La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual propone la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y su fusión con la Secretaría de Gobernación (Segob).
Con 423 votos a favor, 38 en contra y 4 abstenciones se aprobó esta ley, la cual será turnada al Ejecutivo para su promulgación.
Sin embargo, a pesar de la aprobación de la reforma planteada por Peña Nieto, la fracción del PRI en la Cámara de Diputados confirmó desde la tribuna que interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte e Justicia de la Nación (SCJN) por los cambios que hizo el Senado a la propuesta presidencial. La bancada del PRI en Diputados considera que con los cambios hechos por el Senado, dejan al Ejecutivo sin facultades que sólo le corresponden a dicho poder.
Lo que el PRI quiere echar atrás es la disposición que el Congreso sea el que ratifique el nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, es decir, está contra la fracción 16 del artículo 27 de dicha ley.
Esta ley también contempla la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, además de un Consejo Nacional por la Ética Pública conformada por expertos que permitan hacer recomendaciones de transparencia.
Para crear esta Comisión Enrique Peña Nieto explicó que es necesario desaparecer la Secretaria de la Función Pública y las actividades que no sean anticorrupción de dicha dependencia se propone que pasen a manos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Según el mismo Peña Nieto, los objetivos de esta reforma son:
1. Garantizar la coordinación del gabinete y dar seguimiento a sus politicas.
2. Generar un nuevo esquema de organización que permita mejorar la seguridad interna.
3. Dar un nuevo impulso a las políticas sociales.
4. Propiciar mayores condiciones de armonía y orden en sus ámbitos agrario, territorial, urbano y de vivienda.
Esta reforma contempla el fortalecimiento de la Segob para “garantizar la seguridad y protección de la seguridad de la población y por ello deberá asumir la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Además, tendría la conducción de las políticas en materia de seguridad interior, prevención del delito y del sistema penitenciario, así como de ejercer el mando sobre la policía federal.
Nota publicada originalmente el 13 de diciembre de 2012.
