Organizaciones civiles de México y de otros países coinciden: el gobierno del presidente Felipe Calderón, que termina este sábado 1 de diciembre, ha sido uno de los más controvertidos en la historia reciente.
La guerra contra carteles de narcotráfico que emprendió a unas semanas de asumir el poder, han causado la muerte a unas 50.000 personas según datos oficiales.
Miles abandonaron sus comunidades para huir de la violencia, un exilio interno del que poco se ha documentado. Las personas desaparecidas también suman miles, según organizaciones ciudadanas.
Calderón reconoce que su gobierno será recordado por la violencia. Pero también existen otros temas controversiales que se presentaron en los últimos seis años, el lapso que dura el gobierno de un presidente en México.
BBC Mundo le presenta seis temas polémicos de los últimos años, y que marcan lo que ha sido el período de Felipe Calderón en la presidencia mexicana:
¿Y dónde quedó El Lazca?
Heriberto Lazcano Lazcano, conocido como El Lazca, líder del Cartel de Los Zetas, fue uno de los hombres más perseguidos durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, que emprendió varias operaciones especiales para su captura.
El Cartel ha sido catalogado como uno de los más violentos no sólo de México sino incluso de Centroamérica, un cariz que las autoridades atribuyen a El Lazca y algunos de sus más allegados, ex militares de élite.
Lazcano fue abatido el 7 de octubre de 2012 durante un enfrentamiento fortuito con infantes de Marina en la pequeña comunidad de El Progreso, Coahuila, donde se hacía pasar por concesionario de una mina de carbón. Sin embargo, horas después el cuerpo fue robado de una funeraria.
Aunque las autoridades de Coahuila y el gobierno federal afirmaron días después del enfrentamiento que el jefe de Los Zetas había muerto, el robo generó dudas entre legisladores y analistas.
Para despejar dudas la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) exhumó los cuerpos de los padres del presunto delincuente y poder comparar los rastros de ADN.
El incidente provocó críticas a la guerra contra carteles que emprendió el gobierno de Calderón.
“No sé como pretenden que nos traguemos esta rueda de molino, con este asunto de El Lazca tan mal manejado”, dijo el ex presidente Vicente Fox.
Pero el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, respondió que el gobierno del presidente Calderón ha capturado o abatido a la mayoría de los líderes criminales más peligrosos del país.
“Reconocemos que los ciudadanos quisieran tener una respuesta más clara, más veloz, más eficiente, en la reducción de los delitos y el aumento de la seguridad, pero también es un hecho que como nunca, México está haciendo su esfuerzo”, afirmó.
Analistas mexicanos y el gobierno de Estados Unidos consideran que la muerte del líder y cofundador de Los Zetas es uno de los mayores golpes contra carteles de narcotráfico.
Hasta ahora, sin embargo, el paradero del cuerpo de El Lazca se desconoce.
Masacre en el Casino Royale: ¿inicio del narcoterrorismo?
La tarde del 25 de agosto de 2011 un grupo de personas llegó a las puertas del Casino Royale, uno de los más concurridos de Monterrey, Nuevo León, la tercera ciudad más importante de México.
De varios autos y camionetas bajaron botes con gasolina, que arrojaron a las alfombras y muebles del negocio, y enseguida le prendieron fuego.
El incendio creció con rapidez. Decenas de personas lograron escapar, pero 52 murieron asfixiadas o bajo las llamas. Otra víctima murió días después.
El ataque, que las autoridades atribuyeron al Cartel de Los Zetas, conmocionó a los mexicanos que vivían una creciente ola de violencia por la guerra contra el narcotráfico.
En varias partes del país habían estallado autos bomba, aparecieron fosas clandestinas con cientos de cadáveres y los asesinatos masivos eran frecuentes.
Académicos y analistas hablaban de actos de terror hacia la población civil, pero las autoridades les calificaron como “acciones criminales”.
El incendio del Casino Royale pareció cambiar el escenario: por primera vez en su gobierno, el presidente Felipe Calderón incluyó la palabra “terror” en su discurso.
Los autores del ataque, aseguró, eran “homicidas incendiarios y verdaderos terroristas sobre quienes debe caer no sólo todo el peso de la ley, sino el unánime repudio de la sociedad”.
Más allá de definiciones, lo cierto es que el atentado al Casino Royale reveló un problema del que poco se hablaba en México: el aumento irregular de casas de apuestas y negocios irregulares en Monterrey y otras ciudades del país, y las extorsiones que carteles de narcotráfico hacían a sus propietarios.
De hecho según la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Nuevo León (PGJNL) el ataque al Royale fue una represalia a su propietario por negarse a pagar el “derecho de piso”, una cuota que las bandas aplican a los negocios en el país.
En respuesta al ataque gobierno federal envió a cientos de soldados y marinos al estado para buscar a los responsables del ataque, acción que fue criticada por especialistas.
“A veces estos operativos bajan la violencia en las zonas donde se aplican, pero otras la exacerban”, le dijo a BBC Mundo Eduardo Guerrero Gutiérrez, director de la empresa consultora Lantia.
“Ha faltado trabajo de inteligencia para ubicar a los grupos más dañinos, pero también falta coordinación entre las autoridades”.
Las autoridades defienden su estrategia. “En los crímenes cometidos en el Casino Royale, en Monterrey, ya se han aprehendido a más de 30 personas”, afirmó el secretario de Gobernación Alejandro Poiré.
“Estos son ejemplos de que si perseveramos podremos llevar a los responsables ante la justicia”.
Según la Procuraduría de Nuevo León, sólo falta por detener a uno de los atacantes directos del Casino Royale.
Torsos humanos en Cadereyta: cuando la violencia llegó al extremo
Los vecinos de la comunidad de San Juan, Nuevo León, tuvieron una desagradable sorpresa.
En la madrugada del 12 de mayo de 2012 aparecieron en las afueras de su pueblo los torsos de 49 personas. Seis eran mujeres. Ninguno tenía pies, manos ni cabezas.
La comunidad es parte del municipio de Cadereyta, que como casi todo el noreste de México es un territorio disputado por los carteles de Los Zetas y de Sinaloa o del Pacífico, cada uno aliado con otros grupos.
Desde 2006 la batalla por el territorio ha sido violenta. Por ejemplo en Tamaulipas, estado vecino de Nuevo León, se encontraron fosas clandestinas con cientos de cadáveres y en el municipio de San Fernando fueron asesinadas 72 personas indocumentadas, la mayoría de Centroamérica.
Pero los 49 torsos humanos en San Juan rebasaron los límites conocidos hasta entonces, y según especialistas son un ejemplo de que la estrategia gubernamental contra la inseguridad no ha funcionado.
La guerra contra el narcotráfico aumentó la violencia y provocó que para sobrevivir los carteles rompieran sus antiguos códigos de respeto, le dijo a BBC Mundo Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
“Antes se privaba de la vida a quienes tenían alguna relación, pero ahora se trata de mandar un mensaje de intimidación. Es una estrategia de miedo hacia la gente”, explica.
“¿Cómo hemos llegado a esto, a un grado de violencia donde no importa lo que se haga con el cuerpo humano?”, cuestiona.
Y es que según las autoridades el desmembramiento de los cuerpos buscaba evitar su identificación. Una muestra de los “actos inhumanos y deleznables” que se cometen en la disputa entre los Zetas y el Cartel del Pacífico, afirmó el secretario de Gobernación Alejandro Poiré.
Es un elemento central: según el funcionario la violencia e inseguridad no es generada por las autoridades, sino consecuencia de la batalla por los mercados y rutas de tráfico.
“Los responsables de la violencia son únicamente los delincuentes y la forma de acabar con ella parte de llevarlos a ellos, a los asesinos, ante la justicia”, insistió.
Ciertamente, los datos oficiales contrastan con la evaluación de algunos especialistas.
Un informe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) establece que durante el gobierno de Calderón la Policía Federal capturó a más de 128.000 presuntos delincuentes, y de ellos unos 3.000 son líderes del crimen organizado.
Y según Ernesto Cordero, presidente del Senado y ex secretario de Hacienda, todos los elementos de la SSP y la PGR fueron evaluados mediante un sistema de control de confianza. Más de 5.000 espacios públicos controlados por delincuentes fueron recuperados.
En el caso de Cadereyta el Ejército y la Marina han capturado a nueve de los participantes en la matanza.
Pero hasta ahora los 49 torsos humanos no han sido identificados.
Guardería ABC: la tragedia que no cesa
Ana Paula, Denisse Alejandra, Santiago, Martín, Yeceli, Daré, Camila, Yazmín Pamela, Luis Denzel…
Todos son niños. Todos menores de cinco años. Todos murieron el 5 de junio de 2009 en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.
Organizaciones civiles dicen que es la peor tragedia infantil en la historia de México. Humo y fuego terminaron con la vida de 49 niños, quemaron gravemente a 40 y a otros 53 les causaron lesiones, algunas irreversibles.
Oficialmente el incendio empezó en una bodega del gobierno de Sonora, a unos metros de la guardería que no tenía extinguidores, la salida de emergencia estaba bloqueada y los detectores de humo no funcionaban, según las investigaciones realizadas por la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR).
De las 27 personas enjuiciadas por el accidente sólo dos permanecen en prisión. Hasta ahora no se ha dictado sentencia alguna.
Varios funcionarios del gobierno federal fueron involucrados, e incluso en las investigaciones se relacionó a una familiar lejana de la esposa del presidente, Margarita Zavala.
Pero las acusaciones no se probaron, y los implicados fueron absueltos.
La Guardería ABC formaba parte de un programa especial del gubernamental Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mediante el cual contrata a empresas y personas particulares para que se encarguen de las estancias infantiles.
Después del incendio las autoridades comprobaron que muchas guarderías tenían condiciones similares a la ABC de Hermosillo. Los responsables del programa fueron despedidos, y varias estancias fueron clausuradas.
Además, el presidente Calderón promovió una nueva ley para regular las guarderías y evitar en el futuro una tragedia como la de Sonora.
“México avanza hacia una mejor atención de lo más preciado y valioso que tenemos, y que son nuestros niños”, dijo al firmar el decreto que la puso en vigor.
El IMSS otorgó atención médica de por vida a los menores afectados, y ha pagado los cuidados que se han dado en hospitales de Estados Unidos. También se entregaron becas y apoyo económico a algunos sobrevivientes y las familias que los aceptaron.
Sin embargo, algunos padres creen que esto es insuficiente, pues las autoridades de Sonora, los jueces y el gobierno federal han sido “negligentes” en el caso.
“Jamás hemos encontrado respuesta acorde a lo que pasó, no hay justicia”, le dice a BBC Mundo Julio César Márquez, padre del niño Julio a quien cariñosamente llama “Yeyé”.
Tras el incendio el presidente Calderón dijo que el caso se investigaría a fondo. Un mensaje que no olvidan los deudos de la guardería.
“Llevo marcadas en mí esas palabras”, dice Julio César. “Eso lo hace más doloroso, ver que tres años después no haya absolutamente nada”.
Estela de Luz, el festejo bicentenario que llegó tarde
El 15 de septiembre de 2010 México cumplió 200 años de independencia. Y para recordarlo, el gobierno organizó desfiles, exposiciones, ediciones de libros y medallas conmemorativas, concursos artísticos y la construcción de obras y monumentos.
Pero el resultado de los festejos fue controvertido, según académicos y legisladores.
Uno de los temas más polémicos fue la Estela de Luz, una torre luminosa de 104 metros de altura que costó casi tres veces el presupuesto original, y que fue inaugurada más de un año después del festejo por el Bicentenario.
La idea del monumento era construir un arco conmemorativo, pero el jurado responsable de calificar los proyectos aceptó la propuesta de una estructura vertical cubierta con paneles de cuarzo, donde se podrían observar imágenes luminosas.
La obra debió concluirse en agosto de 2010, pero hubo varios retrasos por una evaluación deficiente del terreno y las condiciones de viento en la zona donde se construyó.
Cuando el Congreso investigó el problema encontró que los contratos para edificarla se asignaron irregularmente, además que los costos se elevaron sin justificación, le cuenta a BBC Mundo la diputada Esthela Damián.
“No solamente no acreditaron lo que costó en términos económicos, sino que es una obra ociosa, vacía, que no representa ni significa nada a nadie”, afirma.
El presidente Felipe Calderón reconoció que en el proceso “sí hubo corrupción” porque un empleado del área gubernamental que asignó el contrato de la obra, había trabajado en la empresa ganadora.
Ese empleado y otros involucrados enfrentan un proceso judicial, añadió.
“Desgraciadamente no fue como debió ser: un monumento que fuera orgullo de los mexicanos por toda la polémica que la rodeó”, dijo en un programa de la empresa Televisa.
“Creo que después que esto pase va a ser un ícono de la ciudad de México”, aseguró. “Arquitectónicamente es una muy buena obra”.
La Estela de Luz se inauguró el 7 de enero de 2012, más de 15 meses después del plazo original. Algo que, según el presidente Calderón, “pasa frecuentemente”.
En 1910 durante el festejo del Bicentenario de la Independencia, recordó, fue necesario edificar de nuevo el monumento emblemático del aniversario, una estatua réplica de la Victoria Alada y que en México se conoce como el Angel de la Independencia.
Y el proyecto de construir el nuevo Palacio Legislativo fue abandonado por la revuelta armada de ese año. La estructura que alcanzó a construirse, y que corresponde al centro del edificio, se conoce ahora como Monumento a la Revolución.
La historia empieza en una camioneta blindada con placas del servicio diplomático donde viajaban dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, y un infante de Marina de México.
Cuando el vehículo apenas entraba al estado de Morelos, al sur de la capital mexicana, fue atacado por desconocidos que dispararon más de 150 veces con fusiles de asalto.
Los agentes estadounidenses fueron lesionados. Los agresores, se supo después, eran al menos 14 elementos sin uniforme de la Policía Federal. Hasta la fecha no se conoce el motivo del ataque.
La Policía Federal ha dicho que se trató de una confusión, pues los agentes investigaban un secuestro cometido en la zona, un área boscosa limítrofe con Ciudad de México y donde según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) operan bandas de delincuencia organizada.
Pero la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) acusó a 14 policías federales de intentar asesinar a los agentes estadounidenses.
En respuesta en algunos medios locales se publicó un informe interno de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), donde acusa a la PGR de buscar congraciarse con el gobierno de Estados Unidos.
Más allá de la disputa legal, algunos especialistas creen que el caso de Tres Marías, como se llama el poblado donde ocurrió el ataque, es una evidencia de la falta de coordinación entre las corporaciones policíacas y militares del país.
Algo que analistas como Alberto Islas, director de la empresa consultora Risk Evaluation ven como uno de los principales problemas en la guerra contra el narcotráfico.
La falta de coordinación, por ejemplo, permitió que Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, líder del Cartel de Sinaloa o del Pacífico, escapara varias veces de los cercos militares y policíacos para su captura.
Las autoridades no están de acuerdo con esta percepción. El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, afirma que muchas de las capturas de líderes de narcotráfico se realizaron por el apoyo de policías federales, marinos, soldados y gobiernos estatales.
Estos operativos y convenios, afirmó, expresan “esa responsabilidad compartida para ir detrás de los delincuentes”.
Por lo pronto, 14 policías que participaron en el ataque a la camioneta donde viajaban los agentes de la CIA están encarcelados, a la espera que concluya el juicio en su contra.
La SSP insiste en que sus elementos “son inocentes” mientras el juez no decida lo contrario.
*Nota publicada originalmente el 29 de noviembre de 2012.
