Por Antonio De la Cuesta Colunga
Durante la presentación del Paquete Económico 2013, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, no sólo anunció un recorte al subsidio que anualmente se programa para calcular el precio oficial de la gasolina, sino que el esquema bajo el cual opera dicho distorsionador económico requerirá ser revisado en los próximos meses. Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar, tanto de quienes aplaudieron la declaración porque argumentan que los subsidios a los combustibles fósiles fomentan el uso irracional de los mismos y reducen los incentivos a transitar hacia energías renovables y más limpias, como de aquellos que se oponen a su reducción o eliminación por considerar nocivo el efecto de ello en los bolsillos de los consumidores de menores ingresos. Esta discusión tan polarizada tiene ya varios años y no ha llegado a ningún lado dado lo irreconciliable de las posturas. No obstante, este debate está a punto de quedar sin materia.
La realidad es que los precios internacionales, no nada más de la gasolina, sino también de otro combustible subsidiado, el gas LP, están cerca de empatarse con el precio de venta al público en México. En pocas palabras, el control de precios podría, en un futuro no muy lejano, ser más perjudicial para las personas de menores ingresos, que liberar los precios a la dinámica de la oferta y la demanda. En la actualidad, este fenómeno es más claro en el caso del gas LP, cuyo precio internacional tiene una constante tendencia a la baja por el creciente auge del gas natural para uso industrial y el descenso de la demanda del LP para consumo residencial, sobretodo en Estados Unidos. Así, de mantenerse el esquema vigente de deslizamiento mensual del precio del gas LP (el cual, desde 2010 a la fecha, ha subido cerca de 30%), pronto se estaría recibiendo un “subsidio negativo” a través del control de precios. Además, ante el precio más competitivo del gas natural y su mayor eficiencia energética respecto al LP, quienes tuvieran acceso al primero estarían en ventaja sobre aquellos que no. La cuestión es que, en México, las redes de gas natural domiciliario aún se encuentran en ciernes; esto sin mencionar la desinformación existente acerca de los beneficios del gas natural y de las presiones de varios distribuidores de gas LP que ven en riesgo su negocio con la competencia. A final de cuentas, el principal perjudicado tanto por el control de precios, como por la manipulación del mercado, es el consumidor, quien no tiene acceso pleno a todas las opciones y, por tanto, no tiene verdadera libertad de elegir.
Por otra parte, el tema de la gasolina es bastante más complejo (al igual que la estructura de operación de su subsidio, cuyo modelo se basa primordialmente en la sub-recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). Para mayor detalle sobre cómo funciona el subsidio ver este estudio de CIDAC. Si bien hoy el precio internacional se encuentra entre 25 y 30 centavos de dólar más caro que en México, la tendencia hace que el llamado “gasolinazo” –el aumento mensual al combustible que ha sido constante desde el descongelamiento de su precio en 2010—no tarde mucho en también empatarlos. Mientras tanto, es cierto que el esquema de fijación de precios vigente sí mantiene la gasolina barata y, en apariencia, ayuda a los consumidores, en particular a los de menores ingresos. Sin embargo, está comprobado que el 30% más rico de la población recibe cerca de 35% del monto de los subsidios a los combustibles. Por el contrario, el 30% más pobre apenas accede a 17% del mismo. Esto se debe a lo que los técnicos en la materia denominan “regresividad”, o sea, cuando una política pensada con el propósito de beneficiar a los que menos tienen, acaban dando mayores ventajas a quienes tienen mayores capacidades económicas para consumir. De hecho, tal como lo señaló el senador del PT, Marco Antonio Blásquez, en el marco de los posicionamientos partidistas en las discusiones de la Ley de Ingresos 2013, todo subsidio ligado al consumo es regresivo; cierto. La diferencia estriba en el tipo de mercancía que se consume. En tiempos donde se ha llegado a un consenso sobre el daño que causan los combustibles fósiles al medio ambiente, tanto desde el punto de vista de la contaminación que generan, como de su ineficiencia energética, resulta incongruente continuar incentivando su uso por la vía del subsidio. En suma, la transición a energías más limpias pierde fuerza, ya que se invierten más recursos para subsidiar fuentes de energía tradicional, en vez de fomentar la investigación y desarrollo de métodos para hacer de las energías alternativas más accesibles al público en general. Asimismo, el concepto de autosuficiencia energética seguirá siendo un ideal, si no se encuentran formas de hacerla más barata y accesible, sin necesidad de distorsiones económicas. La artificialidad de la fijación de precios nunca podrá ir de la mano con una economía verdaderamente sustentable.
Ante la presente situación económica global, la eficiencia en el gasto y la recaudación es la única fórmula posible para la supervivencia de las finanzas públicas de los países. Sin embargo, los excesos del asistencialismo, la corrupción, y la indisciplina en el endeudamiento, entre otros factores, son tentaciones omnipresentes que, cuando se cae en ellas, cobran facturas muy costosas a la larga. En México lo vemos con el sistema de pensiones y jubilaciones, cuya insolvencia –aún con el uso de pasivos contingentes—pronto podría ser una realidad. En cuanto al subsidio a los combustibles en general, y de la gasolina en particular, éste cada vez más implica un problema de solvencia para las finanzas públicas. Por ejemplo, el secretario Videgaray anunció un recorte al monto del subsidio aplicado al precio de las gasolinas por casi 10 mil millones de pesos respecto al ejercicio fiscal anterior. Ahora bien, esta cifra sólo considera como referencia la estimación plasmada en el Paquete Económico 2012 –la cual ascendía a 51,269 millones de pesos—y no en la cantidad real de dinero que el gobierno destinó para el particular. Según cifras del subsecretario de Ingresos de la SHCP, Miguel Messmacher, en el año que está por concluir, el subsidio a las gasolinas habría superado los 200 mil millones de pesos. De hecho, hace unos meses, en mayo de 2012, cuando Messmacher era el encargado de la Unidad de Planeación Económica de la misma dependencia, el funcionario alertaba de que la estimación original para el subsidio –los 51.2 mil millones mencionados anteriormente—ya se había agotado apenas en los primeros tres meses del año. Así, aunque se proyectaba un gasto determinado para subsidiar las gasolinas, el gobierno tuvo la flexibilidad para ajustarse y terminó erogando el cuádruple de lo estimado. Si no se replantea el esquema del subsidio, la historia podría repetirse en 2013.
Todos sabemos de lo impopular de la medida de reducir o eliminar cualquier tipo de subsidio, ya que las personas lo perciben como un beneficio directo a sus capacidades de gasto. No obstante, al analizar la cuestión con mayor amplitud, es posible observar que, en realidad, subsidios como el de la gasolina y el gas LP, además de distorsionar el mercado, desincentivan la competencia y los esfuerzos por encontrar mejores alternativas en el rubro de los energéticos. En suma, cancelan la posibilidad de que los consumidores puedan acceder a la opción que mejor les convenga desde el punto de vista de su precio y calidad de una mercancía o servicio. Ahora bien, más allá de que no benefician más a los que menos tienen, los subsidios en general irrumpen con una premisa básica de justicia: no se está pagando lo justo por lo que se consume. Esto tiende a fomentar consumos irracionales, ya que no hay incentivos para usar eficientemente un recurso determinado. Al final, también es congruente con la justicia tener mecanismos enfocados en ayudar a los menos favorecidos económica y socialmente. No obstante, ese numeroso grupo de población –sobretodo en países con los índices considerables de pobreza como lo tiene México—, tiene derecho a no ser timada y esclavizada por retóricas populistas que les venden beneficios cortoplacistas cuya aplicación sólo tiende a perpetuar su estatus al fondo de la pirámide económica. Cualquier palanca de desarrollo que tenga como fulcro el asistencialismo malentendido y la dádiva, siempre acabará por quebrarse.
* Antonio De la Cuesta Colunga es investigador de CIDAC: [email protected]
