Los militares que incurran en falsedad de declaraciones para involucrar en delitos a civiles serán juzgados por tribunales ordinarios, así lo resolvió hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La votación estuvo distribuida con ocho a favor (los ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Jorge Mario Pardo, Juan Silva Meza) y dos en contra (de los ministros Salvador Aguirre y Margarita Luna Ramos).
Éste es el segundo caso de limitaciones al fuero militar que aborda la Corte. El primero tuvo que ver con el del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana.
El 22 de marzo de 2010, el teniente de infantería Clemente Hernández Jiménez, el sargento Antonio Martínez Hernández y el cabo Aníbal Fernández Rangel presentaron a un civil ante un agente del Ministerio Público federal de Morelia, Michoacán.
Según los militares, encontraron a este civil en posesión de una camioneta con un costal de mariguana.
No obstante, al integrar la averiguación previa, un agente de la Procuraduría General de la República (PGR) detectó inconsistencias en las declaraciones de los militares, por lo que avisó a la Procuraduría de Justicia Militar.
Logró acreditarse que la droga fue “sembrada” por los militares. El juez militar declinó llevar el caso porque consideró que se afectaron los derechos humanos de civiles.
La Corte ahora estudia el caso del asesinato del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, muerto por militares en un retén en 2009.
Con información de Milenio y El Universal.
