El órgano de supervisión interna del Departamento de Justicia de Estados Unidos culpó a la Procuraduría de aquel país de aplicar estrategias equivocadas, cometer errores de juicio y tener fallas administrativas durante la Operación “Rápido y Furioso”, una investigación fallida para restringir el tráfico de armamento en Arizona que derivó en que cientos de armas aparecieran en sitios donde se cometieron delitos en Estados Unidos y México.
Tras la difusión del informe de 471 páginas, dos altos funcionarios salieron del departamento, uno por renuncia y el otro por jubilación.
En el texto, el inspector general Michael Horowitz se refirió a poco más de una decena de personas con el fin de que sean objeto de posibles acciones disciplinarias por los papeles que desempeñaron en esa operación y en otra distinta llamada Wide Receiver (Receptor Abierto), implementada durante el gobierno del presidente George W. Bush.
No criticó al secretario de Justicia Eric Holder, pero sí dijo que funcionarios de menor nivel debieron haberle informado de la investigación mucho antes.
El texto señala no tener evidencias de que Holder haya sido puesto al tanto sobre el operativo antes del 31 de enero de 2011, ni que le hayan dicho acerca de la polémica estrategia empleada por la Oficina Federal para el Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), perteneciente al departamento, para seguir el rastro de las armas.
El inspector general halló fallas en el trabajo de los jefes principales de la ATF, el personal de la institución y la fiscalía federal en Phoenix, así como en el de altos funcionarios de la división penal del Departamento de Justicia en Washington.
Dijo también que un trabajo defectuoso interno para recabar información y redactar informes en el Departamento de Justicia y en la ATF provocó que en un principio el departamento informara inadecuadamente al Congreso sobre la Operación Rápido y Furioso.
Uno de los funcionarios criticados en el informe, el ex director interino de la ATF Kenneth Melson, que estuvo al frente de esa oficina durante la investigación Rápido y Furioso, se jubiló al difundirse el texto.
“Melson hizo demasiadas suposiciones en torno al caso”, afirmó el informe. “Melson debió haber hecho preguntas básicas sobre la investigación, entre ellas cómo se estaba protegiendo la seguridad del público”.
Otro de los funcionarios criticados, el abogado de carrera Jason Weinstein, renunció. Weinstein ejercía como subprocurador general asistente en la división penal del Departamento de Justicia en Washington.
“Weinstein era el funcionario de más alto rango en el departamento en abril y mayo de 2010 que se encontraba en posición de identificar la similitud entre las estrategias inapropiadas utilizadas en las Operaciones Receptor Abierto y Rápido y Furioso”, señaló el texto.
El abogado de Weinstein, Michael Bromwich, dijo que las críticas del informe están “profundamente equivocadas” y tienen “fallas profundas”.
En agosto pasado, se dio a conocer un informe legislativo que daba cuenta que la red de suministro de armas de alto poder al Cártel de Sinaloa, presuntamente dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, era el blanco principal de la fallida operación “Rápido y Furioso”.
El informe dos mil 359 páginas de extensión fue elaborado por la mayoría republicana del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes e incluyó la revisión de más de 10 mil documentos y unas 24 entrevistas.
*Con información de AP.
