Diario Excélsior publica hoy que Brenda viajó de Michoacán al Distrito Federal para practicarse una interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación del producto, aun así le abrieron averiguación en aquel estado por el delito de aborto.
Mientras que, en Hidalgo, Rosa, con un embarazo deseado de dos meses, llegó al hospital con sangrado vaginal y terminó en la cárcel distrital de Tizayuca, acusada por tentativa de aborto; hoy, todavía embarazada, está siendo procesada por ese delito.
Éstos son sólo dos de los 22 casos de criminalización de mujeres que el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha identificado en el último año en algunas entidades del país tales como Michoacán, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Se trata de mujeres de entre 15 y 33 años de edad, quienes han tenido que pagar fianzas desde cinco mil hasta 180 mil pesos para seguir el proceso penal en libertad.
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