El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Comisión Permanente del Congreso solicitará que se enjuicie políticamente al Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, ante el desacato por no publicar la Ley General de Víctimas, tal como lo instruyó la Comisión Permanente.
Ayer, legisladores del PRI, PAN y PRD en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión coincidieron en que pese a sus argumentos en contra, el Ejecutivo federal debe publicar la Ley de Víctimas y posteriormente interponer una controversia, pues de lo contrario incurriría en desacato.
Hoy se prevé que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Comisión Permanente discutirá un punto de acuerdo para fijar un plazo para la publicación de la normativa avalada por el Congreso de la Unión.
El diputado priista Humberto Benítez Treviño expresó que para no incurrir en una acción de inconstitucionalidad, el Ejecutivo primero debe publicar la ley y posteriormente interponer una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, consideró de acuerdo con el Artículo 110 constitucional, esta omisión podría ocasionar sanciones como la inhabilitación contra el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien a decir de Benitez Treviño, tiene responsabilidad política.
En ello coincidió el senador y presidente de la Segunda Comisión de la Permanente, Leonel Godoy, pero estimó que el Poder Ejecutivo ya está incurriendo en desacato, pues ya han transcurrido los plazos legales para que se haya publicado.
“De acuerdo al Artículo 72 aparatado B (constitucional) ya está promulgada la ley, lo único que le falta es publicarse conforme a lo dicho textualmente por la Constitución”, explicó el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Aunque aclaró que se debe revisar si el sujeto de desacato es el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, el secretario Poiré o incluso el director del Diario Oficial de la Federación, para saber qué tipo de juicio o amonestación procede.
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Teresa Ortuño Gurza, expresó a su vez que lo más recomendable es publicar primero la ley y posteriormente conformar una mesa de dialogo entre las organizaciones civiles, el gobierno federal y los legisladores.
En contraste, el senador del PRI, Carlos Jiménez Macías, expresó que la controversia puede evitarse y aunque lamentó el impasse en que se encuentra la Ley General de Víctimas, pidió considerar las razones que el Ejecutivo federal ha dado para no publicarla.
El 12 de julio de este año, Poiré indicó que no se descartaba la posibilidad de establecer una controversia constitucional respecto a la Ley de Atención a Víctimas, si bien habrá que esperar a revisar la comunicación del Senado de la República.
Ese mismo día, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, dijo que la Ley de Víctimas enviada por el Congreso y respaldada por el Movimiento por la Paz era “inconstitucional, inoperante y tiene muchas inconsistencias de fondo”, y que, además, Presidencia propondría una nueva ley.
El 4 de julio, el Ejecutivo decidió regresar a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto de la Ley General Atención a Víctimas de Delito, al considerar que lo aprobado por el Congreso de la Unión en su último periodo de sesiones presentaba imprecisiones.
Con información de Reforma y Notimex.
