Esclavos del Narco: Los niños del hampa

 

Insight Crime  presenta un especial realizado por cuatro medios latinoamericanos sobre crimen organizado y derechos humanos. El primer especial fue sobre desplazamiento forzado en México, Colombia, Guatemala y El Salvador.

Este segundo, que hoy te presentamos, es sobre esclavos del narco. Los hombres, mujeres, niños y profesionales que se convirtieron en trabajadores forzados para grupos delictivos.

Animal Político realizó una investigación en los estados de la República donde este problema se ha presentado de manera frecuente y te presenta los datos, las historias y testimonios de aquellos a quienes les fue arrebatado algún ser querido para trabajar para el narco.

Lee el segundo reportaje completo:

Los niños del hampa

Omar desapareció el 12 de agosto de 2008, a los 14 años de edad, en Reynosa, Tamaulipas, donde pasaba las vacaciones. Fue visto por última vez portando un videojuego de bolsillo y un cachorro, acompañado por una pareja de “veinteañeros” que lo interceptó cuando volvía de la tienda, a la casa donde se hospedaba.

A partir de ese momento, de Omar no se supo nada más, sino hasta tres años después, a mediados de 2011, cuando su cadáver fue encontrado en una calle de Acapulco, Guerrero, con una bala en la nuca.

¿Qué fue de este adolescente durante esos últimos tres años de vida en los que oficialmente estuvo “extraviado”? ¿Quiénes lo secuestraron en el norte del país? ¿Dónde y de qué forma lo mantuvieron retenido? ¿Por qué fue asesinado al otro lado de la república, en Acapulco? Ésas son las preguntas que desde aquel 12 de agosto de 2008 se vienen acumulando en la mente de Araceli, su mamá, quien adelgaza la voz hasta el mínimo audible al hacer un recuento de los datos que, por investigaciones propias, ante la inacción de las autoridades, ha logrado recabar sobre el destino de su hijo.

“Él cayó en manos de una red de trata de personas –dice, con los ojos permanentemente hinchados por el llanto– que, luego de llevárselo, lo convirtió en adicto, lo obligaban a prostituirse, a vender droga y sabrá Dios a qué otras cosas.”

A su lado, Araceli ha extendido la documentación que, desde 2008, viene acumulando sobre la desaparición y muerte de Omar. Mira los papeles, las fotos, y cuida que las lágrimas no caigan sobre ellos. “A pesar de todo lo que hice, nunca pude ver a mi hijo, todo fue inútil… yo me había aferrado y no sé si fue tanta mi insistencia que, cuando estaba a punto de recuperarlo, me lo mataron”.

La facultad de “usar”

De entre los parámetros internacionales que permiten establecer la existencia de un caso de esclavitud, el más evidente es el denominado ius utendi, o facultad de usar, y aquellas víctimas sobre las que éste se ejerce entran en la categoría de “persona en condición servil”, definición que en 1956 fue ampliada por la ONU para incluir en ella, de forma explícita, a los niños que son explotados por adultos no emparentados.

Más de 40 años después, en 1997, la explotación de infantes por parte de grupos armados, incluidos los de la delincuencia organizada, demandó que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) adoptara los Principios de Ciudad del Cabo, que establecen una definición para el concepto “niño soldado”, que aplica para “toda persona menor de 18 años que forme parte de cualquier fuerza o grupo armado, regular o irregular, con independencia de las labores que desempeñe; por ejemplo y sin que la enumeración sea taxativa, labores de cocinero, recadero, mensajero y toda persona menor de 18 años que acompañe a esas fuerzas o grupos cuando ello no sea en condición de familiar. Se incluye también en esa categoría a las niñas a quienes se haya reclutado con fines sexuales o para obligarlas a casarse. Por tanto, (esta definición) no incluye sólo a los menores que porten o hayan portado armas”. Ese fue el caso de Omar y, según estimaciones oficiales, el de muchos otros infantes reclutados por el hampa, mediante amenazas, engaños o coacción.

Entre diciembre de 2006 y octubre de 2011, por ejemplo, la Procuraduría General de la República procesó a 142 menores de edad “por delitos contemplados en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada” y el primer caso fue el de Rosalío Reta Junior, un joven texano de 16 años, quien, luego de romper con Los Zetas, grupo para el cual trabajaba desde los 13, se entregó a las autoridades mexicanas en Nuevo León, a condición de ser deportado a Estados Unidos, donde hoy purga sentencia de 80 años de cárcel por distintos delitos, incluidas ejecuciones en aquel lado de la frontera.

Sin embargo, el número de capturas es sólo una pequeña muestra del reclutamiento generalizado de menores de edad por parte del crimen organizado, dado que, según la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, al menos 25 mil adolescentes y adultos jóvenes (no mayores de 25 años) han sido coptados por los cárteles de la droga para desempeñar distintas funciones en sus estructuras operativas, cálculo elaborado con base en las estadísticas delictivas de los cuatro primeros años de gobierno del presidente Felipe Calderón.

 

Los reclutas

Carlos Cruz fue pandillero en su juventud y hoy es director de Cauce Ciudadano, asociación civil dedicada al rescate de niños y jóvenes en ambientes de violencia. Carlos es alto y robusto, de gran fuerza física y mirada dura, ensombrecida por ojeras permanentes.

Él se alejó del vandalismo hace varios años, pero nunca ha dejado de ser parte de la banda, los chavos, la pandilla y, a partir de ese contacto diario, afirma con seguridad que “aun esas estimaciones oficiales, que reconocen 25 o 30 mil menores reclutados, son absolutamente parciales y limitadas.”

Desde su óptica, que es compartida por otros organismos civiles dedicados a la protección de la niñez, como Save the Children México o la Red por los Derechos de la Infancia, “los menores de edad que son absorbidos por la delincuencia organizada entran en el rango de víctimas por el solo hecho de ser niños y adolescentes, y las bandas de criminales tienen muchas maneras para obligar a un chavo o a una chava a prestarles servicios…”

Así, destaca, todos los niños reclutados por el crimen organizado son víctimas de explotación, y ya que han sido reclutados, por la vía del rapto, el engaño o la coerción, “no tienen la posibilidad de negarse a hacer nada de lo que se les ordene”.

Carlos habla con fluidez, pero hace una pausa reflexiva al preguntársele si a esos niños puede considerárseles esclavos de los cárteles: “Pues, más allá de otros argumentos semánticos en torno a la definición de ‘esclavitud’, puedo decir que son adolescentes y jóvenes alejados de sus núcleos familiares y comunitarios mediante el uso de la fuerza física o con base en engaños, con promesas de salir de la pobreza opresora, que es la única vida que conocen; también son chavos que están pagando con su trabajo las deudas contraídas por sus papás u otros familiares adictos; chavos cuya obediencia obtienen las bandas de criminales por medio de amenazas no sólo a su vida, sino a la de sus familiares.”

Y pone el énfasis en un aspecto particular: “No es verdad que estos ‘reclutas’ tengan la oportunidad de desertar, como dicen las autoridades, la ley no los protege, estos niños se convierten en delincuentes a la vista de la autoridad. Es más, ni siquiera durante un combate podrían rendirse, porque saben que el Ejército y la Marina no dejan sobrevivientes, así que, en ese escenario, su única opción real de seguir con vida es jalar del gatillo… Ésta es una situación que hemos venido denunciando insistentemente, hay casos de niños secuestrados y coptados, víctimas de reclutamiento forzado, en prácticamente todo el país, pero, ¿dónde están las averiguaciones de la PGR, dónde están los detenidos? ¿Dónde están las bases de datos de víctimas? No los hay…”.

 

Muerte en Acapulco

Entre el 15 de junio de 2007 y el 23 de mayo de 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) inició 19 indagatorias por el rapto de 20 personas, que fueron privadas de la libertad para obligarlas a realizar trabajo forzado mediante intimidación y violencia, o para someterlas a servidumbre, en 13 entidades federativas.

En estos casos identificados por la PGR, una de las víctimas era un varón y el resto, mujeres; del total de víctimas, diez eran menores de 18 años y, aunque en algunos expedientes se detectó la operación coordinada de cómplices en hasta tres entidades distintas de la federación, la Procuraduría informó, a través de su oficio SJAI/DGAJ/ 6494/2012, que ninguna de las averiguaciones estaba vinculada con la actividad del crimen organizado.

Omar, sin embargo, no está en esa lista de la PGR sobre personas secuestradas con fines de explotación.

“Cuando desapareció mi niño –narra la señora Araceli–, yo estaba en la Ciudad de México, donde radicamos, Omar estaba de vacaciones en Tamaulipas, al cuidado de mi hermana y, tan pronto como reuní un poco de dinero, me trasladé a Reynosa y allá anduve recorriendo las oficinas del DIF (Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia), los Centros Tutelares de Menores, los hospitales, incluso recorrí la frontera; ninguna autoridad me ayudó, anduve yo sola pegando carteles con su fotografía, caminando en lugares horribles, entre los maras, durante días, hasta que se me acabó el dinero”.

En su peregrinar, Araceli buscó respaldo en las procuradurías de Justicia de Tamaulipas, del Distrito Federal, así como de la PGR, “pero en todos lados me dijeron que era yo la que tenía que aportar elementos para su búsqueda”, así que se sumó a agrupaciones civiles dedicadas a la localización de menores extraviados en la que, afirma, “nos llevaban a programas de televisión y, aunque pocas veces podíamos exponer nuestros casos, fue a partir de una entrevista que me hicieron en un noticiario que, en julio de 2011, una persona nos informó, de forma anónima, que mi hijo había sido visto en Guerrero”.

Para entonces, Omar tenía ya 17 años, había pasado tres desde su desaparición.

“Yo quería abrazarlo, besarlo –recuerda Araceli, con la vista perdida–; iba yo con esa ilusión cuando me dijeron que había noticias de él; aquí en la casa preparamos una pancarta para recibirlo, le compramos un muñeco, estábamos contentos de que iba a regresar”.

Sin embargo, la espera por noticias de su rescate se prolongó hasta el 3 de octubre, cuando, a través de una llamada telefónica, Araceli fue notificada por las autoridades de Guerrero de que Omar había sido finalmente hallado, aunque en una fosa común, tras ser asesinado en abril.

Según el informe de su autopsia, Omar fue baleado por la espalda, “quizá intentó escapar, defenderse”, dice su madre. Un tiro se incrustó en su pierna, otro en la espalda y el disparo mortal impactó en la nuca y salió por su labio superior.

Según las declaraciones ministeriales presentadas por testigos, incluida la de una persona que solía conversar con el adolescente, una mujer adulta era la encargada de conducir a Omar en auto hasta la esquina de un barrio ubicado fuera de la zona turística de Acapulco, donde debía vender una cuota mínima de estupefacientes.

“Dicen que llegó desde agosto de 2008 a Acapulco –narra Araceli–; así como se lo robaron, se lo llevaron al sur… según lo poco que se ha investigado, una señora lo llevaba todos los días, lo dejaba ahí entre seis y ocho de la noche y luego regresaba por él. Le esculcaba las bolsas, para recoger todas las ganancias, y luego se lo llevaba. Supuestamente, a mi hijo lo tenía cautivo la banda de un sujeto al que sólo se identifica como Willy…”

Según la autopsia, al morir Omar estaba desnutrido, “muy delgadito, lo tenían muy mal, no comía habitualmente y su forma de sostenerse en pie era la droga (…) La persona que hablaba con él dice que días antes de que lo asesinaran, vio al niño muy golpeado; entonces le preguntó qué le había pasado y mi hijo le contó que la banda contraria lo atacó para quitarle su mercancía, pero que no se había dejado, porque si se la quitaban la tenía que pagar o, de lo contrario, el Willy lo mataba”. Dos semanas después, Omar fue abordado por un grupo de sujetos que descendió de un vehículo oscuro y lo acribilló en el punto de venta al que estaba asignado.

 

Carne de cañón

En noviembre de 2010, un mes después de que la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados diera a conocer sus cálculos sobre la existencia de 25 mil niños reclutados por el hampa en México, este concepto cobró rostro, voz y volumen a través de un video que circuló en internet, elaborado por integrantes del Cártel del Pacífico Sur (tal como se autodenominaba entonces la célula morelense del cártel de los Beltrán Leyva-Zetas), en el que se muestra a un hombre adulto con el torso lacerado, pendiendo por las muñecas de una viga en el techo. La víctima es torturada por distintas personas, pero una en particular destaca por su corta estatura y por su timbre, aún infantil, cuando se acerca con un palo de hockey entre las manos y golpea en distintas ocasiones al prisionero.

“¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere?”, se escucha al niño decir, como parte de las burlas que acompañan a los golpes, tan fuertes éstos que para los mismos verdugos suenan “como si le pegaras a un tambo”.

Se trata de Édgar N, apodado El Ponchis, un adolescente de 14 años que, capturado semanas después de emitido el video, en diciembre de 2010, confesó ser sicario desde tres años atrás, cuando fue “levantado” (es decir, secuestrado) por el líder de la banda, Jesús El Negro Radilla (aprehendido en 2011 por el asesinato de Juan Francisco Sicilia y seis personas más, crimen que dio origen a una de las mayores demostraciones ciudadanas de repudio a la violencia en México, hoy cristalizada en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad).

Actualmente, Édgar recibe tratamiento especial para su reinserción social. Su pena, de tres años en reclusión por cuatro homicidios y delitos contra la salud, fue criticada ácidamente desde el Congreso de Morelos y se anunció una reforma a la Ley de Justicia Penal para Adolescentes en esa entidad, orientada a elevar las penas para menores implicados en delitos graves, como homicidio, secuestro o violación, e impedir que recobren la libertad en el corto plazo, con un efecto ejemplificador; y mientras éste es el nivel del debate, el crimen organizado capta cada vez más niños.

Según las estadísticas de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, el empleo de menores de edad en labores de vigilancia, monitoreo, custodia y sicariato ha sido una práctica sistemática y progresiva durante los últimos años, ya que mientras en 2006 sólo se tomó conocimiento de un caso, esta cifra pasó a 20 en 2007; luego a 21, en 2008; a 25 para 2009; a 29 en 2010 y, entre enero y octubre de 2011, la PGR contabilizó 46 menores más laborando para cárteles, lo mismo en Aguascalientes que en Baja California, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz o Zacatecas.

Y, en 2012, el conteo no se detiene: tan sólo en abril pasado, una célula de 13 sicarios responsable de al menos 21 ejecuciones fue desmembrada en Nuevo León; siete de los detenidos son menores de edad. Al ser capturados, portaban seis rifles de asalto, cinco AR-15 y un AK-47, un millar de cartuchos y dos “tablas de tortura”, empleadas para castigar a víctimas de extorsión que no cumplen con sus pagos.

“El problema del reclutamiento forzoso y, en particular, del de jóvenes y menores de edad por parte del crimen organizado hoy comienza a ser visualizado claramente –señala el investigador Alejandro Hope, especialista en inseguridad y narcotráfico–, y es probable que en la actualidad existan muchos jóvenes dentro de los grupos criminales, aun sicarios, que desean salir, pero que no pueden hacerlo porque lo primero que hacen estas organizaciones es recabar información sobre la persona y sobre su familia, contra quienes pesa una amenaza real hacia su vida en caso de deserción”.

Se trata, señala el también titular del programa Menos Crimen, Menos Castigo, del Instituto Mexicano para la Competencia y del centro de análisis México Evalúa, “de relaciones de explotación por necesidad, por temor, que se engloban en un fenómeno de coerción relativamente poco estudiado y, desgraciadamente, mal documentado”.

 

La danza

M. es uno de esos jóvenes reclutados en su adolescencia por el crimen organizado. Por seguridad, su nombre, apodo y procedencia son omitidos. Sólo es posible decir que vive en uno de los estados con mayor índice delictivo del país y que creció en una zona marginal, “en donde nuestro elemento principal, el mío y el de mis homies, mis carnales, fueron los charcos y la tierra, porque no había canchas, no había un pastito… ahí andaba siempre la pandilla, nuestro mayor consuelo era la calle”.

M. anda tumbado, es decir, “visto guango, cholo”; es fornido, su mirada es fría, sus párpados son abultados, como los de un boxeador, y habla secamente cuando recuerda los años 90, con un tono de añoranza. “En ese entonces ser parte de la pandilla era todavía un juego, era cuestión de decir: ‘somos los locos, somos los malos’, ésa era nuestra razón”. Eran tiempos en que se dedicaban, reconoce, al robo menor, confinados, como estaban, al desempleo permanente.

“Y entonces –narra–, a finales de los 90 se empieza a manejar el asunto de los Equipos, los grupos del crimen organizado que se mueven en los barrios, que son una cosa distinta a la pandilla, definitivamente.

–¿Por qué dices que Equipo y pandilla son cosas distintas? –se le pregunta.

–La pandilla surge del núcleo familiar –explica M.–, surge del barrio, donde mi abuelita conoce a la abuelita de mi homie, y siempre va a haber un código de honor que te hace decir: ‘güey, espérate, es la jefita, es el barrio, son los niños, es la mujer, y son cosas que siempre tienes que respetar'; pero cuando llega el Equipo, el grupo criminal, se rompe con todo eso y lo único que vale es el dinero… Y opera así: te mando a un estado, te instalo en un hotel, te asigno una comunidad y, a través del vicio, de la droga, empiezas a conectar a la banda, empiezas a identificar quiénes son los locos del barrio, siempre mostrándote como un referente positivo: voy bien vestido, traigo una buena camioneta; entonces te ubico, veo si andas jodido y te digo: ‘¿Andas jodido, güey? Yo te enseño cómo le podemos hacer’, y después de eso te digo: ‘jálate a ese güey, jálate a ese otro’, y empieza a llegar la chula, la feria, el dinero fácil… y empieza a llegar buen material, buena droga, y eso siempre va a retumbar en los oídos de la pandilla, ¡siempre! Entonces, las pandillas iniciamos con una ideología que te mantenía dentro, con ciertos valores, con conceptos que por más que le muevan nunca iban a desaparecer, como el carnalismo, como la lealtad, como el respeto, pero cuando llegaron esos güeyes, los Equipos, todo valió verga.

–¿De qué manera presionan a los jóvenes para servir al Equipo?

–Mira, la cosa pasa así, buscan a un homie torcido, que necesite varo, si hoy ven que no tienes pa’ comer, hoy mismo te mandan un compa pa’ avisarte que están contratando… el problema es que lo que te toca hacer es jalarle, ir a cobrar la extorsión, la renta, mover la droga, y esos güeyes te obligan a que ejecutes la danza para ver tu valor; primero te destruyen moralmente, te cierran los ojos y te dicen: “a la verga, puto, usted ya no es dueño de su alma ni de su cuerpo, ahora nosotros somos los dueños… y también somos dueños de su familia, culero, porque si usted falla, los que la pagan son los de acá”… y así, dime: ¿quién no va a ejecutar la danza?

 

Nueva leva

En el año 2011, una década después de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, de la ONU, el Estado mexicano presentó su primer informe sobre la situación de los niños soldados, con la conclusión de que “México no se encuentra involucrado en conflictos armados (internos o internacionales) y por tanto no se presenta el reclutamiento o utilización de niños por parte de grupos armados”.

Pero ante esta postura optimista, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas opuso su “preocupación” ante lo que consideró falta de información “sobre el uso de niños por grupos armados no estatales y que, por consiguiente, (la autoridad) no tome ninguna medida para prevenirlo”.

Por ello, el organismo de la ONU recomendó al Estado mexicano “tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que los niños no sean reclutados por grupos armados no estatales, identificando y monitoreando los diferentes grupos armados en el país, incluso los grupos paramilitares y los grupos de la delincuencia organizada”.

–¿Los “niños sicarios” mexicanos caben en la definición de “niños soldados” del derecho internacional? –se pregunta al titular de Cauce Ciudadano, organización que ha realizado labores de intervención directa con jóvenes en situación de violencia no sólo en barrios de México, sino también de Colombia.

–Hoy los cárteles están integrando equipos operativos, armados, con esquemas militares y paramilitares, para el control del territorio que se disputan entre grupos rivales –señala Carlos Cruz–. Y se estima, por ejemplo, que sólo en Morelos, Puebla, el DF y Guerrero existen 450 puntos de distribución de droga al mayoreo para abastecer las narcotienditas de estas cuatro entidades, que son custodiados por equipos de diez integrantes, básicamente jóvenes y adolescentes, en los que al menos seis están armados, lo que nos da un total de 4 mil 500 menores involucrados en labores de “seguridad”, de los que 2 mil 700, aproximadamente, manejan armamento, y esto ocurre sólo en cuatro de las 32 entidades del país, así que si sumamos todas las plazas de la geografía mexicana, estimamos nosotros que podría haber entre 50 mil y 100 mil chavos y chavas enrolados en los distintos cárteles, cumpliendo distintas funciones: de vigilantes, de sicarios, de operadores.

Es por ello que, señala Cruz, en México existe un fenómeno de “leva”, de reclutamiento forzoso, cuya dimensión es tal que no puede ser abordado en términos penales, “porque son demasiados, no hay cárcel en la que puedan caber, no hay operativo que pueda arrestarlos; son una fuerza regular y como tal deben ser vistos; para todos esos chavos no debería haber persecución penal, sino un programa de desmovilización, de desarme y reintegración a la familia, al estudio y al trabajo, con incentivos económicos, tal como se hizo con los niños soldados que participaron en conflictos armados de Centroamérica o África”.

Y con él coincide Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, para quien los niños absorbidos por el crimen organizado mexicano son víctimas de un fenómeno que denomina “narcoexplotación, la cual va más allá de la explotación laboral, tal como la entendemos”.

–¿Existe alguna diferencia entre los “niños soldados” de Colombia, reclutados por grupos armados que financia el narcotráfico, y los “niños sicarios” de México, enrolados también por grupos armados financiados por el narcotráfico? –se pregunta al director de la Red.

–No –responde, sin titubeos–. No hay ninguna en términos conductuales o cognitivos, ni tampoco en los métodos de reclutamiento forzado… hablar de un niño sicario en México es lo mismo que hablar de los niños soldados en África, Colombia o Centroamérica. Sin embargo –insiste–, en materia de derecho internacional, en México no se podría hablar de niños soldados porque no hay una guerra…

Y debido a esa interpretación legal, reconoce: “en México no existen programas de desmovilización para niños que han participado en hechos armados… no hay condiciones sociales para abordar el asunto y, de hecho, en ciertas áreas del país resulta suicida acercarse al tema en este momento”.

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