Ayer murieron siete mineros que quedaron atrapados en un pocito de carbón en Coahuila. Con su fallecimiento, van casi 150 mineros muertos en seis años, según la Comisión Especial de Seguimiento a la Problemática Surgida por los Conflictos Mineros en el país, comandada por el priista Ernesto Pompa Corella.
En noviembre de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, el cual reveló que la explotación de las minas en dicha entidad no se lleva a cabo dignamente ni conforme a lo establecido en la ley y en instrumentos internacionales.
El documento de la CNDH cita el V Informe Pasta de Conchos, Dime desde allá abajo, elaborado por la Organización Familia Pasta de Conchos (2011), que revela la clase de condiciones laborales en las minas de carbón en Coahuila:
*La mayoría de las minas no cumplen con las normas de seguridad e higiene.
*Los pozos no cuentan con salida de emergencia.
*No se han constituido comisiones de seguridad e higiene como marca la ley.
*Los trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo como metanómetros, botas, lámparas, cascos, etcétera.
*Los mineros a veces tienen que usar su propio equipo porque la empresa o los contratistas no se los proporcionan.
*Se fuerza al máximo la capacidad de las minas.
*En lugar de poner cuatro soportes se ponen dos y no se “emparrillan” los techos de los túneles.
*El empleo que generan los pocitos es inseguro, subregistrado y altamente peligroso.
La CNDH advierte que tanto la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) como la Secretaría de Economía (SE) han incurrido en omisiones o han cumplido de manera deficiente lo que la ley les ordena.
La STPS, por ejemplo, debe tener actualizado un Directorio Nacional de Empresas para que sepa cuáles son las compañías que debe inspeccionar. Sin embargo, en la mayoría de los casos –según la CNDH- los titulares de la concesión minera no son quienes explotan el lugar, ya que firman contratos de prestación de servicios con contratistas y subcontratistas, lo que dificulta poder contar con un padrón exacto de desarrollos mineros.
Otra obligación de la STPS –y que no ha cumplido cabalmente, según la CNDH- es realizar visitas de inspección en materia de seguridad e higiene a las minas.
El problema, se defiende la STPS, es que no cuenta con el personal suficiente para revisar todas las minas en el país: “es imposible cubrir todos los centros de trabajo registrados en el IMSS y en el Inegi con 376 plazas de inspectores federales, lo que ocasiona falta de oportunidad en la detección de los centros de trabajo y las consecuentes visitas de inspección de condiciones de seguridad e higiene que debería realizarse”.
Ayer, la STPS dijo que el centro de trabajo donde ocurrió el accidente –operado por la empresa El Progreso- ya había sido inspeccionado en 16 ocasiones, y que, además, había ordenado la restricción de acceso a uno de los pozos, pues carecía de salida de emergencia.
Además, la dependencia informó que a la fecha hay dos procedimientos sancionadores contra dicha empresa, a la que, cabe mencionar, ya se le habían impuesto multas económicas. Y, sin embargo, este centro de trabajo siguió operando.
En su informe, la CNDH documentó que “no hubo visitas recientes en las minas siniestradas de las que ha tenido conocimiento”, salvo en algunas.
En 2009, 28 minas fueron inspeccionadas por la STPS. En seis minas la dependencia restringió el acceso a los trabajadores para extraer carbón.
En 2010 inspeccionó 32 minas y en 17 ordenó restricciones de acceso. ¿El problema? Todas continuaron operando y en tres de ellas ocurrieron accidentes en los que fallecieron tres mineros.
Por otra parte, el papel de la Secretaría de Economía está casi en las mismas que el de la STPS.
La CNDH dice que la Dirección General de Minas carece de una unidad administrativa de verificación, es decir, no cuenta con servidores públicos encargados de realizar visitas de inspección en el territorio nacional.
Además, los funcionarios que “extraordinariamente” las efectúan no tienen capacitación ni competencia para revisar condiciones de seguridad en las minas.
Ante tal situación, la CNDH formuló diversas propuestas a la Secretaría de Economía, la de Trabajo y Previsión Social y al gobierno del estado de Coahuila para exigir sean respetados los derechos humanos de los mineros.
El organismo nacional propone “impulsar las modificaciones legislativas para que se tipifiquen delitos laborales por incumplimiento cuando se ponga en riesgo la seguridad, se emplee a menores de edad o a mujeres en gestación o lactancia”.
Accidentes en la región son “impredecibles”: Protección Civil
El coordinador estatal de Protección Civil de Coahuila, Francisco Martínez Avalos, dijo en entrevista radiofónica que en esta región este tipo de accidentes ocurren de manera “impredecible” debido a las condiciones en las que se desarrollan y se trabajan estos minerales.
“Se conjugan diferentes factores. Por ejemplo, el accidente de 2006 (Pasta de Conchos) sucedió en una empresa que tenía medidas de seguridad y en algunos de estos accidentes se dan hechos como la presencia de una bolsa de gas metano, lo cual es muy común en la región, por lo que estos accidentes son impredecibles”, explicó Martínez Avalos.
El funcionario aclaró que la STPS no tiene la función de inspeccionar las minas, pero sí revisar los centros de trabajo que estén cerca de algún núcleo poblacional y el posible peligro que generen.
