Insight Crime presenta un especial realizado por cuatro medios latinoamericanos sobre crimen organizado y derechos humanos. El primer especial fue sobre desplazamiento forzado en México, Colombia, Guatemala y El Salvador.
Este segundo, que hoy te presentamos, es sobre esclavos del narco. Los hombres, mujeres, niños y profesionales que se convirtieron en trabajadores forzados para grupos delictivos.
Animal Político realizó una investigación en los estados de la República donde este problema se ha presentado de manera frecuente y te presenta los datos, las historias y testimonios de aquellos a quienes les fue arrebatado algún ser querido para trabajar para el narco.
Lee el primer reportaje completo:
Los esclavos especializados
Es 25 de enero de 2009, y el ingeniero José Antonio Robledo Fernández habla por teléfono con su novia, mientras se estaciona frente a un servicio de autopartes en Monclava, Coahuila. Es originario de la capital mexicana, pero radica desde hace más de un año en esta ciudad norteña, donde labora para la empresa constructora ICA Flour Daniel.
José Antonio habla un perfecto inglés y tiene experiencia en encarpetado e instalación de antenas, aunque por el momento su responsabilidad es vigilar a las firmas subcontratadas por ICA en este municipio.
Trabajar en Monclava es una oportunidad para reunir dinero y poder casarse. Ignora sus peligros. Ignora que Los Zetas cobra aquí el llamado “derecho de piso” a la empresa que lo ha contratado, y desconoce, también, que algunos de sus compañeros son, en realidad, agentes del grupo delictivo.
Después de estacionar su Xtrail modelo 2004, José Antonio es abordado por tres hombres armados.
–¿Con quién trabajas? –pregunta uno.
–Con ICA –responde el ingeniero civil.
–Dame las llaves y súbete –le ordenan.
La llamada telefónica que José Antonio sostiene con su novia no se ha cortado y ésta escucha, además de esta breve conversación, los golpes que su pareja recibe.
Tres años y diez meses después, aún se ignora su paradero.
El ingeniero José Antonio Robledo Fernández es uno de los 36 profesionistas y técnicos que, en los últimos cuatro años, han sido plagiados por el crimen organizado, sin razón aparente, sin buscar una compensación económica, y sin que haya vuelto a saberse de su paradero.
Se trata, en la mayoría de los casos, de ingenieros, pero también hay arquitectos, médicos, veterinarios.
Son, en otros casos, empleados de la industria de las telecomunicaciones raptados junto con su instrumental de trabajo, cuando realizaban comisiones en el norte del país, de acuerdo a las denuncias presentadas por sus mismas empresas.
Y el común denominador de estas víctimas, aquello que las caracteriza, es su alta formación profesional.
“No es casual”
Tan sólo durante 2011, la Comisión de Seguridad del Senado mexicano tomó conocimiento de una decena de estos casos, empezando por el de Alejandro Alfonso Moreno Baca, un joven de 34 años, ingeniero en sistemas, que desapareció el 27 de enero, cuando conducía por la autopista de cuota Monterrey-Nuevo Laredo; luego, diez más fueron documentados.
“El que hayan estado desapareciendo personas capacitadas en esas áreas no es algo casual ni accidental –advierte Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la República, y también miembro de la de Defensa Nacional, entre septiembre de 2006 y agosto de 2012, justo el periodo en el que se decretó la guerra del gobierno mexicano contra la delincuencia organizada–; yo lo expresé en distintas reuniones de seguridad, cuando el Ejército y la Marina empezaron a descubrir antenas y sistemas muy sofisticados; estoy seguro de que esos especialistas desaparecidos fueron obligados a desarrollar esa infraestructura.”
Efectivamente, en septiembre del año pasado, el Ejército desmanteló una red de telecomunicaciones del crimen organizado en Jalisco y otra en Coahuila, mientras que la Marina desarticuló una más en Veracruz, con 13 antenas activas, aunque el descubrimiento más significativo vino casi un año después de la desaparición de Alejandro Moreno Baca, el 12 de diciembre de 2011, cuando el Ejército descubrió una red clandestina de radiocomunicación al servicio del cártel de Los Zetas, con estaciones en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y que constaba de 167 antenas y 155 repetidoras, que enlazaban mil 450 radios, mil 300 celulares, mil 350 aparatos Nextel, todo controlado a través de 70 computadoras.
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30 de octubre