es que aún no se ha especificado qué pasará con los casos que se llevaban dentro del “Convenio de Colaboración para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas”, firmado a finales de 2010 y en el que desde entonces habían colaborado la Segob, la SRE, la Secretaría de Seguridad Pública y la CNDH.
No ha sido especificado a la fecha el destino que tomaran nueve casos. “Hay varios casos que se quedaron pendientes, hemos preguntado a Gobernación qué va a pasar con estos casos, si los va tomar la Junta de Gobierno, van a quedar dentro del mecanismo, o qué pasa”, indicó Omar Rábago.
Recordó que dentro de este Convenio se tenían asignados 25 millones de pesos y ese dinero tuvo un subejercicio amplio. En este sentido, el mecanismo no tiene recursos y lo que se busca es que dicho subejercicio se traslade para éste, pero para ello se debe llevar a cabo el procedimiento correspondiente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dentro de la instalación, el 10 de julio en la Junta de Gobierno se señaló que para octubre esperarían, si ya llevan pláticas con Gobernación, contar ya con los recursos para operar, concluyó.
