Legisladores del PRI, PAN y PRD en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión coincidieron en que pese a sus argumentos en contra, el Ejecutivo federal debe publicar la Ley de Víctimas y posteriormente interponer una controversia, pues de lo contrario incurriría en desacato.
En entrevista, el diputado priista Humberto Benítez Treviño adelantó que mañana la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Comisión Permanente discutirá un punto de acuerdo para en el que fijarán un plazo para la publicación de la normativa avalada por el Congreso de la Unión.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó que para no incurrir en una acción de inconstitucionalidad, el Ejecutivo primero debe publicar la ley y posteriormente interponer una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, consideró de acuerdo con el Artículo 110 constitucional, esta omisión podría ocasionar sanciones como la inhabilitación contra el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien a decir de Benitez Treviño, tiene responsabilidad política.
En ello coincidió el senador y presidente de la Segunda Comisión de la Permanente, Leonel Godoy, pero estimó que el Poder Ejecutivo ya está incurriendo en desacato, pues ya han transcurrido los plazos legales para que se haya publicado.
“De acuerdo al Artículo 72 aparatado B (constitucional) ya está promulgada la ley, lo único que le falta es publicarse conforme a lo dicho textualmente por la Constitución”, explicó el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Aunque aclaró que se debe revisar si el sujeto de desacato es el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, el secretario Poiré o incluso el director del Diario Oficial de la Federación, para saber qué tipo de juicio o amonestación procede.
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Teresa Ortuño Gurza, expresó a su vez que lo más recomendable es publicar primero la ley y posteriormente conformar una mesa de diálogo entre las organizaciones civiles, el gobierno federal y los legisladores.
En contraste, el senador del PRI, Carlos Jiménez Macías, expresó que la controversia puede evitarse y aunque lamentó el impasse en que se encuentra la Ley General de Víctimas, pidió considerar las razones que el Ejecutivo federal ha dado para no publicarla.
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