Representantes de organismos de los derechos humanos nacionales e internacionales se pronunciaron a favor que todos los casos que actualmente son investigados o juzgados en la Procuraduría Militar o en los tribunales castrenses de México, pasen a manos de autoridades civiles. Los activistas, también le hicieron un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para acelerar la discusión que desde hace tres semanas iniciaron sobre fuero militar.
Para que los casos sean atraídos por los juzgados ordinarios, los ministros de la Corte tendrían que declarar inconstitucional, en por lo menos 5 amparos, el artículo 57 fracción II del Código de Justicia Militar, el cual actualmente obliga a juzgar en sus propios tribunales a los integrantes de las fuerzas armadas del país en servicio que incurran en delitos contra la población civil.
“De sentar jurisprudencia (como se le nombra al conjunto de sentencias similares que se deben aprobar para fijar un nuevo criterio jurídico), la Suprema Corte abriría la posibilidad para solicitar que los crímenes de militares cometidos contra civiles pueden juzgarse en los juzgados ordinarios”, explicó Santiago Aguirre, abogado e integrante del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, quien le pidió a los ministros acelerar la marcha en la discusión de los casos que actualmente se analizan en el pleno de la Corte.
El pasado 21 de agosto, los integrantes de la organización que representa Aguirre, así como otros grupos que se unieron a la demanda, lograron que los ministros de la SCJN declararan inconstitucional la fracción II del artículo 57 del Código de Justicia Militar, reconociendo con ello el derecho que tiene la familia del indígena nahua, Bonfilio Rubio, asesinado por militares en 2009, para solicitar que el juicio contra los responsables del crimen fuera llevado ante la justicia civil.
Los antecedentes
La decisión de los ministros sobre el caso de Bonfilio, se dio con el inició de la revisión de 30 amparos relacionados con el fuero militar, de los cuales el pleno de la Corte ya resolvió 7. Sólo en el caso del indígena, los ministros resolvieron la inconstitucionalidad del artículo 57, mientras que en los 6 restantes, incluido 5 que este lunes se aprobaron y que fueron solicitados por 22 militares acusados de homicidio y desaparición forzada de 3 civiles en Chihuahua, declararon la “inconvencionalidad del artículo 57”.
A diferencia de la inconstitucionalidad, la “inconvencionalidad” es una figura que se aplica cuando un artículo contraviene los acuerdos firmados por México en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de ahí que la lucha por declarar inconstitucional la fracción II del artículo 57 del Código de Justicia Militar recaiga en los poco más de 20 amparos que tendrán que revisar los ministros de la SCJN en las sesiones que celebraran en las próximas semanas.
Otras violaciones
Rupert Knox, Investigador para México de Amnistía Internacional (AI), sostuvo que la organización que representa se encuentra a favor de que los casos procesados por la jurisdicción militar, “sean remitidos a la justicia civil”, pero reconoció que para ello los ministros de la SCJN tendrían que sentar jurisprudencia.
Entrevistado por Animal Político, Knox dijo que en relación a los casos documentados por AI en su informe 2009, titulado: “Nuevos Informes de Violaciones de derechos humanos a manos del Ejército”, no se ha obtenido información concreta por parte de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“En la mayoría de los casos ha sido difícil darle un seguimiento adecuado porque los familiares que originalmente acudieron a las organizaciones no gubernamentales para pedir ayuda, sienten un gran temor…y se sienten muy vulnerable ante la presencia militar y las acciones de los representantes de la Policía Militar para obstaculizar los casos”.
Comentó que en el caso de la desaparición forzada y asesinato en Ciudad Juárez, Chihuahua, de Saúl Becerra, detenido extrajudicialmente por su supuesto grupo de militares en octubre de 2008 y cuyo cuerpo fue encontrado meses más tarde, sus familiares, así como la abogada que llevaba el caso, decidieron huir del municipio por temor al Ejército. Lo mismo ocurrió con los familiares de los hermanos José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga, presuntamente sacados de su domicilio en Ciudad Juárez la mañana del 14 de noviembre de 2008 por un pelotón de militares.
“Los padres (de José Luis y Carlos) decidieron vivir más o menos permanentemente el otro lado de la frontera cuando su casa en Ciudad Juárez recibió visitas, según vecinos, de miembros del Ejército”, reconoció Knox.
Sobre las desapariciones y asesinatos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martinez y Aron Rojas de la Fuente, la información que tiene AI es que varios de los responsables fueron consignados ante la justicia militar pero nunca se tuvo confirmación del resultado del proceso. “Al parecer en la información que hace pública la Sedena, este caso todavía no llega a sentencia”.
El pasado 6 de agosto, Animal Político publicó un reportaje en el que se informa que por la desaparición y asesinato de Saúl Becerra, los hermanos Guzmán Zuñiga, los jóvenes Miguel Alejandro Gama, Israel Ayala y Aron Rojas, así como por el crimen del indígena Juan Alberto Rodríguez de 18 años de edad, el Ejército investiga a por lo menos 37 militares involucrados con esos delitos, quienes hasta el momento siguen sin recibir una sentencia a pesar de tratarse de casos emblemáticos ocurridos hace poco más de 2 años.
