La vida después de los cárteles

Cuando abrieron la maleta abandonada en medio de la calle solo se escucharon gritos. Era la quinta cabeza que se encontraba en las últimas semanas en las calles de Tulúa, una ciudad de 160 mil habitantes (centro del Valle, Colombia) y actualmente una de las peligrosas del país. No era la primera vez que hallaban una extremidad anónima. A lo largo del año ha sido común para sus habitantes toparse con brazos tirados en la basura, dedos que envían a los familiares de la víctima e incluso, torsos humanos a las orillas del río.

“Estamos teniendo una mexicanización de la violencia. Tememos que estas mutilaciones tengan que ver con mafias como Los Zetas. Este tipo de muertes no son comunes en esta zona”, dijo recientemente el alcalde de Tulúa, José Germán Gómez, quien realmente no  tenía a donde apuntar.

Desde la desatomización de los grandes cárteles de la droga a mediados de los noventa, Colombia ha quedado en manos de nadie. Ya no es posible reconocer de dónde viene el golpe. Pueden ser las FARC, los ex paramilitares o nuevas bandas criminales (Bacrim) como Los Urabeños y Los Rastrojos, quienes controlan actualmente las rutas de la droga en el país.

El gobierno reconoce  la presencia  de siete Bacrim: Rastrojos, Águilas Negras, Urabeños, Paisas, Machos, Erpac y Renacer. Estas tienen alrededor de 4 mil integrantes operando en 17  departamentos, según el ex director de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, actual asesor del presidente Enrique Peña Nieto.

Aunque los índices de violencia han disminuido considerablemente en la última década,  –entre 2002 y 2010 los asesinatos bajaron en un 40%–, las Bacrim son “la mayor amenaza a la seguridad en Colombia” y han provocado un tipo de violencia más sangriento, que los colombianos acostumbran calificar como al “estilo mexicano”.

“Los cárteles eran como una bomba atómica que tenían en jaque a todo el país. Ahora el problema es que tenemos una bomba de racimo que se fragmenta en bombitas pequeñitas y que incluso complejizan la realidad social de Colombia”, señala una fuente de la OEA, que pide mantener su nombre en el anonimato.

Según el Informe Mundial sobre la Droga de la ONU, Colombia, con 66 asesinatos a al año por cada 100 mil habitantes, sigue siendo el mayor productor de cocaína junto con el Perú. Las grandes organizaciones como los cárteles de Medellín y  Cali, que dominaban el negocio hasta la década de los 90,fueron desarticuladas, pero hubo quienes quisieron heredar el trabajo sucio de producir, procesar y sacar la droga hacia Estados Unidos y Europa.

“El gobierno se jacta de haber reducido los niveles de violencia sin tomar en cuenta que puede haber un problema mayor. Una especie de anarquía que nadie puede controlar porque ni siquiera se entiende la dinámica de las BACRIM”, afirma Juan Carlos Palou, de Ideas para la Paz.

En zonas como el Cauca, donde se vive de primera mano el conflicto armado entre las FARC y el Ejército,  los civiles reciben  amenazas continuas de las Bacrim. En los últimos meses, los Rastrojos, las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia –grupos de paralimilitares como Águilas Negras—han repartido cientos de panfletos exigiendo a la población no salir de casa después de las siete de la noche, puesto que aquel que sea visto en la calle se le considerará como enemigo.  “Vivimos entre disparos todo el día, nunca se sabe quién es el que aprieta el gatillo” asegura Julio Tumbo, gobernador del cabildo de Corinto, un pueblo del valle del Cauca.

Programas como Seguridad Democrática contra las FARC no fueron suficientes para normalizar el país. De hecho, solo uno de cada 27 asesinatos en el país son atribuidos a las FARC. Las zonas fronterizas y las zonas productoras de hoja de coca, siguen siendo las más violentas de Colombia.

La estructura en el mundo de la droga cambió. En vez de mafias grandes que se matan entre sí por el control de las rutas y que además son capaces de hacerle frente al Estado, ahora pequeñas organizaciones causan el terror a las afueras de Bogotá y Medellín, considerados por el gobierno como “milagros” en materia de seguridad.

El analista Hernando Gómez Buendía, afirma en un artículo en la revista El Malpensante, que Colombia sigue teniendo la receta precisa para el desastre: “Muchas personas dispuestas a delinquir, un Estado que no logra hacer cumplir la ley, la mitad del territorio a la deriva, grupos armados en disputas complejísimas, y dinero a porrillos por cuenta del narcotráfico. Con razón a lo largo de la historia hemos sido campeones mundiales en la violencia”

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