Piden “matrimonio para todos” en Yucatán

Con el apoyo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un grupo de organizaciones civiles de Yucatán presentó una iniciativa de reforma de ley para permitir la realización de matrimonios sin distinción de género ni orientación sexual en esta entidad, que a la fecha más que no considerarse como una opción legal, se encuentra incluso restringido.

La iniciativa presentada por el grupo Matrimonio para Todos en Yucatán, y que fue recogida por el PRD, intentaría cambiar las reformas hechas hace tres años en la LVIII Legislatura estatal y en las que con el voto mayoritario de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional se estableció que, tanto el matrimonio como el concubinato en Yucatán, sólo pueden concurrir entre “un hombre y una mujer”.

El documento, que ya se encuentra en la Oficialía del Congreso del estado de Yucatán, fue también presentado en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados local de este 27 de noviembre, en la que el diputado perredista local, Bayardo Ojeda Marrufo, consideró que la legislación vigente incurre en una violación a las garantías individuales de las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual.

Para los grupos que lo impulsan, como el Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (Cessex), es el reclamo de un derecho como miembros de la sociedad ante una ley vigente que los “discrimina” y les niega el ejercicio de sus derechos.

Cuando se aprobó la ley, en 2009, explicó su coordinador académico, Frederick Santana Núñez, indirectamente se marginó a las personas que no son heterosexuales: “Se les cerró el derecho por la propia vía legal porque al dar todas las garantías solamente a un sector de la población, el otro queda desamparado”.

Por su parte, el grupo que impulsó la reforma en 2009 elevando a rango constitucional la fórmula necesaria de hombre-mujer para poder aspirar al contrato de matrimonio civil, la Red Pro Yucatán consideró que no por “el deseo de un sector de la población debería modificarse la Constitución del estado”.

El secretario de la Directiva de esa organización civil, Víctor Chan Martín, explicó que la postura de la Red parte de una concepción de la naturaleza: “Nosotros mantenemos la institución ‘familia’ legalmente entre hombre y mujer. No podemos mirarlo de otra manera, porque sería como negar la naturaleza. Así como hay luz hay sombra, como hay día, hay noche”, argumentó.

En ese sentido de la naturaleza, continuó, “hablamos de las relaciones entre un hombre y una mujer, dentro de esa construcción natural que promovemos.”

El marco legal

Las leyes que se intentarán modificar en esta Legislatura, incluidas en el Código Civil, Código de Familia y el Código de Procedimientos de Familia de Yucatán, fueron reformadas hace tres años en coincidencia con las de otros 17 estados del país, todos gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El 15 de julio de 2009, con 9 mil 700 firmas de apoyo presentadas menos de un mes antes por los integrantes de la Red Pro Yucatán  -conformada por organizaciones civiles y no gubernamentales de diversas confesiones religiosas y de diversos partidos políticos-, la mayoría de la LVIII Legislatura aprobó las reformas que, además de regular temas como el aborto y la adopción, estableció y elevó a rango constitucional la conformación de una familia solamente por la unión entre un hombre y una mujer, ya sea en concubinato o matrimonio.

De esa legislación, derivó que en Yucatán jurídicamente “la familia es una, se integra por el padre, la madre, los hijos y todas las demás personas unidas o emparentadas entre sí, ya sea por afinidad, por consanguinidad o por adopción”.

En el proceso del cabildeo de esa construcción legal participó el arzobispo de Yucatán, Emilio Carlos Berlié Belaunzarán, quien se habría reunido con cada uno de los gobernadores de esas entidades.

La reforma entonces aplicada detuvo las intenciones de grupos integrados por comunidades gay, lésbicas, transgénero y transexuales, así como promotores de la diversidad sexual,que apenas trabajaban en juntar las firmas necesarias para poder impulsar una iniciativa ciudadana que les permitiera contraer matrimonio oficialmente y gozar de los derechos y responsabilidades que esa figura jurídica implica.

De ese proceso, resultó el establecimiento en la Constitución Política del estado, en su artículo 94 que “El matrimonio es una institución por medio de la cual se establece la unión jurídica entre un hombre y una mujer […] con la posibilidad de generar reproducción humana de manera libre, responsable e informada”.

A su vez, el Código de Familia de Yucatán, repite el mismo texto anterior en su artículo 49 y además señala en el 201 que “El concubinato es la unión de un hombre y una mujer, libres de matrimonio…”.

Al respecto, el diputado perredista que abandera la iniciativa de ley presentada ante el Congreso aclaró que no se trata de una “ley para el matrimonio gay, como algunas personas ya han comenzado a señalar”.

“Se trata de que todos los ciudadanos, sin importar sus preferencias u orientación sexual  tengan los mismos derechos. De la misma manera en que comparten responsabilidades y deben de pagar impuestos, merecen las mismas garantías”, explicó.

“Estamos hablando de establecer una figura de matrimonio igualitario, sin involucrar al género o las formas de vida de los ciudadanos en cuanto a su sexualidad”, abundó.

En entrevista posterior a la presentación formal de la iniciativa reiteró que se está hablando de un asunto que implica el respeto de las personas: “sus derechos están por encima de cualquier criterio moral”.

“Hay una diferencia entre el estado laico y cualquier ordenamiento que más que nada obedezca a una cuestión moral de grupos”, indicó.

Reconoció que no será fácil impulsar una reforma como la que se presentó debido al arraigo de grupos religiosos, principalmente católicos, cuya percepción del matrimonio entre personas del mismo sexo, que tienen fuerza en Yucatán e incluso participan en la toma de decisiones de carácter político.

“Pero con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones civiles y varios grupos que están impulsando la iniciativa vamos a lograrlo. Tenemos planeado hacer foros, mesas de análisis, entre otros espacios de discusión que estarán abiertos para quien desee participar en el debate.

También confió en la disposición para discutir el tema de los coordinadores de las bancadas del PRI, Luis Hevia Jiménez y del PAN, Sofía Castro Romero, a quienes consideró más “centrados” y quizá menos propensos a tomar una decisión de carácter político o con algún interés específico que no sea el que se reclama en la iniciativa.

Bayardo Ojeda aclaró que la iniciativa tiene por efecto solamente eliminar la figura de “hombre-mujer” para la conformación de una pareja legalmente reconocida como matrimonio y que lo permita a cualquiera. No obstante, no se trata de buscar en este momento otros efectos como la adopción entre personas del mismo sexo, por ejemplo.

A favor y en contra

El coordinador Académico del Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (Cessex), una de las agrupaciones que impulsan la iniciativa presentada, Frederick Santana Núñez, expuso que el objetivo de la propuesta es “crear una conciencia de igualdad de derechos”.

“Esto no surgió solo porque a un grupito de personas se nos ocurrió. Esto surge porque todos somos parte de la ciudadanía, contribuimos  a la sociedad y por ende todos tenemos los mismos derechos”, añadió,

Expuso que es una buena oportunidad que “se dé este proceso de análisis, que se cuestione y se debata, que se sepa que hay gente que está buscando y luchando por las garantías de personas que prácticamente son marginadas” por ordenamientos legales.

Santana Núñez consideró que una ley como la vigente en materia de matrimonios y relaciones de pareja representa una marginación para un sector de la población “que existe, que quiere, que está ahí, buscando su reconocimiento”.

En ese sentido, afirmó que en el momento en que hace tres años fueron modificados los Códigos Civil y de Familia, indirectamente se marginó a las personas que no son heterosexuales. “Se les cerró el derecho por la propia vía legal porque al dar todas las garantías solamente a un sector de la población, el otro queda desamparado”, explicó.

“Cuando marcas un determinado sector de la sociedad y no tomas en cuenta a otros que la conforman, entonces es necesario alzar la voz: ¿dónde están los demás?; existen, están allá, pagan sus impuestos, tienen derecho a opinar y casarse con la persona que ellos decidan”, abundó.

El coordinador académico de Cessex manifestó su optimismo frente a las posibilidades de la reforma presentada: vamos avanzando poco a poco. Muchos pocos hacen muchos. Ha crecido el movimiento, incluso más allá de Yucatán con reacciones de gente en redes sociales en otras entidades

A su vez, el secretario de la Directiva de la Red Pro Yucatán, organización que impulsó las reformas de 2009 y las llevó a rango constitucional, Víctor Chan Martín, consideró que “no por el deseo de un sector de la población debería reformarse la Constitución General del estado de Yucatán”.

“Para nosotros como Red Pro Yucatán, la reforma de 2009 fue una expresión cien por ciento ciudadana. Hay que recordar que la Ley de Participación Ciudadana del estado exige poco más de dos mil firmas para poder impulsar una iniciativa desde la sociedad, pero nosotros logramos más de 9 mil 700 en ese año”, expuso.

Esa iniciativa marcó un precedente porque no solo reguló la estructura legal de la familia en la entidad, sino también en materia de otros elementos como adopción o aborto, recordó al tiempo de señalar que además fue la primera iniciativa ciudadana que se presentó ante el Legislativo de Yucatán.

Aclaró que la organización que representa respeta las preferencias y deseos de los demás sectores de la sociedad, pero que lo si lo que se pretende es, por ejemplo, asegurar condiciones económicas en una relación de pareja, existen elementos jurídicos como la sociedad de convivencia.

Es importante, reiteró, entender que la reforma impulsada por la Red en julio de hace tres años “no surge para proteger a un sector, sino a toda la población. En Yucatán está bien establecido, porque estas reformas lo elevaron a rango constitucional”

“Las preferencias de cualquier naturaleza las podemos tener todos. Es muy válido, pero lo que sostenemos es que una necesidad particular, no tiene que llevar a que, en materia de normas jurídicas, se establezca como si todos tuviéramos ese mismo deseo”, abundó.

“Nosotros mantenemos la institución ‘familia’ legalmente entre hombre y mujer. No podemos mirarlo de otra manera, porque sería como negar la naturaleza. Así como hay luz hay sombra, como hay día, hay noche”, argumentó.

En ese sentido de la naturaleza, continuó Chan Martín, hablamos de las relaciones entre un hombre y una mujer, dentro de esa construcción natural que promovemos.

Negó que la ley vigente en Yucatán tenga algún sesgo o resulte discriminatoria: “No hay discriminación. En este momento la ley determina lo que se acordó en ese sentido. Discriminar sería que no se permitiera a un  hombre o mujer casarse con alguien distinto a su sexo”.

“Discriminarlos sería negarles el permiso de vivir juntos, y en este momento a nadie se le discrimina. Nadie niega la posibilidad a cualquiera de vivir con quien desee, pero si quieren un contrato civil, tiene que ser entre hombre y mujer”, afirmó.

Todos tienen oportunidades de vivir con alguien más, la ley lo establece… si quieres hacerlo diferente, asume la responsabilidad de hacer las cosas de forma diferente, expresó para cerrar su argumento.

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