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Consejo de Seguridad tendrá 5 integrantes ciudadanos
Consejo de Seguridad tendrá 5 integrantes ciudadanos
29 minutos de lectura
Consejo de Seguridad tendrá 5 integrantes ciudadanos
17 de julio, 2012
Por: Dulce Ramos
@WikiRamos 
Alejandro Poiré.

Cinco representantes de la sociedad civil se  incorporarán de manera permanente al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), con el objetivo de tener una participación directa en la agenda de las reuniones de ese órgano colegiado, según anunció hoy el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero.

Durante una conferencia de prensa ofrecida esta mañana, el funcionario anunció que el gobierno federal hará estas cinco incorporaciones de manera permanente “para garantizar de manera formal su participación más activa.”

Señaló que con esta medida se reconocen y atienden la demandas de las organizaciones sociales para que de manera conjunta con el Ejecutivo federal trabajen en la prevención del delito.

El responsable de la política interna del país sostuvo que se iniciará de inmediato la incorporación de los ciudadanos en el Consejo, pues el gobierno federal reconoce el vigor de una sociedad activa, propositiva y crítica que busca soluciones a los problemas del país.

Además, dijo, se simplifica el reconocimiento de labores de las organizaciones para poder recibir el apoyo del gobierno y trabajar de manera coordinada.

Indicó que actualmente se apoyan 48 proyectos de las organizaciones civiles, con una inversión de 81 millones de pesos, y ahora se les va a dar espacios en el Consejo Nacional de Seguridad.

Aquí el anuncio hecho por Poiré Romero esta mañana:

Discurso íntegro del Secretario de Gobernación:

Qué tal, muy buenos días a todas y a todos.

Muchas gracias por estar aquí, en esta mañana.

El Gobierno del Presidente Felipe Calderón es un gobierno que escucha, que atiende, que dialoga con la sociedad civil.

A lo largo de los últimos años diversos organismos han planteado un número significativo, importante, de propuestas sobre los distintos problemas que en su perspectiva aquejan a nuestro país.

Desde el inicio de la Administración, en lo personal he tenido la oportunidad de tener contacto con diversos líderes de la sociedad civil, en varias ocasiones, con quienes he tenido la oportunidad de trabajar para buscar la consolidación de una ciudadanía más activa, más eficaz, libre, en distintos aspectos de su participación en el ámbito público.

Tal es el caso más recientemente de la reunión que tuve con el grupo convocante de la Primera Cumbre Ciudadana, este pasado 14 de junio, en donde me comprometí, a nombre de la Secretaría de Gobernación, a revisar de manera conjunta las distintas acciones a desarrollar hasta el final de la presente Administración.

Se está dando seguimiento a cada uno de los rubros ahí presentados y en particular quiero destacar el día de hoy tres ejes, con el fin de seguir fortaleciendo la participación ciudadana y a las organizaciones de la sociedad civil.

Primero, el acompañar y fortalecer los diversos proyectos de las organizaciones de la sociedad civil para la prevención social de la violencia y de la delincuencia.

Como es de su conocimiento, la reconstrucción del tejido social, así como la prevención de la violencia y la delincuencia son un eje fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Desde el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, esto en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene la tarea de desarrollar programas, políticas y lineamientos en materia de prevención social de la violencia, así como de fomentar activamente la participación de la sociedad civil en la implementación de la política de prevención.

Hoy día este centro está apoyando económicamente 48 proyectos de organizaciones que logren un modelo de operación y sustentabilidad, que pueda ser replicado en distintas partes del país, por un monto de 81 millones de pesos y seguiremos desarrollando proyectos adicionales en la materia.

Segundo, es indispensable reducir los costos y simplificar los trámites que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil. Para ello estamos trabajando en mecanismos basados en las mejores prácticas internacionales que nos permitan impulsar el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.

Como ejemplo de ello, estamos diseñando alternativas para facilitar la obtención del trámite de reconocimiento de labores que se le exige a aquellas organizaciones que desean ser donatarias autorizadas, para que este trámite se pueda lograr de una manera mucho más sencilla y mucho más eficaz.

El Gobierno Federal está convencido de que la mejor manera de solucionar los problemas que más preocupan a la ciudadanía es mediante el trabajo conjunto entre sociedad y Gobierno.

Tercero, indudablemente la exigencia más profunda de la ciudadanía a sus representantes es que la política de seguridad sea transparente, sea eficaz y que los tres órdenes de Gobierno, la Federación, los estados y los municipios, rindan cuentas eficazmente.

Hemos buscado distintos mecanismos para ello, hemos invitado a la participación de las organizaciones de la sociedad civil, se han abierto los diálogos de una manera permanente, por parte del propio Presidente de la República, con organizaciones de la sociedad civil en todos los ámbitos de nuestro país.

Pero es indispensable garantizar una mayor participación y una vinculación más directa y eficaz de las organizaciones de la sociedad civil con la política de seguridad del Estado Mexicano.

Para tal efecto, y por instrucciones del Presidente de la República, se invitará al Consejo Nacional de Seguridad Pública, de manera permanente, a cinco representantes de la sociedad civil, conforme al planteamiento desarrollado por las propias organizaciones y que es del conocimiento público.

Como ustedes saben, las distintas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su interés en estar presentes de manera permanente en todas las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública con voz y con una participación directa en la agenda de dichas reuniones.

Estaremos atendiendo esta petición, la hacemos propia porque con su participación permanente en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, las distintas organizaciones de la sociedad civil podrán dar un seguimiento más efectivo, más cercano a las labores del Ejecutivo Federal y de los gobiernos de los estados en materia de seguridad.

Estamos llevando la voz de los ciudadanos de manera permanente, de manera transparente y clara al máximo órgano colegiado deliberativo y de toma de decisiones de nuestro país para la seguridad pública.

Iniciaremos de inmediato los trabajos de conformación de esta representación ciudadana ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a fin de garantizar la mayor transparencia y amplitud en la convocatoria.

Éste es un anuncio de la mayor relevancia porque permitirá garantizar que a partir de ahora y para las sesiones futuras, contaremos con la voz de los ciudadanos de manera sistemática y clara en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Estamos, con esta medida, poniendo a los ciudadanos, no solamente en el centro de la atención de las políticas de seguridad, sino también en los centros de decisiones para que sea su voz la que se escuche con la mayor claridad y la mayor eficacia posibles.

Amigas y amigos de los medios de comunicación, el Gobierno Federal reconoce la fuerza, reconoce el vigor de una ciudadanía activa, propositiva y crítica, que busca permanentemente la solución a los problemas que enfrentan sus comunidades, sus ciudades, sus regiones, nuestro país.

El Presidente Calderón nos ha instruido a seguir trabajando intensamente, hasta el último día de la Administración para potenciar todos los esfuerzos de la sociedad civil organizada.

Estamos convencidos que la democracia no radica únicamente en la participación en las urnas, es también la democracia, el ejercicio eficiente y transparente del poder público que pueda ser fiscalizado por la sociedad.

Las organizaciones de la sociedad civil, además de consolidarse, deben incrementar permanentemente su presencia en la vida pública y el Estado debe de ser facilitador de esta participación. Así las organizaciones, los ciudadanos, seguirán siendo un factor de construcción de ciudadanía y de transformación de las políticas públicas.

Desde el inicio de la presente Administración ha existido el compromiso de ampliar los espacios para que las organizaciones de la sociedad civil sumen valor a nuestro país, aportando su inconformidad, aportando su activismo, aportando su perspectiva crítica y aportando todo ese extraordinario trabajo que miles y miles de ciudadanos en nuestro país realizan todos los días con la convicción de que están forjando un futuro mejor.

La participación ciudadana es indudablemente el mejor camino para contribuir a que la democracia permee en todos los ámbitos de nuestra vida pública.

El Gobierno Federal convoca a todas las organizaciones de la sociedad civil a seguir fortaleciendo el diálogo constructivo y la participación responsable para la construcción de las soluciones de fondo que requiere nuestro país, con el cual construiremos un México más democrático, más justo, y más seguro para todos.

Muchas gracias, estoy atento a sus preguntas.

(Sesión de preguntas y respuestas)

– Pregunta: Buenos días, Secretario.

Varias preguntas, también de varios temas. Sobre el tema en particular que está usted tratando, quiero preguntarle por qué hasta ahora se permite, se aprueba esta participación de la sociedad civil a las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad, si es un reclamo que tiene por lo menos dos años y además recuerdo que las últimas sesiones de los consejos se ha acotado la participación de la sociedad civil, sobre todo al Observatorio Ciudadano de Seguridad, y muy breve.

Y me gustaría tocar también otros temas. Ya se cumplió prácticamente o casi una semana de que la Comisión Permanente regresó las observaciones de la Ley de Víctimas al Ejecutivo.

Quisiera saber, de manera concreta, ¿qué decidió el Ejecutivo en torno a este tema, si va a presentar la controversia constitucional o va publicar la ley como lo demandan los legisladores?

También preguntarle: Ayer se dio a conocer una información relativa a contratos de la SEDENA, millonarios, para la compra de equipo, aparentemente para hacer espionaje.

¿Para qué se van a utilizar estas herramientas, si se justifica el costo que tuvieron las mismas?

Y si me permite también, por último. El fin de semana se dio a conocer un plan de acción por parte de organizaciones ante lo que llaman la imposición de la Presidencia, posible Presidencia de Enrique Peña Nieto y también mañana se dará a conocer por parte de Andrés Manuel López Obrador un plan para defender lo que llama la democracia.

¿Usted haría un llamado a estas dos partes, a que los planes no incluyeran tomas de espacios, movilizaciones, mítines o posibles plantones, incluyendo a López Obrador?

Gracias.

– Secretario Alejandro Poiré: Gracias, Antonio.

Ahora sí que ya mero te quedas con todas las preguntas de tus compañeros, pero bueno, ahora sí el privilegio de ser el primero.

Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, desde el inicio de la Administración se ha tenido la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Han estado presentes distintas organizaciones, en algunas ocasiones para algunos temas en específico, particularmente respecto a los observatorios ciudadanos y creo que esa presencia ha sido permanente.

El objetivo es garantizar, de manera formal, una presencia más activa, permanente y conforme a un mecanismo de integración, que ha sido el que han propuesto las propias organizaciones de la sociedad civil y en el cual estaremos trabajando de inmediato.

Creo que esta es una propuesta del Ejecutivo Federal para garantizar que en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública esta política tenga una permanencia. Y creo que esa es una noticia relevante y que obedece directamente a esta petición hecha por las organizaciones de la sociedad civil.

Creo que hay una cosa que es muy importante recordar respecto a la Ley de Víctimas: Se hicieron llegar las observaciones al Ejecutivo Federal el 1º de junio, el plazo para presentar observaciones vencía el 1º de julio y en ese día se hizo entrega de las observaciones.

Es decir, estamos, con toda claridad, dentro del plazo que marca la Constitución para hacer las observaciones.

¿Qué implicación tiene esto?

Que formalmente, conforme a la Constitución, quienes tienen la atribución de desechar las observaciones son los plenos de ambas cámaras del Congreso, es decir, el superar las observaciones del Ejecutivo por dos terceras partes de la votación. Ese debiera ser el procedimiento, si el Congreso de la Unión decide que no tienen sustento las observaciones del Ejecutivo.

Nosotros estamos atentos a la comunicación que ha hecho la Comisión Permanente, pero sí debemos aclarar que la atribución formal con respecto a la presentación de observaciones por parte del Ejecutivo le corresponde, en su caso, al pleno de ambas cámaras.

¿Qué es lo importante?, más allá de si hay una controversia o no.

Lo importante es tener una buena ley, lo importante es impedir que con la publicación de la ley hagamos sufrir más a las víctimas del delito, que tengan que ir a distintas ventanillas para la atención a sus necesidades, que pierdan la atención de PROVÍCTIMA. Tenemos que impedir que eso ocurra.

Tenemos que impedir que como resultado de la publicación de una ley, que tiene un muy buen propósito, las víctimas del delito se enfrenten con que algún gobierno estatal o algún gobierno municipal simple y sencillamente dice: “Híjole, yo no puedo cumplir una ley, porque esa ley no tiene sustento constitucional”.

Esa es la discusión de fondo y esa es la discusión en la que estamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil y a la que hemos convocado también a las señoras y señores legisladores.

Ya la Secretaría de la Defensa Nacional ha explicado que el equipo adquirido es conforme a los planes así establecidos para el ejercicio de sus atribuciones, y hay que recordar que el ejercicio de ese presupuesto es conforme a lo aprobado así por el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Respecto a las distintas manifestaciones y planes de acción, hay que recordar que desde el primer momento de la Administración el Gobierno Federal ha sido plenamente respetuoso de la libertad de expresión y de la libertad de manifestación.

Es decir, nos hemos conducido en apego la ley en un marco democrático.

¿Y qué quiere decir un marco democrático?

El pleno respeto al ejercicio de estas libertades, pero también el cumplimiento de la ley, y seguiremos actuando en esa medida.

– Pregunta: Sobre este tema del que nos informa, hay también un ofrecimiento que le hizo el Gobierno Federal a las organizaciones de la sociedad civil, que fue este Padrón Nacional de Víctimas y a cinco meses de concluir el sexenio, Secretario, ¿están en condiciones de entregarlo como lo ofrecieron?

El punto número dos, entonces sobre la Ley de Víctimas ¿no se corre el riesgo, Secretario, de que esté en un callejón sin salida, en el limbo, esta minuta?

Porque de acuerdo a sus cuentas, ¿qué sería lo que procedería si están en una etapa de observaciones?

Y el número tres, hay ya algunas manifestaciones de grupos que hablan de la posibilidad de impedir la toma de posesión del próximo Presidente o en todo caso, si se confirma que es Enrique Peña Nieto.

¿Qué haría el Gobierno, qué ofrecería hacer el Gobierno Federal o si ya sería una negociación ya de competencia del Gobierno de transición?

Gracias.

– Secretario Alejandro Poiré: Respecto a tu primera pregunta me decías de un padrón nacional, pero no estoy claro a cuál te refieres específicamente.

– Pregunta: El padrón de víctimas, de desaparecidos que identificaba causas, que identificaba espacios de las víctimas.

– Secretario Alejandro Poiré: Estamos trabajando en dos vertientes.

Primero, se refiere al trabajo de Províctima; Províctima está atendiendo de manera sistemática, literalmente, a miles de personas que han solicitado sus servicios.

Aproximadamente son un poco más de ocho mil que han  atendido directamente de manera presencial, digamos, en las distintas oficinas de Províctima en todo el país.

Otro tanto aproximadamente a través de vía telefónica, y estos son casos a los que se les da seguimiento de la más diversa naturaleza; víctimas de la violencia, víctimas de delitos y se les está apoyando desde el seguimiento de las investigaciones, hasta con apoyos específicos en materia de salud, en materia de becas, en materia de atención sicológica, en fin, según sea el caso y según corresponda.

Respecto a la integración de un padrón de desaparecidos, hemos trabajado ya, a través de la Procuraduría General de la República y de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para que en cada una de las entidades que tienen estos reportes se puedan integrar a un padrón nacional.

Uno de los objetivos de la eventual reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública es ver la actualización, precisamente, de ese padrón.

Insisto, esta es una de las tareas muy importantes a las que se dedica el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero al final del día estas denuncias se presentan ante las autoridades del fuero común.

Nosotros necesitamos integrar ese listado y validarlo, evidentemente, con los datos que tengamos de otras entidades donde se pudiera haber identificado a estas personas.

Tendremos una actualización respecto al avance en esa materia en la siguiente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Está trabajando de manera sistemática la Procuraduría con las distintas fiscalías y procuradurías estatales.

Respecto a la Ley de Víctimas lo que nosotros planteábamos, digamos el procedimiento constitucional ordinario para las observaciones que recibe el Congreso de la Unión del Ejecutivo, es turnarlo a comisiones; porque ahí en las comisiones en donde se puede llevar a cabo el trabajo de decir: A ver, si estas son las observaciones, vamos a trabajar sobre esas observaciones, cuáles sí corresponde, cuáles podemos mejorar, cuáles podemos ampliar, cómo garantizamos que no se dé este problema de que no tengamos el fundamento constitucional, etcétera, para poderlo avanzar.

Pero en la medida en que la Comisión Permanente y el Senado de la República han planteado el regresar esas observaciones, justamente tenemos que hacer el análisis jurídico para ver si lo que corresponde es una controversia, para poder dar curso a estas observaciones.

Pero más allá de lo que ocurre específicamente con ese trámite jurídico, lo central es sentarnos a trabajar, precisamente, para decir: A ver, ¿cuál es el objetivo de todos y cuál es el compromiso del Gobierno Federal?

El compromiso es fortalecer la atención a las víctimas. El primer paso, que es un paso significativo, es justamente Províctima. Ahí está, estamos de acuerdo en que se necesita una mejor ley, claro que sí.

¿Qué tenemos?

Tenemos dos cosas de  entrada:

Primero. Ya tenemos una minuta aprobada por el Senado de la República, de un cambio constitucional, ese cambio constitucional, precisamente, lo que hace es reconocer que ahorita el Congreso de la Unión no tiene facultades plenas para legislar en materia de reparación del daño.

Ya se hizo esa modificación, ya está en la Cámara de Diputados, un primer paso que podríamos hacer es de inmediato tener el dictamen por parte de Cámara de Diputados para tener la Reforma Constitucional. Eso nos garantizaría el que contáramos con una base constitucional, que nos permita tener una ley general sólida. Ya con la base constitucional y una ley general sólida no va a haber forma de que un estado o un municipio o la propia federación en un momento dado, digan esa atención a esa víctima por ese delito  no me corresponde a mí.

No, eso es importante y el Senado de la República tan reconoce que se necesitaba esa base constitucional que ya la aprobaron. Ese es un primer paso.

Pero independientemente de eso, que es un paso que se puede dar en el ámbito del Congreso de la Unión, lo que necesitamos es instalar grupos de trabajo.

Yo he tenido ya comunicación con algunos legisladores y con algunos de los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, insistiremos en ello para instalar en esta misma semana una mesa de trabajo y para poder definir el contenido de la agenda sobre las observaciones que ya se han vertido, sobre los distintos proyectos que hay en la materia para poder contar con una ley lo antes posible, y creo que eso puede llevarse a cabo el trabajo en comisiones, independientemente del trámite constitucional al que ya hemos hecho referencia.

Lo que le corresponde al Gobierno de la República, en todo momento, es guardar y hacer guardar la ley.

¿Eso qué quiere decir?

Quiere decir el pleno ejercicio de las libertades ciudadanas, y así se ha hecho, así se hizo durante todas las campañas, así se hizo previo a las campañas, así se hizo después de la jornada electoral y así lo seguiremos haciendo.

El pleno ejercicio de la libertad es en qué marco. En el marco del cumplimiento de la ley y eso ocurrirá hasta el día de la toma de posesión y, digamos, esto no es más, pero tampoco es menos, que el cumplimiento del mandato de la Constitución y creo que además todos hemos aprendido mucho de la pertinencia del diálogo, de la utilidad y lo valioso que es la búsqueda de acuerdos en el marco de la ley y ese es el compromiso permanente del Gobierno de la República a este respecto.

– Pregunta: Mi pregunta va en el sentido de las declaraciones recientes en torno al desempeño del Gobierno del Presidente Calderón, tanto del Congreso de Estados Unidos, del Senado de Estados Unidos, que cuestiona uno de los principales, digamos, bastiones en el discurso presidencial, que es el tema de la seguridad. Cuestionan gravemente o señalan omisiones graves respecto de esta lucha contra el crimen organizado.

Y la segunda, es esas declaraciones de Javier Sicilia en el sentido de que el Presidente ha sido traicionado otra vez.

Yo quisiera saber si usted observa en estas declaraciones alguna mezquindad por parte de los declarantes o bien alguna deficiencia por parte del Gobierno del Presidente Calderón, que de alguna manera también se reflejó en el resultado electoral.

Muchas gracias.

– Secretario Alejandro Poiré: Como ya lo hemos dicho, el compromiso del Gobierno Federal y el compromiso del Presidente Calderón es justamente, con una mayor y mejor atención a las víctimas, y precisamente en ese sentido es que estamos actuando. Estamos absolutamente claros y convencidos de ese propósito.

Y por supuesto que existe, en un momento dado, un desacuerdo con respecto a cuál es el mejor instrumento o mecanismo para lograrlo.

Nosotros hemos sido abiertos, hemos sido transparentes y hemos platicado con distintos representantes de las organizaciones de la sociedad civil, precisamente, para explicarles tanto el propósito como el mecanismo para lograrlo y ahí está el compromiso claro de trabajar para lograr este resultado que todos deseamos.

Y en democracia existen diferencias de opinión; somos un Gobierno democrático y abierto, y en ese Gobierno democrático y abierto hay claridad de propósito y un compromiso claro de construir esa solución que todos deseamos.

Con respecto a las declaraciones de legisladores estadounidenses, ya hemos señalado con una gran claridad que rechazamos los informes unilaterales, que este es un informe unilateral que carece de la información debida, que no tiene el sustento adecuado, que el Gobierno de la República, por supuesto, tiene una estrategia integral, que es una estrategia que desde luego ha requerido de la presencia de la Fuerza Federal, de la Policía Federal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina Armada de México en defensa de los ciudadanos, a solicitud de los gobiernos locales, que incluso esta presencia está signada en convenios, formalizada como tal, pero que ese es un componente nada más de la lucha.

Y que un componente mucho más profundo, mucho más trascendental es justamente el que se refiere a la transformación de las instituciones de seguridad y de justicia, que es también una tarea de los gobiernos estatales, como lo es del Gobierno Federal.

A este respecto daba un dato, que seguramente los legisladores estadounidenses desconocen, pero que vale la pena destacar: Hoy día, gracias al esfuerzo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y me refiero a la Federación y a los estados, contamos con más de cien mil policías en todas las entidades que han aprobado su Control de Confianza.

Díganme ustedes cuándo, en la historia de este país, podíamos contar con por lo menos un viso de que algún día contaríamos con policías certificadas y aptas.

Falta muchísimo por hacer, y también lo he dicho: Es necesario que así como estamos certificando a los buenos, pues corramos a los malos y hay que avanzar en ese trabajo, desde luego.

Pero es indudable que ahí está la muestra de una transformación institucional en proceso, en camino y a paso acelerado.

Y esto por no mencionar, por supuesto, el tercer componente de una estrategia integral, que es la de la profunda transformación del tejido social, de la cual hemos hablado en otras ocasiones y que incluye, por ejemplo, la integración de la red de atención y de prevenciones más amplia y de toda América Latina, con centros Nueva Vida, con centros de Atención Juvenil y con todo un esquema de prevención de las adicciones y de rehabilitación, que además ha duplicado todo el presupuesto generado durante la administración pasada.

Precisamente por eso la propia Secretaría de Relaciones Exteriores ha señalado su rechazo a este tipo de informes unilaterales.

– Pregunta: Buenos días, Secretario. Yo también tengo varias inquietudes.

La primera. Ayer también un comité del Senado Estadounidense sacó un reporte de que el Banco HSBC estaría lavando o prestando algunas de las cuentas para lavar dinero de carteles del narco mexicano.

¿Ustedes tenían conocimiento de esto? Si no es así, ¿México tendría que iniciar también una investigación de la filial de HSBC aquí en México?

Segundo. Esta semana la Revista Proceso sacó un reporte de que los zetas se están dividiendo, los liderazgos entre el Z- 40 y El Lazca, en los últimos meses habíamos visto también algunos otros reportes sobre esto, periodísticos, sobre todo.

¿Usted podría confirmarnos esto, si es cierto que se está viendo una división en la cúpula de Los Zetas?

Y tercero. Si me lo permite, el Presidente Calderón dijo al Diario El País, este fin de semana, que los homicidios en el primer semestre habrían bajado entre 15 y 20 por ciento.

¿Usted tiene la cifra concreta o total específica de los homicidios?, porque la última que tenemos de homicidios vinculados al crimen organizado son de septiembre de 2011, ¿por qué ya no dan a conocer estas cifras, Secretario?

– Secretario Alejandro Poiré: Muchas gracias Eduardo.

Respecto a esta última pregunta, ya lo hemos aclarado en otras ocasiones, pero lo señalo con toda claridad: la estadística a la que se refería el Presidente de la República, la estadística que hemos hecho pública ya de manera sistemática desde hace muchos meses, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es la de homicidios dolosos.

Porque precisamente el objetivo es contar con los datos formales de las averiguaciones previas, de las actas circunstanciadas en su caso de los gobiernos estatales, para poder tener un registro formal oficial, conforme a investigaciones específicas de los homicidios que se están llevando a cabo; y ese dato, si mal no recuerdo, ya se dio la última actualización conforme al dato más reciente que se dio, que si no estoy equivocado es hasta mayo.

Pero se están dando de manera sistemática y esos datos reflejan justamente esa tendencia de la que hablaba el Presidente de la República.

No quisiera especular respecto a estos reportes periodísticos que, entiendo, se hacen en referencia a algunas de las mantas o escritos publicados por las organizaciones delincuenciales.

Para nosotros el objetivo es, por supuesto, poner a los distintos responsables de estos delitos ante la justicia y por supuesto que la inteligencia correspondiente hace el análisis a ese respecto.

No conozco el contenido específico, conozco solamente los reportes mediáticos de este reporte ante el Comité del Senado estadounidense, pero evidentemente que corresponde a las autoridades ministeriales o de inteligencia financiera o de combate al lavado de dinero, el evaluar la información ahí vertida y, en  su caso, por supuesto, actuar en consecuencia.

– Pregunta: Volviendo un poco a lo que es la Ley General de Víctimas.

Usted el pasado jueves dijo que estaban esperando la comunicación del Senado; quiero preguntarle si ya llegó esta comunicación, sobre todo porque ahorita usted acaba de decir que va a iniciar algunas mesas y quiero saber si esto es con la venia de los propios legisladores, el inicio de estas mesas.

La otra, debe existir un plazo de publicación de esta ley. Quiero saber cuánto tiene la Secretaría de Gobernación para publicar el plazo, sobre todo porque si hay alguna controversia, estos trámites son muy largos y a la presente administración ya no le daría tiempo de ver cristalizados todos estos cambios que ustedes quieren hacer.

Y sobre el tema de hoy, usted acaba de decir el llamado para cinco organizaciones para que se incluyan a este Consejo. ¿Ya tienen ustedes las solicitudes o ya tienen a las organizaciones que podría participar con un representante en este Consejo?

– Secretario Alejandro Poiré: A ver, qué bueno que haces la pregunta así. Sí, en efecto, ya tenemos la comunicación por parte del Senado y la estamos analizando, pero tenemos que distinguir dos cosas.

Primero, el trámite formal jurídico-técnico de la respuesta que nos está enviando el Congreso de la Unión. Eso pudiera derivar en una controversia porque como ya he dicho, para que se rechacen las observaciones del Ejecutivo, lo que tendría que ocurrir es que dos terceras partes de ambas Cámaras se pronuncien al respecto y eso no ha ocurrido.

Entonces, tenemos que analizar esa parte jurídica.

Pero precisamente por lo que dices, porque esos trámites jurídicos pueden llevar mucho tiempo, lo necesario es sentarnos a trabajar.

Ya he hablado con algunos legisladores precisamente para ese efecto, porque evidentemente que las mesas de trabajo tienen que incluir a los legisladores y tienen que contar con la participación de las distintas organizaciones porque, como bien dices, hay prisa.

Nuestra propuesta era que las observaciones se fueran directamente a las Comisiones, para ya en las Comisiones poder trabajar sobre esas observaciones y sobre todas las demás cosas que se quisieran debatir.

Tenemos que reconstruir ese proceso, independientemente del trámite jurídico.

Entonces, hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo: ver el trámite jurídico, ver cuál es la vía para poder resolver este dilema técnico; pero sobre todo, contar con un instrumento que nos permita tener una ley de víctimas lo antes posible y para eso se necesita trabajo, el diálogo con las organizaciones.

Ya existe una propuesta sobre cómo incluir a los grupos de la sociedad civil. Causa en Común la ha presentado a nombre de distintas organizaciones de la sociedad civil y creo que esa traza una muy buena ruta para garantizar que no sea el Gobierno el que se selecciona a las organizaciones de la sociedad civil, sino que hay una representación plural, amplia, diversa, abierta, enfática, de las organizaciones de la sociedad civil de manera permanente.

Ese es el objetivo: garantizar una presencia permanente, eficaz, que le dé transparencia, que le dé mayor firmeza a la vinculación entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

– Pregunta: Entonces no hay una fecha exacta para la publicación de la ley. Usted dice que van a trabajar en paralelo.

Precisamente no hay y una fecha, la ley no les marca una fecha para poderla publicar, o nos vamos a llevar de aquí al 1º de diciembre o días antes para que se publique.

Secretario Alejandro Poiré: Tiene que trabajarse en los dos sentidos.
Por un lado en resolver esta solicitud del Congreso de que se publique una ley sobre de la cual nosotros ya hicimos observaciones.

Si la ley está observada, no se puede publicar con las observaciones, salvo que exista una mayoría de ambas Cámaras del Congreso de dos terceras partes. Entonces, ahora formalmente no hay un plazo para publicar esa ley.

Precisamente porque no existe un plazo perentorio, lo que tenemos que hacer es acelerar el trabajo de definición de una ley con esos elementos, precisamente, para poder tenerla lo antes posible y en cualquier caso requerirá de la participación del pleno de ambas Cámaras, en su momento.

– Pregunta: Déjeme insistir en el tema de la Ley de Víctimas, al menos a mí no me queda claro.

Usted señala, uno pelea mucho el Gobierno Federal la parte de que se entregó en tiempo, de acuerdo a lo que el Congreso les envió en su momento cuando la aprobaron.

Luego, señala usted, hace referencia a este Artículo, si no me equivoco debe ser el 73, que fue aprobado por el Congreso, por el Senado más bien, y que permite, que da facultades al Congreso en su totalidad para trabajar sobre la situación de víctimas que la Cámara de Diputados no ha aprobado.

El llamado es que apruebe la Cámara de Diputados las modificaciones al 73 Constitucional para, en su caso, ya poder trabajar sobre lo que es la Ley General de Víctimas per se, es lo que no queda claro, Secretario.

Ahora, señala usted la necesidad de que estas observaciones que ustedes devuelven, que la permanente les dice que no, tiene que ser regresado, en su caso, o visto por ambas Cámaras por separado. Creo que lo único que ya quedaría es hacer un llamado a un periodo extraordinario porque si no, ya será hasta el siguiente periodo y ya le tocaría a la siguiente administración.

Esa es la parte de los tiempos, porque por más que se sienten a trabajar ahora, son tiempos de que se acaba esto, se acaba la administración. Eso por un lado.

Por el otro, dígame Secretario, cuáles son estas cinco representantes de organizaciones civiles que son invitados a formar parte del Consejo de Seguridad.

Y por último, en cuanto a los informes de Senado de Estados Unidos, dice usted que no aceptan los informes unilaterales. Perdón, pero ¿que no trabajan en conjunto para este tema de la seguridad el Gobierno de Estados Unidos ayuda a México, al menos en cuestiones materiales, recursos materiales?

Y el Gobierno Mexicano mucho presume de esta colaboración que tienen y estos 100 mil policías que usted presume hoy están ya listos, ya aprobados, supongo que entrarán en estos equipos que son preparados, incluso, o adiestrados o formados por mismas autoridades de Estados Unidos.

Y ahora sí la última. Es que respecto al tema de HSBC, está siendo acusado igual por Estados Unidos, en Estados Unidos, por lavado de dinero. ¿El Gobierno de México iniciará alguna investigación al respeto, porque se está haciendo en México?

– Secretario Alejandro Poiré: Ley de víctimas, en el orden en que tú propusiste Ariadna, si te parece bien.

Primero, los tiempos. Sí, por supuesto, que tenemos que insistir en el tema de los tiempos, porque era uno de los argumentos con respecto al cual el Senado dice: “Oye, tus observaciones están fuera de tiempo”. Pues no, no están fuera de tiempo, las observaciones se entregaron en tiempo y forma, creo que eso está cabalmente demostrado.

El Congreso de la Unión nos manda a nosotros la minuta el 1º de junio; el plazo para hacer observaciones vence el 1º de julio. Dentro de ese plazo se entregaron las observaciones.

Creo que ese es un primer tema de los tiempos de las observaciones.

Segundo. Sí, la observación que hacía es respecto al 73 Constitucional, ¿por qué?

Porque una de las observaciones que el Presidente de la República le envía al Congreso, cuando le dice: “Oye, esta Ley General de Víctimas no jala muy bien”, es precisamente que no tiene el debido sustento Constitucional.

¿Y eso qué quiere decir?

Vamos a ver: El Congreso federal es el congreso que representa a la Federación y no tiene atribuciones directas, salvo en casos específicos, para determinar las acciones de los estados.

En particular, en lo que se refiere a reparación del daño, hoy día el Congreso federal no tiene atribución.

¿Qué se necesita para darle atribución? Una Reforma Constitucional. ¿Por qué una Reforma Constitucional? Porque en esa interviene el Congreso federal y los Congresos de todas las entidades federativas.

Por eso sí decimos: Una cosa muy pertinente es la aprobación de esa minuta.

¿Qué quiere decir eso? Que el Senado ya reconoció que, en efecto, se necesita darle esa atribución al Congreso de la Unión y ya le envió la minuta a la Cámara de Diputado. Bueno, un paso adelante sería ese, de entrada.

No quiere decir que tenga que ser un paso previo, lo que estamos diciendo es que al mismo tiempo que eso ocurra, cuando se reúna la Cámara de Diputados para votar ese precepto constitucional, ese cambio a la Constitución, independientemente de eso lo ideal sería que ya tuviéramos una nueva Ley General de Víctimas para que cuando entre en vigor el cambio constitucional, también entre en vigor al mismo tiempo la nueva ley, una ley que cuente con el precepto constitucional, pero que además garantice un funcionamiento adecuado del esquema de atención a víctimas.

Lo último que queremos, de verdad, es que alguien que ha sido víctima de un delito o alguien que ha sido víctima de la violencia, se enfrente a todo un proceso burocrático para ser reconocido como víctima, primero y después toda una serie de ventanillas para decir: “¿Quién me va dar la atención?” –“No, pues la secretaría de salud del estado; no, mejor vete con el Seguro Popular; no, mejor con…” No, que esté muy claro cuáles deben de ser los pasos para atender a las víctimas en el momento que entre en vigor la ley.

Precisamente por eso el trabajo es, independientemente de si esto se hace al final del día, en una votación en un periodo extraordinario o el 1º de septiembre, a partir del 1º de septiembre, cuando se reúne la nueva Legislatura, pues que podamos trabajar ya en un proyecto consensuado, que incorpore las preocupaciones de las víctimas pero también que garantice un resultado adecuado para las propias organizaciones que representan precisamente a los afectados por los delitos.

El informe del Senado. Sí, sí trabajamos de manera muy sistemática con el Gobierno de los Estados Unidos y, precisamente por eso, nos llama mucho la atención que un grupo parlamentario del Congreso de los Estados Unidos, de manera unilateral, presente un informe que con toda franqueza, y ya lo hemos dicho, no tiene sustento en los hechos y por eso lo rechazamos categóricamente.

Los cinco representantes. Haremos una convocatoria amplia y abierta conforme al procedimiento para esto planteado por las propias organizaciones de la sociedad civil y, justamente, no los vamos a definir nosotros.

Hay un proceso así planteado, lo ha planteado Causa en Común, involucraba la participación de distintos actores de la sociedad civil y de líderes académicos, etcétera, para poder generar una convocatoria amplia y ese será el procedimiento que estaremos nosotros proponiendo ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

– Pregunta: ¿Y respecto a HSBC?

– Secretario Alejandro Poiré: Evidentemente que si existen indicios sobre la comisión de delito, que se deriven de este reporte y que pudiera ser que ya hay investigaciones en curso dentro de nuestro país, le corresponderá a las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones y, en su caso, informar al respecto.

Muchas gracias, muy buen día.

Con información de Ntx.

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