Este jueves, el movimiento universitario #YoSoy132 presentó formalmente a la Asamblea Legislativa del DF su iniciativa de reforma al Código Penal capitalino, para eliminar del catálogo de delitos el denominado “ataques a la paz pública”, y por el cual fueron procesados los 14 detenidos contra los que se dictó auto de formal prisión, a raíz de los disturbios del 1 de diciembre pasado.
El documento, que fue redactado con la formalidad de una iniciativa legislativa, arguye que este delito, incluido en el Código Penal del DF en 2002, es una calca del delito de “terrorismo”, establecido por el Código Penal Federal, y subraya que en ambos ordenamientos se incurre en definiciones ambiguas que, ni siquiera en el ámbito internacional, han logrado ser subsanadas.
“Desde la perspectiva del derecho internacional –destaca la propuesta de #YoSoy132–, para considerar un acto como terrorista es fundamental atender el contexto y el propósito, es decir, la motivación con la que se cometen esos actos, y que son los elementos que permiten distinguir este delito de otros”.
Sin embargo, señala el documento, en el caso de quienes participaron en la movilización del 1 de diciembre (durante la que 70 personas fueron detenidas, y 56 liberadas posteriormente) “la finalidad fue manifestarse en ejercicio pleno de sus derechos a la libertad de expresión y reunión (…) y en este contexto, el acusar de ‘ataques a la paz pública’ –es decir, de terrorismo– es criminalizar la protesta social”.
Aunque #YoSoy132 reconoce que durante las protestas por la asunción de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México “se cometieron disturbios y actos vandálicos”, también enfatiza que calificar estos como ataques a la paz pública “implica necesariamente calificar la protesta del 1 de diciembre como un acto terrorista, lo que a todas luces resulta absolutamente desproporcionado”.
Asimismo, abunda, cuando la Procuraduría General de Justicia del DF añade que estos disturbios fueron cometidos “en pandilla”, implícitamente califica como pandilleros a “un grupo de personas que han decidido asociarse con base en una ideología política”.
Todas estas “acusaciones desproporcionadas”, insiste la iniciativa de derogación, vulneran los artículos 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagran el derecho de todas las personas a la libertad de pensamiento, expresión y asociación.
Además, #YoSoy132 asegura que en la tipificación penal del delito de “ataque a la paz pública” se incurre en inconsistencias tales que ponen al artículo 362 del Código capitalino en el rango de norma inconstitucional, puesto que viola el principio de sólo emitir sentencias por delitos claramente descritos y nunca por analogía o interpretación subjetiva.
Y es que, se afirma, en la Ciudad de México queda “a criterio de las y los operadores de justicia” el determinar qué conductas son terrorismo y qué conductas son desorden público, así como su “aplicación indiscriminada”, debido a que el Código Penal del DF no establece definiciones específicas.
“Del análisis del delito de ataques a la paz pública –concluye– resulta claro que se utilizan conceptos difusos y, desde el Poder Legislativo, no se han dado elementos claros para determinar lo que se entenderá como ‘perturbación a la paz pública’ o ‘violencia extrema’, ni sus alcances”, lo que va en contra de los sistemas penales modernos, que aplican “términos rígidos que no permitan mayor interpretación”.
Por ello, remata, “a la luz de los hechos ocurridos el 1 de diciembre, donde un grupo de manifestantes ha sido acusado por la PGJDF de terrorismo, precisamente por la vaguedad del tipo penal resulta fundamental que, desde el Poder Legislativo, se ponga un límite al uso arbitrario del derecho penal y se evite la criminalización de la protesta social”, mediante la derogación del artículo 362, que establece el delito de ataques a la paz pública.
