Rodrigo Andrés Nieto y Juan Carlos Jiménez son dos jóvenes tabasqueños que el sábado 1 de diciembre llegaron a la Ciudad de México para realizar compras navideñas, pero que actualmente se encuentran en el Reclusorio Norte por su presunta participación en los disturbios del Centro Histórico ocurridos ese día.
Los jóvenes se encontraban en el Centro Histórico en compañía de un grupo de cuatro amigos que, junto a ellos, llegaron esa mañana al DF, cuando de pronto se vieron rodeados por granaderos del Distrito Federal que los golpearon, detuvieron y trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia Capitalina “por alterar la paz social”.
“Nosotros íbamos por la calle 5 de Mayo buscando donde almorzar, cuando en eso se comienza a escuchar cómo venían las personas corriendo. Cuando nos dimos cuenta prácticamente los granaderos estaban atrás”, relata Claudia Ovando, novia de Rodrigo Andrés, quien a diferencia de sus acompañantes pudo escapar de los granaderos no sin antes llevarse unos cuantos golpes en el cuerpo.
Aquí el testimonio:
Desde el sábado por la tarde, Claudia y sus amigos que lograron huir de la reyerta, han buscado por todas las vías acercarse al Ministerio Público para explicarle lo ocurrido con Rodrigo Andrés y Juan Carlos pero no han corrido con suerte.
Ni siquiera han sido escuchados, aun cuando han denunciado que fueron víctimas de la violencia por parte de los granaderos capitalinos y que presentan varios golpes en el cuerpo.
La joven y sus amigos no saben qué hacer. Rodrigo Andrés y Juan Carlos fueron consignados a un Juez e internados en el Reclusorio Norte. Como la mayoría de los familiares y amigos de los detenidos, la joven y sus acompañantes tabasqueños, se encuentran pidiendo justicia para liberarlos, pero también se han acercado a un grupo de abogados de la sociedad civil que se han comprometido a ayudarlos con la defensa legal de los muchachos.
Sin pruebas para castigarlos: Abogado
Uno de esos abogados es Armando Barrera, de la organización Cause Ciudadano, quien asegura que no existen suficientes elementos para castigar penalmente a los 69 consignados, pues en la mayoría de los casos cuentan con testigos que señalan que muchos de ellos fueron detenidos por transitar en el lugar donde se desarrollaban los disturbios y que no participaron en ellos.
No sólo eso. Aseguró que ninguno de los 69 consignados al Reclusorio Norte y a Santa Marta Acatitla, han reconocido en sus declaraciones que recibieron 300 pesos por participar en esos hechos.
Explicó que los consignados fueron acusados por el delito de alteración a la paz social con el agravante de pandilla, equiparable a terrorismo, con lo cual en caso de encontrárseles responsables podrían alcanzar penas de 7.5 a 45 años de prisión.
Barrera fue entrevistado por Animal Político en las inmediaciones de la Procuraduría del Distrito Federal, donde hasta ayer lunes los familiares y amigos de los 100 detenidos se encontraban esperando noticias de la situación legal de estas personas.
Dijo que como parte de la defensa, se conformó un bloque de abogados particulares y de la sociedad civil que estarán asesorando legalmente a los detenidos y familiares que lo requieran.
Luego de conocerse que 69 de los 100 detenidos fueron recluidos y consignados a un juez penal, en tanto el resto fue liberado, Barrera dijo que esperarán la decisión que tomen los jueces, pues tienen la “esperanza” que ante la “mala integración” de las averiguaciones previas y la falta de pruebas, se pueda liberar a la mayoría de ellos.
“Si no a todas, sí a la mayoría de ellos, porque en todos los casos su familiares y amigos nos dicen que fueron detenidos por estar cerca de los disturbios”, expresó.
Barrera es de los que piensa que la Procuraduría de Justicia se excede al culpar a los detenidos por el delito de alteración a la paz social, pues “los están poniendo a la misma altura que un terrorista”.
“La Procuraduría hace un muy mal uso… consignando a jóvenes por este delito. Si bien hay altercados a la Ciudad, no pueden ser consignados como terroristas”.
El abogado dijo que en los casos donde los jueces determinen que si hay pruebas para fincarles responsabilidad, solicitarán que las acusaciones sean reclasificadas como daños a la propiedad, como ya lo han hecho en otros casos donde se ha logrado reducir las penas de los inculpados por 3.9 años.
A través de la cuenta de Twitter @YoSoy132Media, el movimiento estudiantil hizo pública una lista con los detenidos y consignados el 1 de diciembre en las protestas contra Peña Nieto, la cual fue elaborada con información de “familiares, amigos, acompañantes, testigos, medios de comunicación y el CoJuDH#132”:
