Lo bueno: la base de datos es una respuesta gubernamental a las demandas sociales sobre acceso a la información
El Presidente Felipe Calderón se comprometió, durante la primera reunión de Diálogos por la Seguridad en agosto de 2010, a mejorar la calidad de la información difundida en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. La base de datos que la Presidencia de la República dio a conocer en enero de 2011 sobre el número de muertos presuntamente relacionados con esa política, obedeció a la presión que organizaciones sociales y ciudadanos ejercieron para que se entregaran cifras sobre los casos en los que muchos de sus familiares habían perdido la vida.
La Base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la Delincuencia Organizada fue presentada por el vocero de la Presidecnia en materia de seguridad, el Doctor Alejandro Poiré quien dijo que este era “un ejercicio de transparencia sin precedentes en México y con escasos referentes en el mundo”. En ella, se podía consultar el número total de muertes ocurridas (o presuntamente relacionadas con el fenómeno), en cada mes, estado y muncipio, aunque se dijo que, en aras de salvaguardar la integridad de las investigaciones, no se revelaría el sexo ni edad de las víctimas, tampoco se sabría cuántos y cuantás eran militares o policías, ni el estado que guardaban las investigaciones o los expedientes o números de averiguaciones previas.
Lo malo: las cifras presentadas en enero de 2011 cumplían una función política, pero no jurídica.
El nombre original de la base de datos tuvo que ser modificado a las pocas semanas de su presentación por el de Base de Datos de Fallecimientos Ocurridos por Presunta Rivalidad Delincuencial. ¿La razón?, el nombre anterior hacía pensar que estas muertes estaban relacionadas con la delincuencia organizada, un régimen específico para atraer algunos casos bajo las investigaciones y juicios del fuero federal, delitos contemplados en el artículo 2do de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, el reconocimiento de los homicidios en la base de datos no implicaba que los homicidios o los delitos concurrentes fueran competencia federal y la instancia que estaba encargada de investigar los delitos tampoco se especificó en la base.
No está de más recordar que las muertes registradas en la base se categorizaron a partir de las dinámicas detectadas por expertos independientes y funcionarios públicos bajo “muerte violenta por ejecución”, “enfrentamiento” y “agresión contra la autoridad”, pero no bajo tipos penales reconocidos en los códigos federal o estatales. En realidad, los registros de la base se refieren a homicidios clasificados bajo el criterio de funcionarios públicos, que no necesariamente corresponden a los delitos contemplados en los códigos penales estatales y/o el federal, lo que provoca que no haya ninguna relación entre la base de datos presentada por la autoridad federal y el número de averiguaciones previas abiertas por las distintas procuradurías de justicia estatales y la federal.
Además, la versión posterior de la base de datos—entregada por la Procuraduría General de la República en enero de 2012—no hubiera cambiado totalmente las categorías, esta vez, por “enfrentamiento”, “agresión directa” y “agresión por enfrentamiento”, haciendo a las dos bases incomparables entre sí.
En la explicación metodológica de la primer versión de la base, se explica que los casos se moverían conforme las investigaciones revelaran más información; así, uno de los casos podría cambiar de categoría o incluso desaparecer del conteo por demostrarse que no se trataba de un homicidio relacionado con enfrentamientos entre criminales, de “ajustes de cuentas” entre bandas delictivas o entre autoridades y criminales. Esas actualizaciones nunca se llevaron a cabo, lo que refleja una omisión en cuanto a la calidad de la información públicada y hace pensar en un rezago importante en las investigaciones de los homicidios.
Lo feo: el gobierno federal toma decisiones de política pública con información errónea o toma decisiones de política pública sin información (la cual utiliza para publicar artículos en revistas)
Durante más de un año y medio, el Gobierno Federal utilizó el conteo obtenido de las dos bases de datos como la cifra oficial de los homicidios, sin explicar a qué se debía la tardanza en la entrega de las cifras, los intentos por clasificar las cifras a partir de enero de 2011 o por qué no se actualizaron las cifras en concordancia con los avances de cada expediente. Hasta que al finalizar la 27 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en mayo de 2012, el Procurador de Campeche, Renato Sales, dijo que las cifras de la base de datos no eran confiables, por lo que era necesario rehacer los conteos en los estados y en el Gobierno Federal.
Es preocupante pensar en la cantidad de decisiones que se han tomado con base en cifras erróneas y más en un contexto como el que vivie México actualmente. En mayo de 2011, Alejandro Poiré y Teresa Martínez publicaron una hipótesis sobre la evolución de los homicidios relacionados con la delincuencia organizada utilizando la primera versión de la base de datos. Sin embargo, perocupa más que dado el uso intensivo de recursos que la política de la administración de Felipe Calderón ha utilizado en materia de seguridad, las decisiones se hayan tomado sin tomar en cuenta la información sobre los homicidios, el modus operandi de los responsables y las zonas de mayor incidencia.
También preocupa que los usuarios de la información no hayamos sido suficientemente críticos y que, aun cuando sabemos que las cifras no se han actualizado en meses, que las metodologías son poco claras y que los formatos dificultan el uso público de los datos, repliquemos un discurso del que nadie está seguro y más aún, hayan sido muy pocas voces las que hayan exigido la aclaración de la metodología utilizada en las distintas bases de datos oficiales y se depuraran.
Inteligencia Pública ha realizado un análisis comparativo de las distintas versiones de la base de datos de homicidios relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada en la presente administración con base en los criterios que establece la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para conformar las estadísticas en la materia. Este estudio puede consultarse en su página de internet www.inteligenciapublica.com
