Policías militares. Foto: Cuartoscuro.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que 22 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acusados de violencia contra civiles, homicidio calificado, tortura e inhumación de cadáveres serán llevados a tribunales ordinarios.

La resolución señala que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos de los civiles, sino que el procesamiento de los responsables corresponde a los tribunales civiles.

El pleno del Tribunal Constitucional revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado a los 22 quejosos, para el efecto de que el juez militar declarado incompetente remita de inmediato las constancias que integran el proceso penal al juez federal competente.

Una vez que el juez federal asuma su competencia jurisdiccional, procederá a dejar insubsistentes tanto los autos de formal prisión impugnados como las actuaciones realizadas posteriormente por el juez militar responsable.

Así, considerando los hechos respectivos y los elementos de prueba que a su juicio continúen siendo válidos, resolverá con plenitud de jurisdicción sobre la situación jurídica de los indiciados, dentro del plazo establecido por el Artículo 19 constitucional, sin dejar en libertad a los presuntos responsables.

Sin sentencia, 37 militares supuestamente vinculados con crímenes contra civiles

El Ejército Mexicano investiga a por lo menos 37 militares involucrados y vinculados con asesinatos y detenciones extrajudiciales de civiles. Se trata de casos emblemáticos ocurridos hace poco más de 2 años y que siguen sin recibir sentencia en los tribunales militares.

En esa situación se encuentra el expediente que se abrió contra militares involucrados con la supuesta detención y desaparición de los hermanos José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga, presuntamente sacados de su domicilio en Ciudad Juárez la mañana del 14 de noviembre de 2008. Testigos aseguran que a los hermanos los retuvo un pelotón de 50 militares, pero el Ejército sólo reconoce el involucramiento de cuatro de ellos. Por estos hechos, la Procuraduría Militar inició una averiguación previa por la detención extraoficial de los hermanos Guzmán, en la que a tres años de los hechos dice “no” tener a “ningún militar detenido o sentenciado”.