A raíz de un error en la integración de la averiguación previa elaborada por la Procuraduría General de la República, el 30 de noviembre pasado quedó en libertad el empresario Carlos Enrique Haro Villarreal, uno de los cinco procesados penalmente por la desaparición del ingeniero José Antonio Robledo Fernández, quien hace tres años y 10 meses fue secuestrado por una célula de Los Zetas en Coahuila, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
Haro Villareal fue procesado a mediados de 2011 y sentenciado a diez años de prisión, luego de que cuatro sicarios de Los Zetas lo señalaran como el responsable de cobrar, en nombre de dicho grupo criminal, el pago por derecho de piso a la empresa ICA Fluor Daniel (para la que trabajaba el ingeniero al momento de su rapto), además de haber sido identificado por sus cómplices como el autor intelectual de las amenazas que recibieron los padres del ingeniero Robledo, cuando emprendieron la búsqueda de su hijo.
“Este sujeto había sido condenado a diez años y cinco meses de prisión -narra don Antonio Robledo, padre del ingeniero desaparecido desde 2009-, luego de que los involucrados en el secuestro de mi hijo lo señalaran como cómplice en este delito; y, posteriormente, durante un cateo realizado en su casa fueron halladas cinco armas de uso exclusivo del Ejército, así como una carpeta titulada ‘Expediente Robledo’, que incluía toda la información publicada por la prensa desde que fue consumado el crimen contra mi hijo.”
Indignado, don Antonio Robledo subraya: “Según sus mismos cómplices, Haro Villarreal ordenó que dos zetas nos fueran a visitar al hotel en que estábamos mi esposa y yo, en Monclova, Coahuila, el 5 de febrero de 2009, fecha en que nos amenazaron para que no acudiéramos con ninguna autoridad a denunciar el rapto de nuestro hijo. se trata de una persona que fue protegida durante el gobierno de Humberto Moreria en esa entidad y, de hecho, quien en ese entonces era procurador del estado, Jesús Torres Charles, se negó a que estas amenazas fueran mencionadas en la averiguación previa abierta por la desaparición de mi hijo José Antonio.”
Desde mayo de 2011, explicó en entrevista don Antonio Robledo, cinco personas fueron procesadas por el rapto de su hijo, sin embargo, aclaró, “a pesar de que la entonces titular de la PGR, Maricela Morales, garantizó que contra todos los inculpados se abriría juicio por secuestro, en realidad al empresario Haro Villarreal le retiraron los cargos por privación de la libertad y delincuencia organizada, y sólo fue juzgado por posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, ignorando conscientemente que los otro cuatro inculpados lo señalaban directamente como cómplice. pero como él tiene mucho dinero y apoyo de la clase política del Coahuila, empezando por el ex gobernador Humberto Moreira, él ahora está libre, mientras que los otros cuatro delincuentes, como son pobres, siguen en la cárcel”.
Luego de un año de juicio, que el empresario Haro Villlarreal enfrentó en prisión, en el penal de Matamoros, fue el 27 de julio de 2012 cuando se dictó sentencia condenatoria en su contra, aunque, destaca don Antonio Robledo, “ya desde ahí lo venían ayudando, porque esa condena le fue impuesta por la posesión de tres armas de uso exclusivo del Ejército encontradas en su vivienda, cuando en realidad habían sido cinco armas las decomisadas, pero extrañamente dos de esas armas no fueron incluidas en la sentencia, porque la averiguación previa las describía como ‘pistolas’, no como ‘revólveres’, ese fue el argumento.
Y ese sujeto, que se encargaba de dar protección a los empleados de ICA en Monclova, al momento de ser detenido reconoció, en su declaración ministerial, que esas armas eran suyas, pero aún así, la sentencia que le dictaron, cuatro meses después (el 30 de noviembre de 2012) fue invalidada por el Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito.”
-¿Cuáles fueron los argumentos del juez, para invalidar la sentencia? -se pregunta al padre del ingeniero José Antonio Robledo Fernández.
-El magistrado Carlos Nicéforo Olea Peñaflores aprovechó un error de redacción en la integración de la averiguación previa, para declarar que el Ministerio Público federal había actuado de mala fe en contra del empresario coahuilense. resulta que durante el cateo realizado en la casa de Haro Villarreal estuvieron cuatro testigos presentes, designados por las partes. Todos presenciaron y dieron fe de que en el domicilio cateado fueron detectadas cinco armas de grueso calibre y la carpeta titulada ‘Expediente Robledo’; incluso, el empresario y su esposo admitieron ser propietarios del armamento hallado. pero luego, por un asunto que no nos ha sido explicado, el nombre de uno de los testigos del cateo apareció inscrito en el acta de otra diligencia, realizada horas después de la revisión en la casa de Haro, y ese simple hecho, según el magistrado Olea Peñaflores, es prueba de que el cateo no cumplió con el protocolo y, por lo tanto, las pruebas quedan anuladas y este sujeto en libertad. es una burla para mi hijo, y para nosotros, que llevamos casi cuatro años buscándolo.”
Y abunda: “De nada sirvió que los otros cuatro cómplices lo delataran como partícipe en el secuestro y desaparición de nuestro hijo, así como en el cobro de extorsiones a la empresa ICA; de nada sirvió que distintas pistas enviadas a la PGR lo ubiquen como prestanombres de Los Zetas en el negocio de los caballos de carreras; de nada sirvió que reconociera poseer armamento que sólo el Ejército puede manejar. de nada -se lamenta, con rabia, don Antonio-, luego de tanto esfuerzo por hallar justicia, Carlos Enrique Haro Villarreal ha vuelto a las calles.”
