Esclavos del narco: Profesionistas forzados
30 de octubre Paris Martínez (@paris_martinez)

Esclavos del narco: Profesionistas forzados

Insight Crime  presenta un especial realizado por cuatro medios latinoamericanos sobre crimen organizado y derechos humanos. El primer especial fue sobre desplazamiento forzado en México, Colombia, Guatemala y El Salvador.

Este segundo, que hoy te presentamos, es sobre esclavos del narco. Los hombres, mujeres, niños y profesionales que se convirtieron en trabajadores forzados para grupos delictivos.

Animal Político realizó una investigación en los estados de la República donde este problema se ha presentado de manera frecuente y te presenta los datos, las historias y testimonios de aquellos a quienes les fue arrebatado algún ser querido para trabajar para el narco.

Lee el primer reportaje completo:

Los esclavos especializados

Es 25 de enero de 2009, y el ingeniero José Antonio Robledo Fernández habla por teléfono con su novia, mientras se estaciona frente a un servicio de autopartes en Monclava, Coahuila. Es originario de la capital mexicana, pero radica desde hace más de un año en esta ciudad norteña, donde labora para la empresa constructora ICA Flour Daniel.

José Antonio habla un perfecto inglés y tiene experiencia en encarpetado e instalación de antenas, aunque por el momento su responsabilidad es vigilar a las firmas subcontratadas por ICA en este municipio.

Trabajar en Monclava es una oportunidad para reunir dinero y poder casarse. Ignora sus peligros. Ignora que Los Zetas cobra aquí el llamado “derecho de piso” a la empresa que lo ha contratado, y desconoce, también, que algunos de sus compañeros son, en realidad, agentes del grupo delictivo.

Después de estacionar su Xtrail modelo 2004, José Antonio es abordado por tres hombres armados.

–¿Con quién trabajas? –pregunta uno.

–Con ICA –responde el ingeniero civil.

–Dame las llaves y súbete –le ordenan.

La llamada telefónica que José Antonio sostiene con su novia no se ha cortado y ésta escucha, además de esta breve conversación, los golpes que su pareja recibe.

Tres años y diez meses después, aún se ignora su paradero.

El ingeniero José Antonio Robledo Fernández es uno de los 36 profesionistas y técnicos que, en los últimos cuatro años, han sido plagiados por el crimen organizado, sin razón aparente, sin buscar una compensación económica, y sin que haya vuelto a saberse de su paradero.

Se trata, en la mayoría de los casos, de ingenieros, pero también hay arquitectos, médicos, veterinarios.

Son, en otros casos, empleados de la industria de las telecomunicaciones raptados junto con su instrumental de trabajo, cuando realizaban comisiones en el norte del país, de acuerdo a las denuncias presentadas por sus mismas empresas.

Y el común denominador de estas víctimas, aquello que las caracteriza, es su alta formación profesional.

“No es casual”

Tan sólo durante 2011, la Comisión de Seguridad del Senado mexicano tomó conocimiento de una decena de estos casos, empezando por el de Alejandro Alfonso Moreno Baca, un joven de 34 años, ingeniero en sistemas, que desapareció el 27 de enero, cuando conducía por la autopista de cuota Monterrey-Nuevo Laredo; luego, diez más fueron documentados.

“El que hayan estado desapareciendo personas capacitadas en esas áreas no es algo casual ni accidental –advierte Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la República, y también miembro de la de Defensa Nacional, entre septiembre de 2006 y agosto de 2012, justo el periodo en el que se decretó la guerra del gobierno mexicano contra la delincuencia organizada–; yo lo expresé en distintas reuniones de seguridad, cuando el Ejército y la Marina empezaron a descubrir antenas y sistemas muy sofisticados; estoy seguro de que esos especialistas desaparecidos fueron obligados a desarrollar esa infraestructura.”

Efectivamente, en septiembre del año pasado, el Ejército desmanteló una red de telecomunicaciones del crimen organizado en Jalisco y otra en Coahuila, mientras que la Marina desarticuló una más en Veracruz, con 13 antenas activas, aunque el descubrimiento más significativo vino casi un año después de la desaparición de Alejandro Moreno Baca, el 12 de diciembre de 2011, cuando el Ejército descubrió una red clandestina de radiocomunicación al servicio del cártel de Los Zetas, con estaciones en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y que constaba de 167 antenas y 155 repetidoras, que enlazaban mil 450 radios, mil 300 celulares, mil 350 aparatos Nextel, todo controlado a través de 70 computadoras.

Las antenas estaban instaladas en cerros y elevaciones de difícil acceso en la zona noreste del país, en algunos casos en puntos hallados a cinco días de marcha a pie, y se abastecían de energía a través de paneles solares.

Además, en lo que va de 2012, las Fuerzas Armadas han destruido instalaciones clandestinas de telecomunicación en Sonora (siete antenas y 20 repetidoras), Chihuahua (una antena y una repetidora) y, en agosto reciente, en Veracruz (13 antenas), Tamaulipas (dos antenas y una repetidora), así como en la carretera Monterrey Nuevo-Laredo, la misma donde fue raptado el ingeniero Moreno Baca (donde se descubrió una antena de 50 metros y una repetidora).

En total, suman más de 400 las antenas y repetidoras desmanteladas por las autoridades.

Felipe González, que fungió como secretario de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, durante el sexenio que concluye, y quién también presidió la de Seguridad contra el Terrorismo del Parlamento Latinoamericano, abunda: “No veo yo cómo iba a ser algo casual (la desaparición de técnicos). Por ejemplo, ninguno de los ingenieros en sistemas desaparecidos ha sido hallado, pero el año pasado hombres armados detuvieron un autobús de pasajeros y obligaron a bajar a dos personas que dijeron trabajar en una empresa de sistemas; el problema es que no eran técnicos, sino cobradores, y ellos sí aparecieron rápidamente, aunque asesinados”.

Más, y más, y más

En el año 2010, familias de víctimas de desaparición provenientes de todo el país crearon la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), que ha documentado, entre enero de 2007 y julio de 2012, un total de 256 personas desaparecidas involuntariamente en dicha entidad.

No se trata, sin embargo, de todas las víctimas reportadas en el estado, sino únicamente de aquellas que fueron secuestradas sin que se solicitara rescate y que no contaban con antecedentes penales o vínculos con la delincuencia organizada, es decir, “ciudadanos inocentes”.

En 2011, y ante la reiterada denuncia de casos en otras entidades de la república, Fundec se convirtió en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), que desde entonces ha tomado registro, además de las 256 víctimas de Coahuila, de 80 casos más en otros puntos del país.

De estos casos, se informó, 25% corresponde a profesionistas y el resto a empleados, comerciantes y obreros, todos en edad productiva.

Además del caso del ingeniero José Antonio Robledo, Fundec tiene documentadas, entre otras, las desapariciones involuntarias de la ingeniera industrial Dora Elba Solís Parrilla; de la mercadóloga Martha Dene Guerrero Guevara; del ejecutivo bancario Dan Jeremeel Fernández Morán (desaparecido por militares que, tras ser detenidos, fueron asesinados por un comando armado que ingresó a instalaciones judiciales para ejecutarlos, así como para liberar a nueve integrantes del Cártel del Golfo); del estudiante del Tecnológico de Saltillo Antonio de Jesús Verástegui Escobedo y de su padre; de los veterinarios Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros (cuyo rapto motivó al Senado a aprobar un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales a apoyar en su búsqueda); del agente importador Víctor Adrián Rodríguez Moreno, así como del profesor de biología Javier Burciaga Vázquez y, diez meses después, de su hermano Luis Carlos.

Por otra parte, familiares de otros 25 profesionistas han reportado su rapto a manos de comandos armados lo mismo en Veracruz que en Colima, Guadalajara, Nuevo León y Zacatecas. Son arquitectos, ingenieros, técnicos de Pemex, especialistas financieros, médicos, abogados, de cuya desaparición reconoce tener noción Nelly Montealegre, fiscal federal para la Trata de Personas, “por notas que se han publicado”, aunque, con una sonrisa inocente, la joven funcionaria también admite no contar con una sola investigación al respecto.

Deben buscarlos vivos

El 27 de enero de 2011, Alfonso Moreno Baca salió de la Ciudad de México a bordo de su Mazda rojo, en un viaje de paseo que concluiría en Laredo, Texas, donde tenía pensado visitar a un amigo.

Poco antes de llegar a su destino, en el kilómetro 13 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, pasando la caseta de Sabinas Hidalgo, fue detenido por un retén de sicarios, integrantes de una célula de Los Zetas que operó en esa zona entre 2007 y 2011, y que finalmente el año pasado fue abatida por el Ejército.

“No es dinero lo que querían, nunca se comunicaron con nosotros para pedirnos un rescate –dice Lucía Baca, mamá de Alejandro–; entonces, nosotros nos hacemos la pregunta: ¿para qué se los llevan? ¿Por qué se los llevan? Debe haber una lógica: ¡¿por qué, para qué?! Todos son jóvenes, y la autoridad los busca muertos, en fosas, cuando deberían buscarlos vivos…”

Lucía habla mientras sostiene entre sus manos la ficha de búsqueda con el retrato de Alejandro, quien al ser raptado tenía ya cuatro años de laborar en IBM-México. A su lado, Alfonso, padre del ingeniero, extiende los mapas con las coordenadas por donde pasó su hijo el último día en el que se tuvo noticia de él, los reportes de actividad de su teléfono celular y las fotografías de otras víctimas de desaparición en ese punto carretero.

“Entre 2007 y octubre de 2011, en esa zona fueron desaparecidas al menos 16 personas –dice Alfonso–; conocemos casos de víctimas que venían de Monterrey, de Jalisco, de Guanajuato, todos jóvenes; son Míriam, Perfecto, Andrés, Braulio, Ismael y varios más, todos desaparecidos al pasar la caseta de Sabinas Hidalgo y en ningún caso se solicitó rescate”.

De hecho, la asociación civil neoleonesa Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) calcula que, sólo durante 2011, en la entidad desaparecieron cerca de 800 personas, 200 de las cuales fueron raptadas en carreteras estatales. De ellos, reporta la organización encabezada por la hermana Consuelo Morales (premiada en 2011 por Human Rigths Watch), 65% fue secuestrado por integrantes del crimen organizado y el resto por policías, marinos y militares.

Tres días después del secuestro de Alejandro, sus padres llegaron a la ciudad de Monterrey para comenzar su búsqueda y fue en las oficinas de la Policía Federal donde “nos dijeron que no nos preocupáramos, ‘a su hijo se los devuelven en tres meses, y del carro ni se apuren, en alguna ranchería va a aparecer…’, nos dijo el oficial en turno, así, con ese cinismo, y ahí nos dimos cuenta del tamaño de la corrupción que hay en el estado… en fechas posteriores volvimos, sólo para enterarnos de que toda la policía municipal de Sabinas, empezando por el que era su comandante, brindaban protección a la delincuencia organizada y, de hecho, quien era su titular hoy está en la cárcel”.

Además de Alejandro, en el tramo carretero de Sabinas fue raptado, también en enero del año pasado, otro técnico en sistemas, una profesora, dos deportistas y un estudiante de relaciones internacionales, entre otros, “y en Nuevo Laredo también se investiga el secuestro de dos técnicos en sistemas que fueron extraídos de sus viviendas, y el común denominador es que todos tienen una edad de entre 20 y 40 años, son lo mismo hombres y mujeres. A los que son ingenieros o técnicos en sistemas los pondrán a trabajar en sus redes de comunicaciones, y a los que son especialistas en otras áreas los tendrán en otras labores… pero ésa es nuestra esperanza, que ellos siguen vivos, que los tienen trabajando bajo la consigna de obedecer o morirse; y vivos hay que buscarlos”.

En octubre del año pasado, el Ejército atacó el campamento que la célula de Los Zetas mantuvo por al menos cuatro años en Sabinas, en un momento en el que se hallaban 200 personas en el lugar; sin embargo, sólo se reportó que 22 sicarios fueron abatidos y el resto abandonó el sitio durante la refriega, a través de caminos serranos. Se ignora si entre ellos había gente retenida contra su voluntad.

Si se dice que en ese narcocampamento había 200 personas, y los militares mataron a 22, ¿dónde están los otros 178? ¿Por qué no los alcanzaron, quiénes eran, dónde quedaron?”, pregunta el padre de Alejandro.

Nueve…

La cuenta de técnicos secuestrados por el crimen organizado puede rastrearse hasta 2009, año en el que un grupo de nueve personas contratadas para instalar antenas de radiotelefonía en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue raptado por hombres armados que, al día siguiente, volvieron por los vehículos y las herramientas de trabajo de las víctimas, de quienes no se ha vuelto a tener pista desde entonces.

Sus nombres son Julio César Ochoa Romo, Víctor Romero, José Hugo Camacho Fierro, Marcelino Moreno Leal, los hermanos Carlos y Ricardo Peña Mejía, Constantino García Jiménez, Roberto Gutiérrez Medina y Eduardo Toyota, todos vecinos de Guasave, Sinaloa, y algunos con hasta diez años de experiencia en montaje de equipos de microondas.

Ellos tenían dos semanas de haber llegado a la ciudad fronteriza, con un contrato por seis meses, y habían arrendado un departamento hasta el cual, el 19 de junio, a la medianoche, arribó un grupo de hombres con uniformes negros y encapuchados, a bordo de varias camionetas oscuras que, según las declaraciones de los vecinos, los extrajo a punta de pistola. Horas después, los captores volvieron por el instrumental de trabajo de los técnicos.

Este caso fue denunciado por la empresa de telecomunicaciones Nextel ante el mismo presidente Calderón, y sus representantes sostuvieron encuentros con las secretarías de Seguridad y Defensa Nacional.

Luego, el 1 de diciembre de 2009, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales (particularmente a las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública, así como a la Procuraduría General de la República) a que “se realicen las tareas necesarias para coadyuvar con dependencias locales y municipales en materia de seguridad pública del estado de Tamaulipas, en las investigaciones que conlleven a la pronta localización de los nueve sinaloenses desaparecidos en Nuevo Laredo”.

Todos ellos, señaló en la exposición de motivos el senador Mario López Valdez, habían recibido la advertencia “de no entrar al territorio de Nuevo Laredo, por la inseguridad que priva en ese lugar y por su identidad de sinaloenses, debido a que, según comentarios, no eran queridos ni bien recibidos”. Por esa razón, dijo, en nombre de los familiares de las víctimas, “recurro a la máxima tribuna de este país, para que se atienda la petición de unos mexicanos que, como todos nosotros en su situación, se encuentran sumamente afligidos por la incertidumbre y la pesadez de los momentos por los que están pasando”.

Ninguna de estas acciones, sin embargo, han arrojado fruto alguno.

Otros tres empleados de esta firma, “levantados” en acciones distintas durante los últimos años, han sido recuperadas con vida, aunque se ignoran los detalles de su rescate. Por ello, el pasado 9 de mayo de 2012 –en el marco de una reunión de 150 familiares de personas desaparecidas en todo el país, que se congregaron en la Ciudad de México para conmemorar el Día de las Madres con la exigencia de justicia para sus hijos, padres, hermanos y hermanas ausentes–, Gabriela Peña Mejía, hermana de dos de los técnicos desaparecidos, aseguró que aún sigue viva la esperanza de rescatar a sus familiares y compañeros.

“Les estorban”

Es 27 de enero de 2009, han pasado 48 horas desde el secuestro del ingeniero José Antonio Robledo, y sus padres, Guadalupe Fernández y José Antonio Robledo Chavarría, ya han presentado denuncias en la capital de Coahuila y en el municipio de Monclova. Tres días más tarde lo harán también ante la Procuraduría General de la República.

El trato en cada oficina de gobierno es el mismo. “Hay mucha ineficiencia y apatía de las autoridades –dice Guadalupe–; en Monclova, incluso la agente del Ministerio Público nos da a entender que poco le importa la suerte de mi hijo”.

Pese a ello, en esos primeros días desde el secuestro, ahí están, “con la esperanza de regresar con nuestro hijo”.

Confían en que se trata de un plagio típico, creen que en cualquier momento recibirán una llamada exigiendo el pago de rescate, y esperan. Sin embargo, recuerda Guadalupe, llega un momento en el que, de forma abrupta, tenemos que salir de Monclova, el 5 de febrero de 2009, cuando los visita en su hotel Joaquín Benito del Ángel, jefe de seguridad de ICA en dicho municipio, acompañado por dos sujetos que afirman ser integrantes de Los Zetas en la región.

“Nos dijeron que no fuéramos a la policía (al día siguiente teníamos pactada una entrevista con el entonces subprocurador de Justicia del estado, Jesús Torres Charles), que ellos estaban controlando a la policía ministerial tanto en Monclova como en Saltillo, que ellos nos iban a ayudar y que el contacto sería el jefe de seguridad de ICA –narra Guadalupe–. Ellos tenían información de todo lo que habíamos ya tramitado ante las autoridades; estuvimos hablando como 15 minutos con esos hombres, y en cuanto terminó la plática y ellos se retiraron, nosotros salimos huyendo del hotel y nos fuimos directamente a Saltillo para ver al subprocurador Torres Charles, al que le contamos todo; estábamos muy espantados, pero él se negó a que esa información fuera agregada a la denuncia de secuestro: ‘corre peligro la vida de su hijo, no lo arriesguen’, nos decía”.

Don José, papá del ingeniero desaparecido, reflexiona: “En algunos momentos nos hemos dado de frentazos mi esposa y yo, pensando que tal vez hubiera sido mejor negociar con ellos, con los delincuentes, en vez de querer hacer las cosas por la vía legal, por la vía institucional… Torres Charles llegó a ser fiscal general del estado y asesor jurídico del actual gobernador Rubén Moreira (PRI), y en febrero de 2012 fue separado de la administración pública al saberse que su hermano, Humberto Torres Charles, agente de la Fiscalía General de Coahuila, recibía 300 mil pesos mensuales del crimen organizado a cambio de brindarles protección”.

Actualmente, la PGR ofrece una recompensa de tres millones de pesos a quien proporcione información que lleve a la captura del Humberto Torres Charles, mientras que mantiene presa y sometida a juicio a Claudia González López, exdelegada de esa misma institución federal en Coahuila, por sus presuntos vínculos con Los Zetas.

“En la PGR nos dijeron que había otros empleados de ICA desaparecidos –señala Guadalupe–; se trata de cinco ingenieros; y en 2011 se nos acercó la familia de un soldador argonero, raptado también en Monclova, y también empleado de ICA Fluor Daniel; pero luego no pudimos mantener el contacto, la familia tiene mucho miedo; sabemos de otro caso de un ingeniero de ICA secuestrado en Michoacán, y en la empresa nos informaron que, antes de mi hijo, otro técnico ya había sido desaparecido”.

–¿Qué papel ha jugado ICA, les ha brindado algún apoyo?

–Nuestro hijo tenía un año y tres meses trabajando para esa empresa… ellos se lo llevaron a Monclova, y cuando desapareció, no nos dijeron nada; si nos enteramos fue porque su novia estaba hablando con él por teléfono cuando fue atacado; pero dos días después del secuestro, el 27 de enero de 2009, ICA se deslindó, nos dijeron que lo que nosotros pudiéramos o quisiéramos hacer era cosa nuestra, que la compañía se deslindaba inmediatamente… eso nos lo dijo el ingeniero Raúl Alberto Medina Peralta, jefe del proyecto Fénix, y lo único que yo acerté a decirle -recuerda Guadalupe– fue que mi hijo no había llegado solo a Coahuila, que a él lo habían traído los de esa empresa, pero que si ellos no pensaban hacer nada por él, nosotros, sus padres, sí lo haríamos…

–A partir de las investigaciones de la autoridad y las realizadas por ustedes mismos, ¿qué hipótesis han formulado sobre el motivo por el que José Antonio fue raptado?

–Sabemos que la razón no era obtener dinero de su familia –dice Guadalupe– porque nunca se comunicaron con nosotros para exigir el cobro de un rescate; también sabemos que Los Zetas sí cobraban derecho de piso a ICA, y que de no hacerlo pesaban amenazas sobre su personal; de hecho, este dinero se le entregaba a los criminales a través de dos empleados de la empresa, compañeros de trabajo de mi hijo: Joaquín Benito, jefe de seguridad, y el chofer que transportaba a José Antonio de su casa al trabajo, y en cuyo vehículo encontraron una metralleta y 148 envoltorios de cocaína. Ellos dos, así como otros tres cómplices, están hoy presos, pero se niegan a revelar qué hicieron con José Antonio. Enfrentan cargos por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro.

–También sabemos –añade don José– que uno de los detenidos era el encargado de cobrar derecho de piso a las empresas contratistas que daban servicio a ICA, y mi hijo era el que vigilaba que esas firmas cumplieran con los requisitos técnicos; entonces, pensamos que, tal vez, en algún momento les molestó que mi hijo fuera cierto obstáculo para las empresas que no cumplían los lineamientos, pero que ya habían pagado su cuota a la delincuencia organizada.

Don José endurece la mirada y mide, palabra a palabra, su respuesta, cuando se le pregunta si es posible que, dado su perfil profesional, su hijo continúe vivo, cautivo por alguna banda delictiva.

–Yo sé que mi hijo pudo serles de utilidad: hablaba un perfecto inglés y tenía experiencia en encarpetado e instalación de antenas; bien podía serles útil para crear sistemas de comunicaciones o para hacer pistas de aterrizaje clandestinas… sin embargo, el de México no es el caso de Colombia, donde los grupos armados dominan espacios geográficos en los que los delincuentes pueden mantener cautivos a sus rehenes durante largo tiempo, y con cierta tranquilidad… pero en México se da una violencia tan animal, tan agresiva, tan homicida, que aunque algunos de los desaparecidos sean inicialmente usados, empleados a la fuerza, creo que después de un tiempo les estorban; ya después de que los explotan, se vuelven un peligro… ojalá existiera esta posibilidad, de que los tuvieran trabajando en algún lado, pero creo que no es necesario para la delincuencia organizada retenerlos indefinidamente; cuando necesitan gente especializada la agarran, la usan y la desechan; y si luego vuelven a necesitar a más especialistas, pues se llevan a otros.

*Nota publicada originalmente el 29 de octubre de 2012.

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