En los últimos ocho meses poco más de 600 jóvenes fueron detenidos en nueve riñas colectivas, seis de las cuales ocurrieron en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, una en Tepito y dos en partidos de futbol soccer y americano. El 95% de estos chicos, por ser menores de edad, sólo llegaron a la agencia del menor o juez cívico, donde se encontraron con sus padres. El resto -32 mayores de edad- fueron consignados al Ministerio Público y de éstos 25 fueron enviados a los reclusorios Norte y Sur, acusados de los delitos de ataques a la paz pública con el agravante de pandilla, así como daños en propiedad ajena. En caso de ser encontrados culpables, el código penal establece penas que oscilan entre siete y 40 años de prisión.
¿Cuál es el trasfondo real de esta situación? ¿Los acusados ameritan esa sanción? ¿Qué trato deben recibir los menores de edad? La Fiscalía Central de Investigación para niños, niñas y adolescentes de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)capitalina considera que los padres deben inculcar a sus hijos que hay normas y que dichas normas tienen un fin. En el caso de los adultos, la Comisión local de Derechos Humanos y la organización Cauce Ciudadano afirman que la PGJDF aplicó la ley de manera excesiva porque los reprime y criminaliza. La situación es grave porque aseguran que la Ciudad de México no cuenta con una verdadera política orientada a este sector. “Desde el caso News Divine en 2007 la CDHDF planteó la necesidad de una política integral de juventud y cada año decimos que no hay tal porque sigue habiendo una visión asistencial. Si el GDF no lo reconoce seguirán ocurriendo episodios de este tipo”, señala Luis González Plascencia, presidente de la Comisión.
Detalles con lupa
En todos los casos, la edad de los acusados oscila entre 18 y 28 años, aunque la mayoría no pasa de los 23. La gravedad radica en que en seis de las nueve riñas explotaron petardos , causando lesiones menores y algunos daños materiales. Cauce Ciudadano ofreció asesoría y defensoría a algunos de los probables responsables, de ahí que el abogado de esta ONG, Armando Barrera, encontró varias irregularidades en las expedientes integrados por los agentes ministeriales.
Por ejemplo, en el caso Tepito (27 de junio), la policía realizó un operativo para recuperar mercancía robada y fue agredida por algunos jóvenes; pero los jóvenes que fueron presentados ante el MP llegaron horas después por lo que no hubo flagrancia. En el enfrentamiento que sucedió en el metro Chabacano (4 de agosto), los jóvenes detenidos aseguran que los policías les ‘sembraron’ cohetones antes de llevarlos al MP; incluso –especifíca Barrera- algunas detenciones se realizaron en Plaza Reforma 222, donde los policías confundieron a varios clientes con agresores, prejuzgándolos por su aspecto físico. Algo similar sucedió en la Zona Rosa (16 de julio) cuando un grupo numeroso de jóvenes acudió a una falsa fiesta convocada en redes sociales, después se enfrentó con la policía y luego se dispersó por las calles aledañas; la consecuencia fue la misma.
En septiembre se registraron cuatro casos. Afuera de la estación Martín Carrera ( 7 de septiembre) donde riñeron estudiantes de preparatoria y CETIS; uno de los detenidos dice que sólo salió a comprar agua. En la estación Iztacalco (14 septiembre) hubo un vidrio roto en el vagón del metro tras el enfrentamiento entre estudiantes que dejó 33 detenidos, uno de ellos es un joven de Tláhuac que regresaba de recoger a su esposa del trabajo. En el metro Cuauhtémoc (18 septiembre) cuando la porra del Cruz Azul lanzó bombas humeantes en el tren y andén; y en la zona sur (día 22) derivado de un enfrentamiento entre seguidores de los equipos Pumas-Politécnico, donde nueve personas fueron remitidas a la PGR.
Como antecedente destacan dos casos. La riña de febrero pasado en metro Santa Anita, donde los cinco acusados estuvieron siete meses presos y recién salieron libres pese a que un video del STC comprobó que ellos no detonaron un petardo en el andén. Y en marzo, el enfrentamiento que ocurrió en el partido América-Pumas en el estadio de Ciudad Universitaria, en el que cuatro jóvenes siguen consignados en el reclusorio Sur; sin embargo su abogado defensor logró una victoria importante: que un juez federal determinara que no se puede configurar el delito de ataques a la paz pública, por lo que sus clientes podrían quedar en libertad para responder sólo por los daños materiales ocasionados.
Los desacuerdos
Luz María Hernández, fiscal para niños, niñas y adolescentes, explicó que, por lo general, la mayor parte de los menores que llegan a la agencia 57 se amparan en el artículo 20 constitucional para reservarse su derecho a declarar hasta que lleguen sus padres y abogado. “Lo ideal sería que los padres enseñen a sus hijos a ser responsables de sus actos, pero encontramos que tanto ellos como los defensores buscan que los chicos estén los menos posible con la autoridad por eso su gran recomendación es que no declaren y nieguen lo que hicieron” dice.
Por otro lado, Cauce Ciudadano refiere que este sector de la población siempre se ha movilizado en transporte público -camión o metro- por lo que considera que las autoridades deberían revisar a fondo este problema para encontrar soluciones idóneas. En tanto propone tres cosas: presencia de autoridades en las estaciones más comunes para ingreso y salida de estudiantes; trabajar en soluciones alternas para conflictos que no terminen necesariamente en la cárcel: y el diseño e implementación de políticas públicas integrales para atender jóvenes y adolescentes.
“Pareciera que hay un aumento en estas riñas estudiantiles, pero en realidad no lo es. El incremento radica en la exposición que hace la PGJ al decir que está haciendo su trabajo, que quiere dejar una ciudad limpia. Este es el mensaje en la transición. Pero la propia ONU y UNICEF señalan que estos hechos más que ser una muestra de la magnificencia con que suceden, en el fondo lo que revelan es la rarez con que ocurren. Compáralos con otros delitos que no se ventilan como los homicidios: entonces la frecuencia de las riñas es mínima” considera Barrera.
El abogado cuestiona que la política de la SSP y PGJ privilegie la mano dura con la intención de consignar jóvenes por delitos graves para evitar que salgan bajo fianza. Como argumentos señala la contratación de Rudolph Giuliani en 2002 para reducir los índices de criminalidad, la segunda asesoría que el ex alcalde neoyorquino entregó a Marcelo Ebrard como titular de la SSP en 2007; y el trabajo de Alejandro Gertz Manero en esa dependencia en 2001. “Los policías no tienen capacitación en perspectiva juvenil, sólo van y agreden a los jóvenes. Los jóvenes responden y agreden a los policías. Y a fin de cuentas los muchachos siempre llevan las de perder”.
Basada en el enfoque de la PGJDF, la fiscal Hernández consideró que en el caso de los menores las medidas sancionadoras pretenden darles una experiencia de legalidad para que valoren los principios de convivencia armónica, civismo y respeto a los derechos de los demás.
Por otro lado, el titular de la CDHDF está en desacuerdo con las detenciones numerosas e injustificadas porque reflejan la desproporcionalidad de la autoridad. “La SSP justifica el proceder y en el caso de la Zona Rosa nuestra recomendación estará lista en un par de semanas para establecer si las detenciones fueron en flagrancia o consecuencia de la búsqueda de jóvenes por los alrededores” señala.
¿Y Mancera?
El ombudsman Luis González Plascencia negó que su postura frente al gobierno capitalino sea débil y acusó que la administración local carece de una verdadera política en materia de juventud. “Los jóvenes de la zona norte y oriente no tienen acceso a puestos laborales por eso caen en actividades delictivas o ambulantaje. Me parece que no hay una comprensión clara de sus derechos, creen que con canchas deportivas y eventos culturales es suficiente pero eso no resuelve el problema porque es multifactorial. Falta política en materia de adicciones y el deporte es un derecho no una concesión graciosa de la autoridad. En el Instituto de la Juventud nos topamos con pared porque su visión es dar becas y no están centrados en derechos verdaderos”.
Para buscar soluciones al problema en general, Plascencia reveló que hubo acercamientos con Miguel Ángel Mancera como ex procurador. Dice que él mostró disposición para resolver algunos puntos pero nada más. Pese a ello, confió en que como próximo Jefe de Gobierno cambie su visión hacia los jóvenes y solucione problemas de inseguridad dentro de las escuelas como el bullying y la incursión de bandas en los planteles, además de diseñar planes de trabajo para evitar riñas de estudiantes en transporte público y eventos deportivos. “Nos preocupa que los más en cárceles son jóvenes y eso habla mucho del tipo de destino que tendrán” concluyó.
